El Universal
7 de septiembre de 2009
Rosaura Ruiz y Ricardo Noguera
Nuestro país está sumergido en una cascada de crisis: económica, política, social, educativa. Lo anterior se pone en evidencia en reiterados análisis basados en diversos indicadores; por ejemplo, en El Informe 2007-2008 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, se clasifica a México, por su Índice de Desarrollo Humano, en la posición 52 de un conjunto de 177 países, por debajo de Argentina, que ocupa el lugar 38, Chile (40), Uruguay (46), Costa Rica (48), Bahamas (49) y Cuba (51).
Este Índice, como se sabe, mide el grado de desarrollo de las sociedades en tres dimensiones básicas del desarrollo humano: educación, salud e ingreso económico promedio.
En su mayoría, las diversas mediciones internacionales del progreso económico y social coinciden en que el éxito de los países radica en su capacidad de sustentar su crecimiento económico en la demanda y uso crítico de conocimientos, entre ellos, el conocimiento científico-tecnológico.
En los países desarrollados y en algunos emergentes, la capacidad para generar conocimiento con alto valor social y económico agregado se incrementa con sistemas nacionales de innovación que operan a partir de una estrecha articulación entre gobiernos, sector productivo e instituciones de educación superior y centros de investigación; lo anterior implica, entre otros elementos contar con una política científica claramente definida y con visiones a largo plazo, con un proyecto de inversión en ciencia, tecnología y educación.
No puede existir una educación de calidad en todos sus niveles sin la investigación de excelencia que la sustente, ni puede haber investigación de punta sin la sólida formación de recursos humanos calificados para investigar y para enseñar.
Para el desarrollo de un país queda claro el papel de la ciencia; sin embargo, en el tercer Informe de Gobierno ha sido evidente la falta de visión sobre el papel que la ciencia puede y tiene en el desarrollo integral de los países. Es loable que exista un interés en inversión científica en el terreno ambiental; sin embargo, la inversión en ciencia y tecnología no sólo se reduce a los problemas de la sustentabilidad, ni a la mejora de los servicios de telecomunicaciones.
Invertir en ciencia en un sentido amplio es invertir en universidades públicas, invertir en la formación de recursos humanos con alto nivel (profesionistas, especialistas, doctores), invertir en infraestructura, espacios para investigación, invertir incluso en la enseñanza de la ciencia en los niveles de educación básica. Entre los males que aquejan a nuestra realidad y que no se mencionan en el informe presidencial, está la inversión casi simbólica que se hace en nuestro país en los rubros de ciencia y tecnología.
Insistir en la inversión en ciencia y tecnología no es una necedad de una persona o de un grupo, sino debe ser la respuesta necesaria y urgente que como país se le puede dar a la resolución de problemas que nos involucran a todos, problemas como abasto de agua, salud pública, contaminación, desempleo, educación de calidad, violencia, pobreza, migración, etc. Si en realidad queremos conseguir mejores niveles de desarrollo humano, tenemos que poner la mirada en el papel que la ciencia y la tecnología pueden jugar en beneficio de nuestra sociedad.