La Jornada en la ciencia
17 de noviembre de 2009
Grupo Reforma
AMC. Ante las legislaciones antiabortistas aprobadas recientemente en 17 estados de la República, que no sólo atentan contra los derechos humanos de las mujeres, sino que además limitan la investigación con células madre embrionarias, es urgente que las instituciones públicas de investigación promuevan amparos y acciones de inconstitucionalidad que frenen las negativas consecuencias de esas leyes.
Así lo señalaron Rosaura Ruiz Gutiérrez, presidenta de la Academia Mexicana de Ciencias (AMC), y Diego Valadés Ríos, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM e integrante de este organismo, durante la presentación del libro Constitucionalidad de la ley sobre el aborto en la Ciudad de México, editado por el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE).
En ese marco, coincidieron en señalar que las disposiciones constitucionales que están aprobando los congresos locales, en el sentido de defender la vida desde el momento de la concepción, limitan la capacidad de investigación.
La tendencia que se observa en varios estados de la República, que busca modificar la Constitución para restringir el derecho de las mujeres a la interrupción del embarazo, es muestra de que en el país estamos viviendo una nueva vertiente sectaria, que resulta muy peligrosa en un tema muy explosivo como es el aborto, afirmó el jurista Diego Valadés.
Señaló que, a lo largo de la historia del mundo, quienes han estado dispuestos a dar su libertad a cambio de su vida han acabado en la esclavitud, en cambio, enfatizó, quienes han estado dispuestos a dar su vida a cambio de la libertad, han construido los grandes procesos sociales y las grandes democracias del mundo.
El jurista y ex procurador General de la República consideró que una alternativa para enfrentar las leyes antiabortistas es modificar tres artículos de la Constitución: el Artículo Cuarto, para garantizar la libertad sexual y reproductiva; el 24, para reconocer la libertad filosófica, además de la religiosa, y el Artículo 40, para definir expresamente a México como un República Federal, Representativa y Laica.
Por otra parte, el connotado constitucionalista sugirió consolidar en la ciudad de México una red de clínicas que, en solidaridad con las mujeres habitantes de otros estados, les proporcionen el servicio de interrupción del embarazo que les es negado en sus lugares de origen.
Desde una perspectiva científica, la presidenta de la AMC dio a conocer argumentos científicos, en el sentido de que el desarrollo embrionario tienen una duración, en promedio, de tres meses.
Dijo que en las 12 primeras semanas del embarazo, como parte normal de un proceso de selección natural, se registra un índice de abortos naturales que van del 20 al 50 por ciento, de los cuales nadie criminaliza a la naturaleza.
Aseguró que, biológica y científicamente, resulta imposible considerar al blastocisto o a la masa celular embrionaria como una persona, ya que el blastocisto no implantado en la pared del útero no tiene absolutamente ninguna posibilidad de desarrollarse.
Por ello, afirmó que los argumentos que se esgrimen en contra le la ley que permite la interrupción del embarazo son resultado de creencias, ideologías, dogmas e intereses particulares, no fundados en certezas científicas ni en principios éticos.
Rosaura Ruiz insistió en que un país laico debe tomar en cuenta el avance de la ciencia, por lo que criticó que la organizaciones que se oponen a éste, intenten incluir sus concepciones en la Constitución, encaminando al país hacia la teocracia.
En su oportunidad Paulette Dieterlen Struck, investigadora del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM e integrante de la AMC, habló sobre su papel como integrante de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, frente a la acción de inconstitucionalidad promovida por la propia Comisión y la Procuraduría General de la República, que buscaba revertir el derecho de las mujeres a la interrupción del embarazo en el Distrito Federal.
Sobre el tema, la filósofa consideró que la ley sobre aborto en la Ciudad de México amplía el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, al tiempo que contribuye a la equidad en una sociedad que se esfuerza por ser democrática.
Asimismo, recordó que en el Distrito Federal, de acuerdo con las encuestas realizadas, el 63 por ciento de las personas están a favor de la despenalización del aborto.
Por su parte, Marta Lamas, fundadora del Grupo de Información en Reproducción Elegida, insistió en que en la actualidad todas las democracias occidentales tienen legislaciones sobre el aborto.
Coincidió con la presidenta de la AMC en que la ciencia ha demostrado que un cigoto no es aún una persona, y dijo que comparte la mirada evolucionista, en el sentido de que hay un proceso para llegar a ser un ser humano.
La moderadora de la discusión y autora del libro, Norma Ubaldi Garcete, también se pronunció por impulsar acciones sociales y jurídicas que garanticen un Estado laico, donde se proteja el derecho de las mujeres a decidir sobre su vida reproductiva.