La Jornada
19 de enero de 2007
José Galán
Desde el gobierno anterior, las políticas de ciencia y tecnología han girado en torno al otorgamiento de estímulos fiscales para las empresas que inviertan en esos rubros, más que financiar proyectos de investigación en ciencia básica o fortalecer el financiamiento para las instituciones y centros públicos de investigación.
Pero esos estímulos fiscales, en su gran mayoría se han otorgado a trasnacionales que desarrollan procesos tecnológicos en sus países de origen, sin que realmente se dé ningún impacto real en el empuje a la ciencia en el país, de acuerdo con datos obtenidos de diversas instancias vinculadas al sector, como el propio Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), la Academia Mexicana de Ciencias y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), correspondientes a los pasados seis años.
Por ejemplo, Jaime Parada Avila, quien fuera director del Conacyt de 2000 hasta la segunda mitad de 2005, destinó 44 por ciento de dichos estímulos fiscales a empresas trasnacionales cuyo desarrollo tecnológico se desarrolla en otros países. Así, empresas como Volkswagen, Hewlett Packard, DuPont, Ford Motor Company o Toyota, entre otras, gozaron de estímulos por mil 31 millones 171 mil 572 pesos, de 2001 a 2004.
En principio, la comunidad científica acogió con agrado la política de otorgar incentivos fiscales, porque vio la oportunidad de que la iniciativa privada financiara proyectos de desarrollo tecnológico conjuntos con instituciones y centros públicos de investigación en México.
Con la llegada de Juan Carlos Romero Hicks al Conacyt, en el contexto del cambio de gobierno, los esfuerzos del consejo ante los legisladores, en medio de las negociaciones para el Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, fueron, precisamente, incrementar el monto de los estímulos fiscales a las empresas, mientras el presupuesto en recursos frescos para el sector se venía a la baja.