Investigación y Desarrollo
26 de septiembre de 2008
Grupo Reforma
(Septiembre/2008)
Colocar a la innovación como un tercer eje central en la actual Ley de Ciencia y Tecnología es una tarea que impulsó a una larga discusión y búsqueda de criterios comunes entre los principales actores involucrados en la materia (academia, sector productivo, gobierno y organismos especializados, entre otros) y posibilitó una iniciativa de reforma actualmente en el Congreso.
Con motivo de su probable análisis y discusión en el actual periodo de sesiones de la Cámara de Diputados, pues la iniciativa está por ser dictaminada en comisiones, el presente número de Investigación y Desarrollo recoge la postura de distintos actores que corresponden a la academia, sector productivo y organismo especializados.
Los titulares de las comisiones respectivas de Concamin y Canacintra coinciden en que reformar la Ley vigente permitirá acentuar la innovación, además de crear herramientas sólidas con sustentos legales para promoverla.
Por su parte, expertos del sector académico, como los doctores Rosalba Casas Guerrero y Martín Puchet Anyul, de la UNAM, destacaron el papel que se asigna a la vinculación en la iniciativa, al considerarla vital para propiciar procesos innovadores que impacten a la productividad.
También resalta un pronunciamiento de la Academia Mexicana de Ciencias en torno a los requerimientos para la puesta en marcha de una política de Estado en ciencia, tecnología e innovación. Asimismo, se exponen los compromisos asumidos por los presidentes de las comisiones de ciencia y tecnología de ambas cámaras del Congreso de la Unión.
Pugna AMC por una política de Estado
En el transcurso de este mes, la Academia Mexicana de Ciencias hizo un pronunciamiento público y dio a conocer una estrategia de cinco ejes cuyo fin es alcanzar una política de Estado en la materia y que realmente el país destine el uno por ciento del PIB en los rubros de ciencia, tecnología y ahora innovación.
Esta última es abordada en los ejes que dio a conocer la presidenta de la AMC, doctora Rosaura Ruiz Gutiérrez. El primero de ellos es impulsar una política con visión de Estado, sustentada en seis principios básicos: Federalista, participativa, de colaboración, colaborativa, respetuosa de la legalidad, corresponsable y comprometida en la transparencia y rendición de cuentas.
Rosaura Ruiz enfatizó que el incremento sostenido del gasto público en ciencia y tecnología es autofinanciable. Si bien es cierto que se requiere un impulso inicial, el desarrollo de las capacidades científico-tecnológicas tiene efectos multiplicadores, casi inmediatos, que se expresan en incrementos de la productividad, la competitividad, la producción, el empleo y los ingresos, aseguró.
De manera específica, la AMC propuso crear tres nuevos programas: el Programa de incorporación de jóvenes investigadores a las instituciones de educación superior, centros de investigación y sector productivo; un Fondo destinado a la infraestructura necesaria para el óptimo desarrollo de las actividades científicas y los avances tecnológicos que se están realizando en instituciones de educación superior y centros de investigación, así como un Fondo para impulsar el desarrollo de parques científico-tecnológicos en todo el país.
Por lo que toca al Programa de Estímulos Fiscales, planteó modificar las reglas de operación del programa, a fin de incentivar el desarrollo científico y tecnológico que realiza el sector privado en actividades económicas de alto impacto en la productividad y la competitividad sectorial y regional, como priorizar al desarrollo tecnológico y la innovación de las pequeñas y medianas empresas.
Para la Academia Mexicana de Ciencias, expuso, el fortalecimiento del país exige abrir la discusión y definición de políticas de Estado en materia científica, tecnológica y de innovación que beneficien el crecimiento y desarrollo.
Postura de la Academia Mexicana de Ciencias
La Ley como control facilitador
La importancia de aprobar la reforma a la Ley de Ciencia y Tecnología es que brindará un marco normativo general para la innovación, que aplicado con efectividad se convierte en un control facilitador de los procesos en la materia, y una vez llevadas sus contribuciones a la práctica logrará impactar al crecimiento económico.
Sin embargo, debe reconocerse que ninguna legislación por sí misma asegura la existencia del compromiso político de las instancias involucradas, por lo que toca a la academia, gobierno y sector privado poner de su parte.
Y en torno a la práctica, las herramientas y organismos que emanen de la eventual reforma requieren identificar incentivos, complementarios al aspecto de mercado, capaces de acelerar los procesos de innovación. Estos deben adecuarse a elementos legales pertinentes, entre los que destacan aspectos de propiedad intelectual.
