Proceso
26 de febrero de 2007
Jorge Carrasco Araizaga
México, D.F. (apro).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se apresta a fallar los amparos solicitados por 11 militares en contra de su baja del Ejército mexicano por padecer el virus de inmunodeficiencia adquirida (VIH).
En la sesión del hoy, por ocho votos a tres, el pleno de ministros rechazó una propuesta para regresar a nivel de tribunales las peticiones de amparo, bajo el pretexto de que era necesario desahogar pruebas periciales en la materia.
Con esa decisión, y después de cuatro sesiones, se pavimenta el camino para que los ministros empiecen a discutir los amparos promovidos en contra de varios artículos de la anterior y la vigente Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas (ISSFAM), que prevén la baja inmediata de los efectivos militares contagiados por el VIH.
El criterio que ha prevalecido hasta ahora es el que un portador del virus puede mantenerse activo mediante un tratamiento adecuado, sin que incluso desarrolle la enfermedad, por lo que puede ser reubicado en tareas administrativas.
La mayoría de los ministros considera inconstitucional la parte de la ley del ISSFAM, que considera inútiles para el servicio de las armas a los portadores del virus.
Además de fundamentos jurídicos, los ministros que favorecen esa posición se apoyan en un informe de la Academia Mexicana de Ciencias, solicitado por el ministro José Ramón Cossío Díaz, para fundamentar su posición.
Los opositores a ese criterio han sido los ministros Mariano Azuela Gí¼itrón, Genaro Góngora Pimentel y Sergio Salvador Aguirre Anguiano, para quienes la ley del ISSFAM no viola las garantías individuales de los militares.
El tema se empezó a discutir el lunes pasado y en la sesión de hoy, Azuela pretendía prolongar todavía aún más, al proponer que se repusiera el procedimiento para que los amparos se regresaran a tribunales, a fin de que éstos ¡juzguen en primera instancia y luego la SCJN analice de acuerdo con las leyes!.
Esa medida dilatoria establecía como requisito la elaboración de peritajes médicos. Pero la mayoría de los ministros la rechazó, incluido el presidente de la SCJN, Guillermo Ortiz Mayagoitia, quien no había participado en el debate. Azuela sólo tuvo el respaldo de Góngora y de Aguirre.
Ortiz Mayagoitia afirmó: ¡Al modificarse el concepto de inutilidad por el padecimiento de una enfermedad, o de contagio por el sólo hecho de ser seropositivo, se produce la inconstitucionalidad, porque la única causa constitucional que hemos admitido es la inutilidad en el servicio y no en el padecimiento de una enfermedad!.
Más aún, dijo que es una violación de las garantías de no discriminación e igualdad al ordenar la baja por padecer una enfermedad, que calificó como estigmatizada.