La Jornada
ANGELICA ENCISO L.
Lunes 7 de febrero de 2005.- Sin discusión legislativa y sin quórum, senadores aprobaron el dictamen de la ley de bioseguridad de organismos genéticamente modificados, para presentarlo en la sesión del próximo martes para su aprobación, con el fin de favorecer los intereses de la industria biotecnológica trasnacional, señaló Greenpeace.
Alejandro Calvillo, director de Greenpeace México, resaltó las irregularidades que existen en el proceso, ya que los senadores no discutieron el dictamen, no se les entregó copia del documento y el encuentro estuvo presidido por Roberto Ortega y Francisco Bolívar Zapata; este último se ostenta como vocero de la Academia Mexicana de Ciencias (AMC), cuando el propio presidente del organismo, Octavio Paredes, se deslindó de la iniciativa en diciembre pasado.
Indicó Calvillo que los senadores no elaboraron el dictamen, ya que éste les fue presentado por Bolívar Zapata, y ni siquiera tienen el documento. Destacó que en ese encuentro sólo estuvieron científicos que apoyan la iniciativa, mientras que el sector crítico, tanto de la AMC como de otras instituciones, quedó al margen.
Agregó que la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, Verónica Velasco, rehusó firmar el documento y anunció que esta semana realizará una consulta sobre la iniciativa que fue turnada por la Cámara de Diputados al Senado de la República.
Calvillo destacó que al igual que en la Cámara de Diputados, «algunos senadores están ansiosos por servir a los intereses de las empresas. Esto fue particularmente notorio en los casos del senador Alanís Quiñones, priísta e integrante de la Comisión de Ciencia y Tecnología».
Puntualizó que otras irregularidades que se cometieron en este proceso son que las comisiones legislativas responsables de elaborar el dictamen, que son las de Ciencia y Tecnología, Medio Ambiente y Estudios Legislativos segunda, ni siquiera se han reunido formalmente para estudiar el documento enviado por la Cámara de Diputados, por lo que no es posible que en esta reunión, citada para intercambiar opiniones, ya hubiera un dictamen elaborado.
Precisó que la reunión se basó en una presentación en Power Point y los senadores ni siquiera recibieron una versión escrita del documento. Sumado a ello no hubo quórum en la reunión, por lo que no era procedente la aprobación del dictamen. Por ejemplo, de la Comisión de Medio Ambiente, integrada por 15 miembros, sólo había tres asistentes.
Consideró que existen desacuerdos sobre el contenido del dictamen entre los senadores, incluso los que estuvieron presentes en la reunión. Los temas polémicos fueron el etiquetado de productos transgénicos; que la ley se denomine de fomento a la biotecnología y no a la bioseguridad; el debilitamiento del Protocolo de Cartagena en lo relativo al acuerdo fundamentado previo, y la ilimitada liberación al ambiente de organismos genéticamente modificados.
«Los cabilderos de la industria no se pueden apropiar del proceso legislativo. El Senado no debe aprobar esta ley sin considerar el informe de la Comisión de Cooperación Ambiental de América de Norte sobre el impacto de los transgénicos en el maíz. Los senadores están obligados a revisar e incorporar las recomendaciones de este informe a la iniciativa. Si bien cuando la elaboraron aún no se conocía, hoy lo tenemos y es la investigación más rigurosa e importante hecha en el mundo sobre el impacto de los transgénicos y, de manera específica, sobre el maíz en México», indicó.
De aprobarse está iniciativa, dijo Calvillo, entre otras consecuencias se propiciará la liberación indiscriminada de transgénicos al ambiente sin mecanismos de monitoreo, de vigilancia ni de responsabilidades para las empresas liberadoras en caso de daños; instaura inadecuados sistemas de protección e indemnización para campesinos afectados por contaminación o flujo genético, y no establece el etiquetado claro de alimentos derivados de transgénicos.