En cuanto a la puesta en marcha de una política de Estado en la materia, a pesar de que ya existe una, se trata de un sistema poco articulado, en el que el papel gubernamental, como receptor primario de los desarrollos tecnológicos y de innovación, debe mejorarse.
Hay que recordar que la innovación es un tema joven a nivel mundial, y México debe adoptar indicadores y métricas adecuadas para su desempeño en diversos ámbitos y niveles.
Leopoldo Rodríguez Sánchez, Presidente de la Asociación Mexicana de Directivos de la Investigación Aplicada y el Desarrollo Tecnológico, A. C.
Los retos en la materia
El hecho de no incluir la innovación en el marco legal vigente es parecido a negar su existencia, de allí la importancia de insertarla a la actual Ley de Ciencia y Tecnología. Al legislar sobre ella se genera mayor compromiso por parte del Estado para asignar fondos especiales dirigidos a la actividad del ramo.
De aprobarse la reforma a la Ley en Ciencia y Tecnología permitirá por un lado reconocer de manera formal a la innovación como una actividad productiva importante, y por otro poner en práctica una serie de mecanismos e instrumentos para fomentarla.
En ese sentido, el impulso a redes de conocimiento entre los diferentes actores es fundamental para el fomento de la innovación. Cuando estudiamos las relaciones entre la academia y el sector productivo observamos que el flujo de conocimiento en primer momento es intangible y muchas veces no lleva de inmediato a nuevos desarrollos, pero en la medida en que esas interacciones se vayan dando es más probable que veamos procesos innovadores que impacten al sector productivo. Por ello, los instrumentos y herramientas relacionados con la innovación deben orientarse a consolidar el aspecto de la vinculación.
De los retos que en materia de innovación presenta el país, uno de ellos involucra fortalecer e impulsar los procesos innovativos, una cuestión que en cierta medida está cubierta con la reforma a la Ley, al generar ciertos compromisos de inversión en el campo. Un segundo reto se refiere al sentido que precisan tomar los beneficios surgidos de la innovación, los cuales además de satisfacer las demandas del mercado interno y externo deben trazarse mediante una estrategia de desarrollo social, que sirva para mejorar las condiciones de vida de la población.
Rosalba Casas Guerrero, Directora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM
Más allá del marco legal
Por lo general, una ley plantea los objetivos de algo, ordena ideas para que los agentes participantes en la actividad correspondiente tengan un punto de referencia regulatorio. Pero luego se necesita traducirla en medidas, mecanismos e instituciones a fin de llevar a la práctica sus declaraciones. Incluir la innovación en un ordenamiento legal es importante, siempre que éste incluya mecanismos que induzcan comportamientos en su beneficio.
Sobre el proyecto de reforma a la Ley de Ciencia y Tecnología, las herramientas necesarias para fomentar la innovación, y que deben discutir los legisladores para su operación, son los créditos o seguros al capital de riesgo, pues las inversiones en materia de innovación no brindan certeza para las empresas o centros de investigación.
Podría haber mecanismos de subsidios directos sobre sectores o regiones donde se identifiquen los nichos de oportunidad para la innovación, pero si no entramos en esa discusión y nos quedamos en el plan declarativo de la Ley, vamos a tener un marco normativo más amplio, con mejores definiciones en una serie de aspectos, mas sin ningún tipo de instituciones o medidas concretas para que el gobierno y los demás agentes realicen el trabajo necesario.
En cuanto a la vinculación como uno de los principales motores de la innovación, el gran problema actual es que no hay instituciones de transferencia o interfase, lo que dificulta la relación entre los sectores académico y productivo. De modo que es preciso impulsar un capitulado legal que haga posible la formación de organizaciones entre empresas y universidades o centros públicos de investigación estableciendo claramente asuntos como derechos de propiedad o reparto de beneficios. Para ello no es necesario reformar toda una ley, sino crear capitulados.
Existen diversos retos para impulsar la innovación, pero quizá el más complejo de resolver sea el trasfondo cultural que impera tanto en la academia como en las empresas, pues no se tiene la costumbre de asociarse con el objetivo de resolver problemas, y eso se agrava cuando tampoco existen reglas puntuales para esa interacción. Una vez que se venza ese factor entre los científicos, tecnólogos y empresarios, es necesario establecer lineamientos claros. En eso sí puede contribuir la nueva Ley.
Martín Puchet Anyul, Experto de la Faculta de Economía de la UNAM