La Jornada
20 de enero de 2007
José Galán
Demanda el presidente de la AMC aclarar origen y destino del financiamiento
Pide regular los estímulos fiscales a las empresas que inviertan en esos rubros
Dentro del presupuesto de ciencia y tecnología es necesario aclarar el origen y destino de cada cifra; es decir, conocer el «desglose fino» a detalle, porque desde hace muchos años falta transparencia en esa información, indispensable para realizar un análisis a profundidad del verdadero estado del financiamiento gubernamental a esos sectores, afirmó Juan Pedro Laclette, presidente de la Academia Mexicana de Ciencias (AMC).
«Esos desgloses nunca se han dado», agregó, y sostuvo que en la comunidad científica existe «gran preocupación» por las reducciones presupuestales.
Según el presidente del consejo consultivo del Sistema de Centros Públicos de Investigación Conacyt, Miguel Equihua Zamora, la suma en el recorte en gasto operativo es de 237 millones 919 mil 834 pesos, además de que se eliminaron los fondos para inversión.
El presidente de la AMC afirmó que continúan bajo análisis las cifras publicadas en el Diario Oficial de la Federación sobre ciencia y tecnología dentro del Presupuesto de Egresos 2007
Reveló que dentro del actual consejo directivo de la AMC se ha discutido, al amparo del Observatorio en Ciencia y Tecnología, la necesidad de aclarar el origen y destino de cada una de las cifras y de las partidas «que supuestamente se destinan a ciencia y tecnología».
Sostuvo que existe «falta de información», por lo que sería deseable enterarse hasta el «detalle fino» del gasto que, en el caso de otros presupuestos federales, sí se conoce. Atribuyó la falta de claridad en las cifras «a que no se ha insistido lo suficiente en la necesidad, o en la obligación, de que se presente el desglose correspondiente».
El científico, también director del Centro de Investigaciones Biomédicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (CIBM-UNAM), subrayó que no se ha conocido tal desglose, porque nunca ha sido proporcionado.
«Nosotros no tenemos la información, y es deseable que se disponga del detalle de cómo se canalizan esos recursos», insistió.
Informó que ha sostenido pláticas con diversas dependencias del gobierno federal, entre ellas la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, además de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados, dentro del Observatorio de Ciencia y Tecnología Âprograma de la AMC para los próximos cuatro años «porque, cada vez que se acerca la definición del presupuesto, surgen cifras sobre las cuales no se tiene certeza.
«Sobre ello vamos a trabajar todo este año, junto con la Comisión de Ciencia y Tecnología, con el fin de que en el próximo ejercicio tengamos una propuesta bien clara, en firme», aseveró en conversación telefónica.
«Todos estamos de acuerdo en la definición conceptual de la política sobre ciencia y tecnología como un gasto programado y planeado, con alcances transexenales, para promover su desarrollo, y mediante ello lograr avances en el país.»
Advirtió que una política de ese tipo debe tener definiciones presupuestales específicas, claras y transparentes.
Analizar compromisos
Aseveró que lo anterior no se debe dar en los últimos días de la discusión presupuestal para 2008, sino que debe ser el resultado del trabajo de un grupo serio que analice a detalle todos los componentes presupuestales y defina una propuesta sólida y firme, al tiempo que permita avanzar en la dirección de lo que «conceptualmente todos queremos como política de Estado».
El titular de la AMC reconoció bondades en programas como el de estímulos fiscales a las empresas que inviertan en ciencia y tecnología, cuyo techo aumentó a 4 mil 500 millones de pesos para 2007 Âaunque en realidad no son recursos frescos para apoyar a esos sectoresÂ, porque, explicó, por allí se podría generar el impulso a los procesos de desarrollo tecnológico, «pero la cuestión está en tener la seguridad de que estos estímulos fiscales resulten en procesos de investigación y desarrollo».
Entonces, lo que se necesita, abundó, es la aplicación de un reglamento que regule la aplicación de los estímulos fiscales.