El Universal
8 de febrero de 2010
Rosaura Ruiz y Alma Herrera
En septiembre de 2005, 27 universidades de distintos países del mundo firmaron la Declaración de Talloires, basadas en la convicción de que las Instituciones de Educación Superior tienen que servir a la sociedad a través del aprendizaje, la enseñanza y la práctica de valores.
Acordaron expandir sus programas de compromiso cívico y responsabilidad social fundamentados en principios éticos, con la premisa de que la educación es un bien público que debe contribuir a la democracia y la justicia social.
Si bien en el presente siglo la educación superior enfrentará importantes desafíos sociales, políticos y económicos que escapan al control de cualquier institución, no puede ser ajena a las tensiones del entorno, y deberá mantener como uno de sus rasgos distintivos el balance crítico acerca del rumbo que el país decida trazar en los años que están por venir.
Esto implica que las universidades deben estar atentas a los ritmos de transformación del entorno, a sus contradicciones y a su complejidad, y dar respuesta a las expectativas de las jóvenes generaciones de mexicanos cuyo proyecto de vida apuesta por la mejor, la más rigurosa y una crítica formación universitaria de primer nivel.
En este sentido, la formación superior tiene como función formar individuos que se inserten críticamente por el momento que les tocó vivir; que construyan con creatividad soluciones, que tengan capacidad para generar proyectos sociales alternativos y que propicien la incorporación del país en la globalidad, con el conocimiento de lo que conviene como nación.
Para nuestro país, el desafío es enorme. La educación superior tendrá como objetivo potenciar la creatividad en una sociedad que exige modos alternativos de comprender y resolver sus graves problemas. Para empezar, lo primero que se requiere es un proyecto educativo que anteponga la ética, el humanismo, la ciencia y la cultura a las estrictas reglas del mercado y de la economía.
Es tiempo de participar en la definición del tipo de educación superior que deberemos construir para el siglo XXI. ¿Qué políticas públicas deberán impulsarse para que la educación, la cultura y la ciencia se constituyan en fuerza motriz del siglo XXI? ¿Qué deberá hacer la educación superior para insertarse críticamente en la globalidad, sin convertirse en simple pieza del modelo de mercado, cuya prioridad es la mercantilización del conocimiento?
Para responder a estas preguntas las IES tendrán que llevar a cabo reformas académicas de largo alcance que abarquen, entre otros procesos, el desarrollo de nuevos modelos de formación universitaria, gobernanza, financiamiento y vinculación, con el fin de articularse con los sectores gubernamental, legislativo, productivo-empresarial y de la sociedad civil a fin de responder, de manera más clara y decidida, a las prioridades de México. Pero sin que ello implique desconocer la responsabilidad que tiene el Estado en el financiamiento y en la política pública.
El conocimiento debe generarse y transferirse directamente a la economía, pero orientarse a objetivos de beneficio social asegurando, ante todo, su correspondencia con las necesidades sociales que se pretende satisfacer. En este marco, se requiere de una universidad que no sólo produzca conocimiento de frontera, sino que además sea copartícipe en la construcción de proyectos de nación y cuya inserción crítica a la globalidad tenga como piedra angular el fortalecimiento del mercado interno y el aseguramiento del bienestar genérico de todos sus ciudadanos.