El Universal
16 de noviembre de 2009
Rosaura Ruiz
El desarrollo de la investigación científica y tecnológica del país muestra los siguientes rasgos preocupantes:
1. En 2009 con más de 105 millones de habitantes, la matrícula de alumnos inscritos en posgrado es de 197 mil 600.
2. Se gradúan aproximadamente 2 mil 400 doctores al año, mientras que en Brasil la cifra asciende a 10 mil, en España a 9 mil, en Alemania a 24 mil y en Estados Unidos a casi 50 mil.
3. Hay una alta centralización de instituciones de educación superior que ofrecen programas de posgrado de calidad y del número de investigadores nacionales. En ambos casos, se concentran en unas cuantas entidades del país y en unas pocas instituciones.
4. Hay un número muy bajo de investigadores con relación a la Población Económicamente Activa, lo que no corresponde a las dimensiones del país.
5. La participación de México en la producción científica mundial representa sólo 0.75% del total de artículos publicados (2006) y el factor de impacto de 2002-2006 fue en promedio de 2.88%, lejos de los estándares internacionales. Un país con economía emergente como Brasil aporta 1.92% y tiene un factor de impacto de 2.95.
6. Existe un envejecimiento de la planta académica. El promedio de edad de los miembros del SNI es de 55 años. En el nivel III es de 63 años y el de los candidatos, de 38 años.
7. Con respecto a la innovación, los indicadores son aún más preocupantes. El coeficiente de inventiva que corresponde a México en 2004, alcanzó un valor de 0.05; mientras que el de Brasil fue 10 veces mayor, con 0.51. En este rubro, Japón obtuvo 32.41. La capacidad de inventiva es inversamente proporcional al grado de dependencia tecnológica, por ello, en 2005, la tasa de dependencia tecnológica de Japón fue de sólo 0.15, en tanto que la de México fue de 29.30 y la de Brasil de 14.57. Como consecuencia, la balanza de pagos es tremendamente deficitaria. Al mismo tiempo, la competitividad del país sigue rezagándose cada vez más, al grado de que en 2009 México ocupa el lugar 52.
8. A pesar de que la Ley de Ciencia y Tecnología establece en su artículo 9 bis la obligatoriedad de los gobiernos federal y estatales de destinar al menos 1% del PIB a este rubro, de 2003 a 2007, el porcentaje para ciencia y tecnología decreció de 0.43% a 0.35%. De mantenerse la tendencia actual la Ley se cumpliría hasta 2042.
Propuestas
Esta exposición sobre la situación de la ciencia y la tecnología en México permite afirmar que el problema de fondo radica en la ausencia de una auténtica política de investigación científica y desarrollo tecnológico con visión de Estado. Subsanar esta grave carencia implicaría considerar acciones como las siguientes:
1. Alcanzar un compromiso entre los poderes Ejecutivo, Legislativo, los gobiernos estatales y las instituciones de investigación y educación superior que conduzca al cumplimiento, en el menor plazo posible, del mandato de la Ley de Ciencia y Tecnología que, como se ha señalado, desde 2001 obliga al Estado mexicano a destinar un presupuesto público para investigación científica equivalente a 1% del PIB. Para lograr que, al menos para 2018, se cumpla este mandato, sería necesario incrementar el presupuesto público para ciencia y tecnología en sólo 0.07% del PIB cada año, lo que equivale a un incremento de 12 mil millones de pesos anuales. Esta propuesta implica una planeación de mediano plazo que permitiría plantear presupuestos multianuales para CONACyT y las instituciones públicas de investigación.
2. Promover el posgrado en todo el país. Aumentar el número de becas nacionales para estudios en el extranjero.
3. Incrementar los recursos correspondientes al Ramo 38 Ciencia y Tecnología, con el fin de ampliar la cobertura de los programas que actualmente administra el CONACyT, así como los recursos presupuestales destinados a investigación a través de la SEP, la SEMARNAT, la Secretaria de Salud y la de Energía. Se proponen tres estrategias de central importancia: 1) Crear un programa de incorporación de jóvenes investigadores a las instituciones de educación superior, a los centros de investigación y al sector productivo. De manera simultánea, establecer esquemas eficaces de jubilación digna que permitan también la liberación de plazas y espacios. 2) Establecer un fondo destinado a la adquisición y mantenimiento de la infraestructura y al fortalecimiento de los laboratorios nacionales (o regionales). 3) Generar un fondo para impulsar el desarrollo de parques científico-tecnológicos en todo el país con el fin de fortalecer la vinculación entre gobierno, instituciones de educación superior, centros de investigación y el sector productivo.
4. En los programas de impulso al desarrollo tecnológico y la innovación dar prioridad a las pequeñas y medianas empresas nacionales; estimular la vinculación entre el sector productivo y los institutos y centros públicos de investigación.
5. Impulsar, con base en el consenso entre los sectores académico, público y privado, líneas prioritarias y enfoques pertinentes de investigación científica y desarrollo tecnológico en torno a temas prioritarios como: salud, energía, nanotecnologías y nanociencias, tecnologías para la sociedad de la información y la comunicación, nueva ciudadanía y sociedad del conocimiento, cambio climático, medio ambiente y sustentabilidad, entre otros.
6. Impulsar la descentralización de las actividades científicas y tecnológicas y la federalización gradual del gasto público en ciencia y tecnología.
7. Crear un “Fondo de Equidad” para fortalecer el desarrollo científico tecnológico de las entidades federativas con mayor rezago. Crear nuevos centros con participación interinstitucional y nuevas sedes en zonas de alta prioridad para el desarrollo nacional. Fortalecer los consejos estatales de Ciencia y Tecnología, propiciando mayores compromisos de los gobiernos estatales y municipales, así como asegurar una mayor vinculación con los sectores académicos locales.
8. Promover proyectos multi-institucionales y multi-nacionales de gran envergadura que ayuden al posicionamiento de la ciencia mexicana en el concierto internacional.
9. Crear la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.