La Crónica de Hoy
28de noviembre de 2007
Flavio Mena y Antonio Peña
Hemos leído con interés el artículo publicado recientemente en esta sección del periódico La Crónica de Hoy, y que fue escrito por los doctores Octavio Paredes y Rafael Loyola, sobre la urgencia de establecer acuerdos en política científica, tecnológica y de innovación. En este texto que aquí comentamos, se expresan aseveraciones críticas sobre un texto de la autoría del doctor Flavio Mena, que se publicó también en este espacio, con algunos meses de anterioridad y en el que se abordó el estado actual y el futuro de la investigación científica básica en México.
Dada la importancia que evidentemente posee todo lo referente a la política de ciencia, tecnología e innovación del país, en el presente artículo deseamos hacer expresa la preocupación de los autores que esto suscribimos sobre el estado actual de la investigación científica y el desarrollo tecnológico y muy particularmente sobre la orientación que se ha expresado como propuesta de política científica para nuestro país.
El Dr. Paredes elaboró un documento al terminar su gestión como presidente de la Academia Mexicana de Ciencias, y lo dejó como su herencia. En este texto se propone que el modelo o la manera en que se ha llevado a cabo la política pública para la investigación científica y la relación de ésta con el desarrollo del país en los últimos decenios se ha agotado, y adelanta que se requiere, por ende, un nuevo modelo o plan más ambicioso cuyos propósitos centrales son: tanto el reconocimiento constitucional del carácter estratégico del conocimiento y la innovación para el desarrollo integral, como, además de otras enormes ambiciones, mejorar la calidad de vida de los mexicanos. A todo esto, se agrega una propuesta de ley elaborada por el Foro Consultivo Científico y Tecnológico que enfatiza la importancia de incorporar la innovación, y el desarrollo tecnológico tanto a la educación como a la investigación científica.
Ante el panorama señalado, sin embargo, surge y se agudiza el escepticismo al considerar, por una parte, que en nuestro país ha prevalecido a lo largo de los sexenios la inatención hacia la ciencia, la tecnología y la educación superior; y por la otra, el que aquellos países que participan en el proceso de globalización —notablemente China e India, entre otros— desarrollan agresivas políticas educativas y de investigación de largo plazo que les permiten contar, entre otras cosas, con un número significativo de universidades e institutos científicos de excelencia, donde se forman los cuadros que están activando sus economías. Los documentos mencionados omiten señalar que México carece de una infraestructura educativa, científica y tecnológica sólida y numerosa, preámbulo fundamental para pensar en su impacto efectivo sobre los problemas a los que hacen alusión, y que el proyecto que se presenta está dominado por una idea errónea de lo que debe ser la relación apropiada entre el mercado y la educación e investigación. Esa idea subestima el valor cultural, social y hasta económico de la educación y creación original del conocimiento y, sobrevalora la sola aportación al mercado de esas tareas, a la vez que ignora el hecho de que en muchos de los problemas que el proyecto espera resolver, es poco o nada lo que la ciencia puede contribuir en forma significativa, ya que son problemas políticos y de estructura social.
Es cierto, México podría y debería contar con programas de este tipo, pero además de, y no en lugar de, mantener y desarrollar su infraestructura científica. Son ya varios y diversos los programas que se han diseñado para aprovechar “mejor” los escasos fondos de que se dispone, olvidando que lo más importante es que el país cuente primero con esa infraestructura, amén de, otro pequeño detalle, con el equivalente de empresas sólidas y numerosas, públicas o privadas, para tal fin.
Ante estos planteamientos es también inevitable el escepticismo a que los mismos dan lugar, ya que para empezar, ni son novedosos, ni han funcionado, y bajo diferentes argumentos y justificaciones se han presentado al menos desde la época de los años setenta cuando se creó el Conacyt. Entonces se justificó la existencia de este organismo, a partir de utilizar los recursos “de mejor manera”, orientándolos hacia la llamada ciencia aplicada y reduciendo de manera constante los apoyos hacia la ciencia básica. Así, se puede constatar que los apoyos del Conacyt para investigación se redujeron en número relativo a la población del Sistema Nacional de Investigadores; los montos para financiar las investigaciones siguen siendo esencialmente de los mismos órdenes de magnitud a lo largo de muchos años, habiéndose cancelado muchos rubros. Hace más de quince años que no existe el Programa de Apoyo para Infraestructura, una de las principales fuentes para adquirir o renovar equipo costoso de uso común, que no se puede incluir en los proyectos normales. Las becas posdoctorales para que nuestros estudiantes salgan al extranjero una vez terminado su doctorado, que constituye una etapa esencial para la consolidación de muchos investigadores, apenas se han renovado. Los apoyos para reuniones científicas se eliminaron; y aunque se siguen realizando, los organizadores pierden una cantidad enorme de tiempo obteniendo los fondos que se requieren para hacerlas. El Programa de Repatriación, que ya en sí era modesto, ahora es además incierto; los jóvenes que regresan del extranjero, cuando lo hacen, tienen graves dificultades para incorporarse a alguna institución, porque no hay plazas nuevas ni tampoco nuevos centros y, como consecuencia, tenemos una población de doctores desempleados; unos porque no encuentran una plaza, otros porque, aun teniéndola, no obtienen apoyo para sus proyectos de investigación.
Finalmente, para aminorar el pesimismo, parece que por primera vez, después de tristes doce años, al menos la solicitud del presupuesto para investigación es sustancialmente mayor que en otros ejercicios. ¿Cuál será el presupuesto real de gasto y su distribución para el Conacyt?, ¿los señores diputados respetarán, o intentarán en lo sucesivo cumplir la ley que el propio Congreso promulgó, comprometiéndose a un futuro 1% del PIB para la investigación?
* Flavio Mena es Investigador Emérito del Instituto de Neurobiología, Campus UNAM-UAQ Juriquilla, Qro. y miembro del Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia de la República (CCC).
* Antonio Peña es Investigador Emérito del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM.
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