Alejandro Calvillo
La Jornada
Martes 8 de febrero de 2005.- No es una especulación afirmar que la corporación Monsanto será la principal beneficiada con la redacción actual de la Ley de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM), promovida por algunos senadores y miembros de la Academia Mexicana de Ciencias.
Monsanto es la mayor productora de semillas transgénicas en el mundo. Como estas semillas contienen genes patentados, los agricultores deben pagar regalías a esa empresa cada vez que siembran. De lo contrario, la corporación los demanda.
Este esquema impide a los campesinos guardar una parte de su cosecha, como ocurre tradicionalmente en México y diversas partes del mundo, para usarla como semilla o intercambiarla.
Monsanto cobra derechos por el uso de su tecnología que oscilan entre 6.25 dólares por bolsa de soya cosechada y 230 dólares en promedio por bolsa de algodón. En este último caso, lo derechos triplican a los del algodón convencional. La compañía afirma que esa facturación es necesaria para recuperar sus inversiones en tecnología y advierte que posee una poderosa maquinaria legal para exigir el pago de tales derechos.
Eso lo sabe bien el agricultor canadiense Percy Schmeiser. El 6 de agosto de 1998, a los 71 años de edad, fue demandado cuando su cultivo de canola convencional resultó contaminado debido a que sus vecinos sembraban canola transgénica de esa empresa.
Schmeiser es el primer agricultor del mundo demandado por una empresa trasnacional por «utilizar ilegalmente» semillas modificadas genéticamente. Su caso es un ominoso precedente de lo que puede ocurrir a cualquier campesino cuyas tierras resulten contaminadas por variedades transgénicas.
En la primera demanda que enfrentó Schmeiser, la corte federal resolvió a favor de Monsanto y, en vez de indagar cómo se había producido esta contaminación -pues Schmeiser nunca ha comprado ni utilizado esos productos, ya que es un productor orgánico-, simplemente determinó que donde hubiera genes de Monsanto la zona se convertía en propiedad de la trasnacional.
La Corte Suprema de Justicia de Canadá apoyó la patente de canola transgénica de Monsanto y desechó la argumentación del demandado, quien afirmaba que la presencia de los transgénicos en sus tierras había ocurrido sin su conocimiento. El tribunal falló también que Schmeiser no estaba obligado a pagar a Monsanto los costos judiciales, estimados en 200 mil dólares, y que podía conservar los 20 mil dólares de ganancia de su cosecha de 1997, lo que desató una segunda demanda de la compañía contra el agricultor.
En su acusación, aseguró que Schmeiser violó deliberadamente los derechos de patentes al sembrar, cosechar, almacenar y vender canola de la variedad Roundup-Ready sin pagar la licencia requerida. El 14 de noviembre de 2002, Schmeiser perdió este segundo caso, lo que le obligó a pagar a la corporación 153 mil dólares. Con este caso, Monsanto inauguró una nueva forma de actuar: demandar a los agricultores.
El informe Monsanto vs los agricultores estadunidenses, publicado por el Center for Food Safety de Estados Unidos, documenta los abusos que ha cometido la empresa en ese país: se enumeran los casos de 90 juicios en contra de 147 agricultores y 39 pequeñas compañías agrícolas, en 25 estados. Hasta el momento la empresa ha obtenido de los demandados más de 15 millones de dólares.
Aunque la razón esté de su lado, los agricultores tienen escasas posibilidades de ganar, ya que sólo en Estados Unidos la empresa dedica un presupuesto anual de 10 millones de dólares para estos litigios y además cuenta con 75 empleados dedicados únicamente a investigar y documentar qué campesinos pueden ser acusados de almacenar semillas de las variedades que ha desarrollado la empresa a través de ingeniería genética.
En 1998, el agricultor Kem Ralph fue, tal vez, el primero en ir a la cárcel bajo este tipo de cargo. Pasó cuatro meses tras las rejas y aún debe pagar a la compañía una indemnización por un millón 800 mil dólares.
Según el informe del Center for Food Safety, aun cuando un agricultor decida dejar de cultivar las semillas de Monsanto, nuevas plantas transgénicas crecen naturalmente en los predios al año siguiente. Esta situación puede prolongarse hasta cinco años.
Según las leyes de patentes estadunidenses, un agricultor comete una falta incluso si cultiva sin saberlo variedades contaminadas por los genes de Monsanto.
En este sentido, México es un paraíso potencial, pues desde hace una década el gobierno mexicano autorizó la comercialización de transgénicos sin establecer control alguno. Al poco tiempo, estos productos aparecieron en las siembras de diversas regiones. En vez de asumir su responsabilidad por la contaminación, la trasnacional ha comenzado a publicar anuncios en Chiapas advirtiendo al «amigo agricultor» sobre los juicios por patentes.
El modus operandi de Monsanto no es casual. En Indonesia sobornó a 140 funcionarios, incluidos dos secretarios de Estado, para conseguir la libre entrada de transgénicos a ese país. Incluida la multa que le impuso el gobierno estadunidense por este proceder, el desembolso que realizó es una inversión rápidamente recuperable a través de las regalías que deberán pagar millones de campesinos.
Este tema está ausente en la Ley de Bioseguridad que está por aprobarse en el Senado. Monsanto y sus cabilderos deben estar frotándose las manos.