Los riesgos de una política científica gerencial (III y última)

El Universal
11 de marzo de 2009
Rosaura Ruiz y Rafael Loyola Díaz

cultura@eluniversal.com.mx

Evolución

El paquete de programas destinados a fomentar la incorporación de la innovación y el desarrollo tecnológico en las empresas de México, así como para lograr su acercamiento con las instituciones de educación superior y con centros de investigación, presenta riesgos que deben considerarse cuidadosamente.

Como se mencionó, en el programa que los antecedió se destinaron 18 mil 411.8 millones de pesos a precios corrientes (1), recursos que todavía están a la espera de una evaluación, mientras que en su nueva acepción sólo para este ejercicio fiscal se destinarán 2 mil quinientos millones de pesos (2).

El paquete de programas presenta los problemas siguientes:

a) Se caracteriza por la discrecionalidad en la selección de proyectos y asignación de recursos. Se contempla la creación de subcomités de evaluación, pero a título opcional, sin estar definido un mecanismo colegiado de selección.

El mecanismo de evaluación es una Metodología Paramétrica y se contempla la posibilidad, más no la obligación, de integrar subcomités de evaluación estatal o “central” en los que participen representantes del gobierno estatal, del sector privado y hasta del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

b) En algunos de los programas se incluye la creación de un Comité Técnico integrado por representantes del Conacyt, de las secretarías de Economía, Hacienda y Crédito Público, y Educación Pública; y en uno de ellos se precisa que se podría invitar, con voz y sin voto, a miembros de los sectores académico, tecnológico y empresarial.

Dicho de otra manera, los comités colegiados son opcionales, la presencia de investigadores es prácticamente inexistente y los órganos de coordinación son de dominio burocrático; incluso, llama la atención que no tengan participación alguna organismos como la Academia Mexicana de Ciencias, el FCCYT y la Asociación Mexicana de Directivos de la Investigación Aplicada y el Desarrollo Tecnológico (ADIAT), a pesar de que esta última en los años recientes ha operado como la cabeza intelectual de la política del Conacyt.

De lo anterior, podemos derivar algunas conclusiones: el reforzamiento de una visión gerencial de la gestión científica se caracteriza por desplegar políticas y cuantiosos recursos públicos a programas que están lejos de reportar resultados favorables; además, los nuevos programas se caracterizan por un esquema discrecional para la asignación de los apoyos, la fragilidad de cuerpos colegiados de decisión, la composición burocrática de los subcomités de evaluación, si es que se llegan a integrar, el dominio de las burocracias estatales en la integración de comités técnicos y la frágil o nula participación del sector científico, a la vez que su inclusión es opcional.

Si bien estamos lejos de esperar que a los críticos del programa de estímulos fiscales se les reconozca su determinación para advertir insuficiencias, al menos en esta ocasión hacemos votos para que se entable un diálogo fructífero y razonado, en lugar de la descalificación sin fundamento. Mientras tanto, el país sigue a la espera de la redefinición del modelo de política científica, pues el vigente no reporta resultados positivos en su fundamentalismo de la tecnología sin ciencia, a la vez que persiste el descuido al urgente fomento del conocimiento.

(1) Esta cifra equivale a 23 mil millones de pesos a precios constantes (2009).

(2) De acuerdo a cifras del Presupuesto de Egresos de la Federación 2009, México.

Referencias bibliográficas:

Conacyt. (2009). “Convocatoria y términos de referencia de los nuevos programas federales de estímulo a la investigación, el desarrollo y la innovación tecnológica”. Conacyt. México.

World Economic Forum. (2008). Global Competitiveness Index, rank 2007-2009.

Conacyt. (2007). Informe General del Estado de la Ciencia y la Tecnología, México, pág. 99.

* (Rosaura Ruiz Gutiérrez es presidenta de la Academia Mexicana de Ciencias. Rafael Loyola Díaz es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM)

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