Parálisis en laboratorios del IMSS

El Universal
11 de junio de 2009
Evangelina Hernández
evangelina.hernandez@eluniversal.com.mx

La retención del presupuesto institucional frenó desde 2007 la investigación, que hace 20 años era vanguardia en el campo de la ciencia, situación que arriesga el apoyo internacional y «pone en peligro la salud de los mexicanos»

La investigación científica de excelencia sobre diabetes, cáncer, infecciones diarreicas y enfermedades neurodegenerativas que caracterizaba al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) está paralizada desde 2007.

Los recursos para éstos y otros 600 proyectos semejantes, que superan 230 millones de pesos, se bloquearon al cancelarse el fondo que los regía, quedando inaccesibles en un nuevo fideicomiso. En diferentes niveles, alrededor de 300 científicos han visto interrumpido su trabajo.

La tortuosa creación de un nuevo fondo de administración de esos recursos, que ha demorado más de 18 meses, provocó la cancelación de proyectos ganados por los científicos del IMSS ante la Comisión Europea, los institutos nacionales de Salud de Estados Unidos y la Universidad de California, lo cual consta en documentos oficiales a los que tuvo acceso la Unidad de Investigación de EL UNIVERSAL.

Costosos equipos sin utilizar, reclamos internacionales por proyectos truncos y científicos frustrados en unidades de investigación del Distrito Federal, Jalisco y Nuevo León, así como de otros centros a lo largo del país, conforman el panorama de la investigación del IMSS, que hace 20 años era vanguardia en el campo de la ciencia para la salud.

Una de las peores consecuencias de esta prolongada abstinencia presupuestal, confirma Rosaura Ruiz, presidenta de la Academia Mexicana de Ciencias, es el deterioro de la infraestructura, pues en los laboratorios del IMSS muchos de los equipos no han recibido mantenimiento adecuado o están averiados, además de que no han podido comprarse reactivos ni otras sustancias.

A través de la Coordinación de Comunicación Social fue solicitada una entrevista con Santiago Echevarría Zuno, director de Prestaciones Médicas, u otro funcionario que pudiera aportar la versión oficial. La petición fue negada expresamente, arguyendo “cambios en diversas áreas” por la reciente llegada de Daniel Karam a la Dirección General del IMSS.

Surge el embrollo

En el primer trimestre de 2006, el Consejo Técnico del Seguro Social autorizó que el Fondo para el Fomento de la Investigación Médica —que administraba los ingresos concedidos por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), el IMSS y otras fuentes de financiamiento nacionales y extranjeras— cambiara su normatividad, para regirse por la Ley de Ciencia y Tecnología, considerando que eso facilitaría el desarrollo y consolidación de la investigación en salud, al simplificar los procesos de acceso a dichos recursos.

En mayo del año 2008 se constituyó el Fondo de Investigación en Salud (FIS) —en sustitución del anterior—, aunque la Dirección de Prestaciones Médicas del IMSS, a cargo de Echevarría Zuno, transfirió el dinero (el que se tenía y el que fue llegando) a este nuevo fondo hasta noviembre, creando así un limbo que impidió su utilización.

Investigadores del IMSS, que prefirieron el anonimato, explican que, debido a esto, 2008 fue un “viacrucis”; la falta de acceso al dinero les impidió continuar proyectos como el de obtención de células humanas de la sangre del cordón umbilical para generar células y tejidos con fines de trasplante, entre otros cientos de estudios enfocados a la atención clínica de enfermedades que aquejan a los mexicanos.

Reclamo internacional

Representantes de la comunidad científica mexicana han denunciado lo que consideran el desmantelamiento de los laboratorios del IMSS. Durante el foro “La ciencia en México”, en abril pasado, Juan Ramón de la Fuente, ex secretario de Salud y presidente del Instituto de Estudios Latinoamericanos, calificó de “alarma nacional” el que estuviera suspendida la investigación científica en el Seguro Social.

Recordó además que hace 20 años aquella era la institución con más avances en biomedicina y salud, aun por encima de la UNAM, pero “nos la hemos ingeniado para desmantelar ese proceso que costó muchísimo trabajo construir… debemos exigir que se reinicie de inmediato la investigación científica en el Seguro Social; no podemos permitir que el país no desarrolle ciencia propia”.

Juan Pedro Laclette, coordinador general del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, dice por su parte que durante la administración de Juan Molinar Horcasitas se creó una comisión para analizar la parálisis de la investigación en el instituto, de la cual no hubo resultados. Luego, “desde que entró Daniel Karam a la dirección, le hemos solicitado un encuentro para expresarle nuestra preocupación por el funcionamiento del sistema científico, porque tenemos información alarmante, como el entorpecimiento o bloqueo de los fondos que los investigadores han conseguido de afuera, incluso los de Conacyt. Hasta la fecha no hemos sido recibidos”.

El reclamo por la parálisis de la investigación en el IMSS traspasó fronteras. En noviembre de 2008, la Secretaría de Relaciones Exteriores recibió una petición formal de la Comisión Europea para conseguir la liberación de recursos otorgados a un investigador del IMSS dedicado a estudiar infecciones estomacales en niños de zonas marginadas.

