La Jornada
13 de mayo de 2010
Laura Poy Solano
La iniciativa fue promovida en abril pasado por la AMC
Las academias científicas del llamado grupo de los G8+5, que reúne a los países con más desarrollo científico y a los considerados emergentes, se sumaron a la iniciativa presentada por la Academia Mexicana de Ciencias (AMC) para incluir en su declaración conjunta la obligación de los estados de garantizar un aborto en condiciones de “seguridad y legalidad”.
En rueda de prensa, Rosaura Ruiz Gutiérrez, presidenta de la AMC, informó que como parte de las actividades del organismo en el ámbito internacional, una delegación mexicana acudió en abril pasado a Ottawa, Canadá, donde “se acordó demandar a la comunidad internacional establecer condiciones para un aborto seguro y legal. Esto, para mejorar las condiciones de salud de la mujer”.
Agregó que el G8+5, que reúne a Rusia, Japón, Estados Unidos, Canadá, Francia, Inglaterra, Italia, Alemania, China, India, Brasil, México y Sudáfrica, presentará su declaratoria conjunta en junio próximo, cuando inicie la entrega formal de los acuerdos ante los gobiernos involucrados.
Los documentos finales, dijo, incluyen temas de la agenda científica mundial, entre ellos el cambio climático y los retos que enfrenta la salud. Entre las recomendaciones a los países en general, indicó, la AMC “propuso la necesidad de acceder a un aborto seguro para miles de mujeres que aún pierden la vida por no contar con las condiciones mínimas de salubridad”.
Enfatizó que la propuesta “fue bien recibida. Se aceptó sin mayor discusión. Entre científicos es un tema obvio, pues se debe garantizar higiene y seguridad para interrumpir un embarazo, lo que es un problema de salud pública en muchas naciones en desarrollo”.
Ruiz Gutiérrez señaló que México requiere de una verdadera política de Estado en la materia, pues el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) “es un organismo rebasado. No es un asunto de personas, sino de instituciones”, afirmó.
Demandó la creación de una secretaría de educación superior, ciencia y tecnología que coordine las políticas públicas en la materia para organizar y consensuar los esfuerzos y consolidar el desarrollo científico en México. Actualmente, reconoció, “ni siquiera sabemos cómo se distribuye e invierte la totalidad del presupuesto destinado a ciencia y tecnología, y menos aún se cuenta con criterios únicos en las prioridades de las dependencias responsables de ejercerlo”.