La Jornada
20 de septiembre de 2008
Eduardo González Velázquez
ihuatzio@hotmail.com
El gobierno federal equivoca la estrategia para combatir la violencia, la inseguridad y el crimen organizado. Veintidós meses después de que Felipe Calderón se robó la Presidencia de la República, las estadísticas muestran lo errático de la política para acabar con la delincuencia organizada: en las últimas tres semanas han sido ejecutadas 483 personas; a partir del 21 de agosto, que entró en vigor el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad (donde los gobernantes se comprometieron a renunciar en caso de no acabar con la inseguridad), se han cometido homicidios múltiples en los estados de México, Chihuahua, Yucatán y Sinaloa, con al menos 30 decapitaciones (lejos ha quedado aquel día en que fueron lanzadas unas cabezas en una pista de baile, tristemente ese escenario aumenta peligrosamente), y el asesinato de 10 mujeres y cinco menores de edad. Del primero de enero a la primera quincena de septiembre han sido ejecutadas por el crimen organizado más de 3 mil 200 personas, cifra que ya supera en 79.9 por ciento los registros oficiales sobre el número de asesinados en 2007, cuando la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal reportó 2 mil 561 (La Jornada, 14 de septiembre de 2008). Ahora las granadas son lanzadas en medio de concentraciones ciudadanas en un día de fiesta nacional, el saldo: 7 muertos y más de 130 heridos. No falta quien vea en los sucesos del 15 de septiembre los tintes de un autoatentado.
La apuesta de Los Pinos fue declararle la guerra a las bandas criminales sin que antes se llevara a cabo una profunda limpia al interior de las corporaciones policiacas y militares del país, que todos los días arrojan evidencias del maridaje con el crimen organizado. Así, esta “cruzada” emprendida por Felipe Calderón ha recibido millones de pesos de los presupuestos federal, estatal y municipal sin que dé muestras de éxito. Se alimenta una maquinaria que se corroe por la corrupción y los recursos van a parar a los caños de una tubería que languidece presa de los intereses mezquinos de las mafias y de algunos funcionarios de gobierno. Mientras eso sucede, el dinero que debería destinarse a educación, investigación y producción científica disminuye peligrosamente, lo que muestra que la estrategia de Felipe Calderón equivoca el camino a seguir.
En esta espiral de destino incierto, Felipe Calderón propuso a la Cámara de Diputados un incremento al presupuesto de seguridad y justicia de 39 por ciento en términos nominales con respecto al ejercido este año. En el caso de la SSP, el incremento real será de 49.8 por ciento; para Gobernación, 25.1; para Defensa Nacional, 16.1; para Marina, 12.3, y para la Procuraduría General de la República (PGR), 29.2 por ciento. En total el gobierno calderonista planteó para el 2009 un presupuesto destinado a seguridad, fuerzas armadas y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) de 104 mil 181 millones de pesos (La Jornada, 9 de septiembre de 2008).
Mientras el gobierno federal no destine mayores recursos a la prevención del delito, a combatir la corrupción en las corporaciones policiacas, a la educación y al desarrollo social, no podrá disminuir los índices de inseguridad y delincuencia en el mediano y largo plazo a pesar de militarizar la improvisada y desorganizada lucha contra el crimen organizado. Contrariamente a los aumentos solicitados en los presupuestos para “seguridad”, el incremento presupuestal para educación es tan sólo de 6.9 por ciento, y para desarrollo social de 2.3. Por ello, la presidenta de la Academia Mexicana de Ciencias (AMC), Rosaura Ruiz Gutiérrez, pidió al Congreso que incremente los fondos para el sector científico y tecnológico en al menos 15 mil millones de pesos al año en los presupuestos que van de 2009 a 2012, para lograr la meta de que se destine el uno por ciento del producto interno bruto (PIB) a la investigación científica. Desde 1990 a la fecha los recursos destinados a este sector han ido cayendo, y el año pasado representaron tan sólo el 0.37 por ciento del PIB (La Jornada, 9 de septiembre de 2008).
Es debido a políticas presupuestales como las planteadas por el Ejecutivo, que ponen énfasis en perseguir y combatir el delito en lugar de prevenirlo, que México se ubica en la última posición en gasto por alumno de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). El gasto promedio por alumno de primaria apenas alcanza mil 913 dólares anuales, lo que representa una tercera parte del promedio general de las naciones miembros de la OCDE, con 6 mil 252 dólares. En secundaria se destinan sólo mil 838 por estudiante, en contraste con los 7 mil 437 que en promedio invierte el resto de los Estados miembros. A pesar de que en bachillerato el gasto se incrementa a 2 mil 853 dólares, las naciones integrantes de la OCDE destinan 8 mil 366, y en el nivel universitario la erogación por estudiante en México es de 6 mil 402 dólares, cuando en el nivel promedio del organismo alcanza 11 mil 512 dólares. México también ocupa el último sitio en cuanto a egreso de secundaria, ya que sólo el 41 por ciento de los inscritos en ese nivel educativo concluye sus estudios. Además, sólo el 39 por ciento de los mexicanos entre 25 y 34 años ha concluido su preparatoria, lo que nos ubica en el segundo nivel más bajo de los países de la OCDE, y el 45 por ciento de los jóvenes de 15 a 19 años no asiste a la escuela. (La Jornada, 10 de septiembre de 2008). Como para apuntalar esta triste realidad, el gobierno federal pretende ahora cerrar más de 250 escuelas normales públicas del país.
A la luz de los pobres resultados de la “guerra contra el crimen organizado” que ha puesto en marcha el desdibujado gobierno de Felipe Calderón, es evidente que la estrategia ha fracasado. Lo único que ha logrado asegurar el inquilino de Los Pinos es su impugnada e ilegítima presidencia verde olivo, que con el pretexto de la lucha contra el crimen organizado se mantiene blindada ante las constantes manifestaciones de repudio que lanzan los ciudadanos de a pie por las difíciles condiciones en las que subsiste más de la mitad de la población en México. Por ello la política de “seguridad nacional” debe cambiar. Se impone establecer una política de Estado que atienda el origen de la violencia y la inseguridad de nuestro país, y deje de lado la escenografía militar, que lo único que ha conseguido es desviar millonarios recursos de las áreas educativas y de desarrollo social que pueden potencializar el desarrollo humano en nuestro país.