Aquel organismo había asignado más de 200 mil euros a México, depositando la primera mitad en enero de 2007. Dado que el dinero no fue liberado durante un año a causa de la supuesta reestructuración administrativa en el área de investigación, suspendió la segunda entrega.

Mediante el oficio URE/02256/08, del 14 de noviembre de 2008, bajo la firma de Nathán Wolf Lustbader, de la Unidad de Relaciones Económicas y Cooperación Internacional de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Molinar Horcasitas, entonces director de IMSS, fue notificado de que la no liberación de los fondos ponía en riesgo el desarrollo de la investigación en su conjunto, donde estaban “involucradas diez instituciones más tanto de Europa como de América Latina”.

En el mismo documento se advierte que “una consecuencia de que este problema no se resuelva será que no sólo el IMSS no esté en posibilidad de recibir más fondos para posteriores proyectos, sino que también se verán afectadas otras instituciones de investigación mexicanas y, por ende, el prestigio de nuestro país”.

Rosaura Ruiz, de la Academia Mexicana de Ciencias, opina que este “panorama para la ciencia en un instituto de salud como el Seguro Social se puso de manifiesto con las declaraciones de su anterior director, al señalar que la investigación sólo se iba a practicar en el IMSS si era negocio. Este asunto ideológico pone en peligro la salud de los mexicanos”.

Uno de los científicos consultados comenta enfadado que “lo que está pasando con la investigación en el Seguro Social se ve mal en el extranjero, entre las instituciones que quieren participar con México; estamos dando una imagen espantosa. Las autoridades no ven que la próxima colaboración que pidan nuestros colegas de la UNAM o del Politécnico se las van a negar, porque todos los proyectos que están haciendo con el IMSS están cayéndose”.

El 21 de abril anterior, el Senado de la República aprobó un punto de acuerdo para solicitar al actual director general del IMSS, Daniel Karam, un informe detallado sobre la investigación en el Seguro Social.

El perredista Guadalupe Francisco Javier Castellón Fonseca, presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, considera que “hay una incapacidad administrativa para poder ejercer los recursos, la cual proviene de una idea mal enfocada de los directivos del Seguro Social de que en la institución no se debe hacer investigación”.

Burocracia, inhibidor de la ciencia

El Instituto de Ciencia y Tecnología del Gobierno del Distrito Federal otorgó 2 millones de pesos en 2007 a un investigador del IMSS para realizar un estudio sobre las bases genéticas del síndrome metabólico, relacionado con obesidad, diabetes e hipertensión. El dinero tuvo que ser devuelto a principios de este año a la Tesorería capitalina porque la Coordinación de Investigación en Salud del IMSS, después de 18 meses de creado el fideicomiso FIS, no había emitido siquiera sus recibos fiscales.

En enero pasado, por su parte, el Fondo Sectorial de Investigación para la Educación, del Conacyt, anunció la cancelación de 50 millones de pesos para proyectos en el instituto, también porque no habían entregado los recibos fiscales correspondientes. Más tarde, a instancias de los investigadores, el organismo amplió el plazo para que le fueran entregados.

Investigadores que pidieron anonimato por temor a ser despedidos informan que a causa de la presión que ejercieron hacia la Coordinación de Investigación en Salud les entregaron al menos diez chequeras a los directores de proyectos para pagar a proveedores y empleados, pero no tenían fondos porque la cuenta del FIS —el nuevo fondo— no había sido liberada.

Y está el caso de un científico al que le fueron desbloqueados hace dos semanas recursos de uno de sus proyectos, pero no ha podido ejercerlos porque a causa de los cambios administrativos en la Coordinación de Investigación en Salud tendrán que ser validadas las firmas ante el banco y elaborarse nuevas chequeras.

Por otra parte, empresas como Distribuidora Diana, Acceso Lab y Sigma aguardan que el instituto liquide deudas con retraso de meses. Amplibio, por ejemplo, entregó el 1 de junio de 2008 un equipo para amplificar secuencias de ADN de virus o bacterias, cuyo costo entonces era de 804 mil pesos. El pago sigue pendiente, no obstante que el aparato alcanza ya un costo superior a un millón 200 mil pesos.

Sistema de salud, imposible sin ciencia

En sus laboratorios a lo largo del país, el IMSS tiene contratados a más de 300 investigadores mexicanos, formados muchos de ellos en prestigiosas universidades de Estados Unidos y Europa, que desde 2007 no han podido proseguir plenamente su trabajo.

Denuncias de los mismos investigadores exponen que tales laboratorios funcionan al 50% de su capacidad, y esto es gracias al apoyo de colegas de otras instituciones que han proporcionado reactivos y materiales, como parte de proyectos en colaboración.

Científicos consultados coinciden en que “concebir un sistema proveedor de servicios de salud desvinculado de la investigación científica es algo de lo que ya estamos pagando con el impacto social del virus de la influenza A-H1N1, que no estuvimos en posibilidad de detectar y analizar”.


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