ANGELICA ENCISO L.
La Jornada
Organizaciones ambientalistas y el Centro Pro de Derechos Humanos expresaron su preocupación por la inminente aprobación de la Ley de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados en el Senado de la República, porque la iniciativa no tomó en cuenta los resultados del informe Maíz y biodiversidad elaborado por la Comisión de Cooperación Ambiental y da prioridad a intereses de trasnacionales.
El martes pasado, el pleno del Senado dio primera lectura al dictamen de la iniciativa que fue presentado la semana pasada por Francisco Bolívar Zapata, integrante de la Academia Mexicana de Ciencias, sin que los legisladores hubieran participado en su elaboración, denunció Greenpeace.
Se prevé que la semana próxima el documento entre a votación y sea aprobado con la mayoría de PAN y PRI. Las agrupaciones enviaron cartas al Senado para que tomen en cuenta los puntos que hasta ahora han sido ignorados en la iniciativa.
Demandaron que se abra un espacio para escuchar los argumentos y que los legisladores consideren las opiniones de las organizaciones civiles, campesinas e indígenas, así como de especialistas en el tema, porque México requiere un marco legal que regule, vigile y reduzca los riesgos y daños asociados al manejo de los transgénicos, «un auténtico marco de bioseguridad».
Asimismo demandaron que se realice una evaluación y revisión del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) para impulsar una renegociación que permita excluir maíz y frijol y proteger estos productos porque son estratégicos en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.
Advirtieron que no se tomaron en cuenta las recomendaciones del informe Maíz y biodiversidad que realizó la CCA, organismo internacional formado al amparo del TLCAN, el cual fue elaborado por especialistas de Estados Unidos, México y Canadá, coordinados por José Sarukhán.
Los investigadores recomendaron, entre otros aspectos, moler el maíz que México importa de Estados Unidos para que no sea utilizado como semilla, reforzar la actual moratoria a la siembra comercial del transgénico, minimizar las importaciones estadunidenses porque es la fuente probable de contaminación y propusieron la adopción del principio precautorio.
El estudio fue realizado a petición de ONG luego de que en 2001 se presentó contaminación de cultivos tradicionales de la Sierra Juárez de Oaxaca con maíz transgénico producido por empresas trasnacionales e importado al país.
El estudio, señalan las agrupaciones, no fue tomado en cuenta por los diputados que hicieron 44 modificaciones a la iniciativa de la Ley de Bioseguridad que antes había sido aprobada por el Senado y enviada a la Cámara baja. Luego de que los diputados hicieron los cambios, la turnaron nuevamente al Senado.
Además, sostuvieron, la iniciativa favorece a las empresas productoras de transgénicos, todas ellas de capital extranjero, las cuales se verán beneficiadas con las nueva legislación.
Las organizaciones pidieron en la carta que como senadores «asuman su responsabilidad de velar por el interés de toda la sociedad y en ese sentido que las decisiones que tomen sean con información y atiendan al interés nacional».