Diario Monitor
27 de febrero de 2007
David Saúl Vela
La Suprema Corte de justicia de la Nación (SCJN) entró a la recta final de la discusión en la que decidirá si concede o no el amparo a u militares que fueron dados de baja forzosa del Ejército Mexicano, por causas de inutilidad, al descubrirse que son portadores del VIH por lo que se decidió estudiar caso por caso los amparos.
Ayer los ministros dieron por concluida la discusión en lo general, en torno a la constitucionalidad de diversos artículos de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas y resolvieron entrar al estudio, por separado, de cada uno de los amparos.
Será en esta etapa donde se decida si se sobreseen dos de los 11 amparos, pues los militares que los promovieron ya fallecieron derivado de la enfermedad del sida; igualmente se determinarán temas de legalidad de acuerdo a la circunstancia de cada juicio y los alcances de los amparos.
Sustentos científicos
En lo que fue la cuarta sesión del pleno para resolver este tema, la discusión se centró la pertinencia de que algunos ministros hayan sustentado su intervención con base en un estudio o sobre el VIH y el sida, elaborado por dos médicos de la Academia Mexicana de Ciencias, a petición del ministro José Ramón Cossío y que no forma parte de las pruebas inscritas en el expediente.
Por ello, el ministro Mariano Azuela propuso reponer parte del proceso en los tribunales y así incluir periciales en medicina. La proposición fue secundada por los ministros David Góngora Pimentel y Salvador Aguirre. Los tres forman la minoría que se ha pronunciado por negar los amparos a los militares.
No obstante, por ocho votos contra tres, el pleno de la Corte determinó desechar esa iniciativa y por el contrario se determinó ya entrar a la discusión de cada uno de los casos.
Inconstitucional bajas
Entre los aspectos que sobresaliente en la sesión de ayer, está el hecho de que el ministro presidente de Corte, Guillermo Ortiz Mayagoitia se haya pronunciado por decretar la inconstitucionalidad en la baja de los militares. Con ello, dicha posición se perfila ya como una decisión anunciada del pleno.
Y es que hasta ayer, seis de los ministros ya se habían manifestado en el mismo sentido, aunque algunos de ellos lo hicieron con ciertos matices.
Ortiz Mayagoitia cuestionó la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas y su forma de acreditar la inutilidad.
¡Si se trata de determinar la inutilidad del militar, producida por heridas hace falta un certificado médico que haga constar que ya no es apto para el servicio, pero para las enfermedades no se da este requisito; es decir, con la sola existencia de la enfermedad se estima la causa de inutilidad y yo advierto que esto es grave.
¡Mi punto de vista es que al modificarse en el artículo 226, el concepto inutilidad, por el de padecimiento de una enfermedad o en el caso concreto de un contagio, por el solo hecho de ser seropositivo se produce la inconstitucionalidad, porque la única causa constitucional que hemos admitido como justificante de la baja, es la inutilidad en el servicio y no el padecimiento de enfermedades», dijo el ministro.
Ortiz Mayagoitia fue más allá: ¡Si además de que cambia la causa, la razón es padecer esta enfermedad estigmatizada, indudablemente para mi óptica, se violan las garantías de no discriminación y de falta de igualdad!.
Fueron los ministros Azuela, Góngora Pimentel y Aguirre Anguiano los que le ¡atizaron! a la polémica generada por el tema.
El primero de ellos, en una intervención de casi 20 minutos, pidió que esto no se estereotipe como una cosa de ¡buenos y malos!, sino como una parte de la discusión para que cada ministro defienda y defina su postura.
Y advirtió que en la mayoría de los juicios en estudio no se desahogó, ante los jueces de Distrito, la prueba pericial médica, como lo establece la Ley de Amparo, por lo que pidió reponer esa parte del procedimiento para saber si científicamente los militares están aptos para realizar las labores militares o no.
Antes, Góngora Pimentel cuestionó la utilización del informe de la academia Mexicana de Ciencias en el que se afirma que los portadores del VIH pueden pasar hasta diez años sin presentar síntomas y que con tratamiento adecuado, una persona puede conservar sus capacidades físicas y mentales.
Góngora, dijo que dichos estudio no sólo no está inscrito en los expedientes, sino que son subjetivos pues no fueron hechos con base m cada uno de los casos. Y más tarde se sumó a la propuesta de Azuela.
«Â¿Habrán considerado los científicos la vida en el cuartel, donde los 103 elementos que integran una compañía duermen en camas contiguas, ¿o las labores m zonas de desastre inundadas con aguas infectadas de mosquitos transmisores de enfermedades?», cuestionó.
Asimismo, expuso algunos padecimientos colaterales que sufren personas que toman el medicamento para controlar el virus y que, según él, limitan la realización de determinadas actividades entre ellas las relacionadas con la milicia.
No obstante, la mayoría de ministros reafirmó su postura valida el uso del estudio solicitado por el ministro Cossío y en el sentido de otorgar los amparos a los militares misma en la que perfila una votación de ocho contra tres.