Campus Milenio
20 de agosto de 2009
Rosaura Ruiz Gutiérrez*, Octavio Paredes López** y Rafael Loyola Díaz***
Habrá que desmontar una política que ha generado clientelas ávidas de los recursos públicos con el pretexto de la tecnología y la innovación, junto con el reto de removilizar una comunidad científica que ha sido menospreciada en los últimos nueve años
Rosaura Ruiz Gutiérrez*, Octavio Paredes López** y Rafael Loyola Díaz***
El pasado mes de junio la Academia Mexicana de Ciencias (AMC) realizó un foro titulado La ciencia: zona de desastre, en el cual una decena de investigadores de alto nivel, de distintas disciplinas y diversas instituciones, expusieron su desaliento y crítica por la falta de rumbo de la actual política en ciencia, tecnología e innovación (CTI). Como ha sido habitual en la actual administración del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), las primeras reacciones consistieron en descalificar los cuestionamientos con el argumento de que sólo atendía las críticas de “buena fe”. Empero, días después hubo un cambio de actitud al demandar públicamente propuestas a quienes habían participado en la reunión convocada por la AMC.
En atención a la nueva actitud del director general del Conacyt, licenciado Juan Carlos Romero, el siguiente mes los doctores René Drucker, Octavio Paredes y Rafael Loyola le enviaron una propuesta con los puntos siguientes: la urgencia de reequilibrar el presupuesto en CTI, dado el descuido en lo otorgado a la ciencia (básica y aplicada) respecto de la tecnología; fortalecer los programas de retención y repatriación para egresados de posgrado e inducir la creación de plazas de investigación; incluir la dimensión de la ciencia en la política del Consejo, al igual que a las ciencias sociales y las humanidades; intensificar la descentralización y federalización de la ciencia; corregir la política para los Centros Conacyt y los Públicos de Investigación (CPI), con el propósito de reconocer su especificidad y retomar sus potencialidades para impulsar un salto en la materia, y restablecer el diálogo con la comunidad científica y respetar sus espacios colegiados (dada su reciente e impropia intervención) destinados a la interlocución con el Conacyt y la sociedad.
En respuesta a las propuestas, el maestro Romero Hicks los invitó a dialogar, extendiéndola a la doctora Rosaura Ruiz, presidenta de la AMC. La reunión tuvo lugar ese mismo mes y asistieron, por el Conacyt, el director general, los directores adjuntos de ciencia, desarrollo tecnológico e innovación y el de información, evaluación y normatividad; además, convocaron a un amplio número de representaciones de diversas academias y organismos de CTI y educación superior, aunque el diálogo lo concentró el Conacyt con los interlocutores de los cuestionamientos.
El Conacyt ofreció en la reunión información detallada sobre sus acciones y pretendió que se revalorara su desempeño. Reconocemos que se estableció un diálogo intenso que quizá pudiera ser fructífero; si bien la agenda de temas no se agotó, los principales cuestionamientos que se hicieron al desempeño del Consejo fueron del tenor siguiente: predominio de una política de corte fundamentalista con el propósito de impulsar la productividad y competitividad de las empresas, pero con una ciencia diluida y relegada; la ciencia no se ha atendido ni fomentado, y menos las sociales y las humanidades; el casi nulo crecimiento de la planta de investigadores ocurrió por una política fallida desde hace nueve años, consistente en reposar en la iniciativa privada y los estados de la federación el crecimiento en CTI; el programa de becas de posgrado es de los mejores logrados, pero todavía falta una mejor selección de los destinos del doctorado y posdoctorado en el extranjero, mejorar los montos y explorar mecanismos para la internacionalización del posgrado nacional, y que el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) refleja el insuficiente crecimiento de la planta de investigadores y su envejecimiento, además de que es urgente reflexionar su modalidad para el siglo XXI.
El capítulo de financiamiento ocupó particularmente la atención. Se les demostró el agudo desequilibrio entre el presupuesto otorgado a tecnología respecto del destinado a la ciencia, y los cuestionables mecanismos utilizados para apoyar la innovación; los proyectos de ciencia para el presente ejercicio captan del orden de 750 millones de pesos (con un creciente y tortuoso mecanismo para su implementación), que palidece frente a los 2 mil 500 mdp asignados a la tecnología, y muy distante de los más de 20 mil mdp, incluyendo los estímulos fiscales, otorgados a las empresas desde hace ocho años para que inviertan en el ramo, a pesar de que los resultados son más que desalentadores. Las correcciones son impostergables.
Se abordó someramente la problemática de los Centros Conacyt y otras temáticas; dada su relevancia, se acordó que en una siguiente reunión se les dedicaría atención especial. Se adelantó que deberían ser tratados en su especificidad y no ser vistos como universidad pública, que debería resolverse el capítulo de estímulos y que era necesario liberar a sus directores generales para que puedan cabildear presupuesto en el Legislativo, tal y como sucedió hace algunos años cuando lograron el fortalecimiento de su presupuesto. Entre los temas pendientes que se deben discutir está el mecanismo de designación de sus titulares, con el propósito de seleccionar líderes académicos más que devotos y sumisos a la autoridad.
Entre los temas centrales estuvieron los de insuficiencia de plazas y el presupuestal asociado a los requerimientos del siglo XXI. El planteamiento central consistió en que la comunidad científica estaba de acuerdo con el fomento a la tecnología y la innovación, pero no a costa de la ciencia; que la falta de crecimiento del sistema se debía a que el Conacyt seguía con la política, inaugurada en la época de Vicente Fox, consistente en que la iniciativa privada (IP) y los estados de la federación iban a crear los organismos de investigación, lo cual no ha sucedido hasta la fecha, por lo que la federación deberá asumir la responsabilidad mientras se encuentra la fórmula para que la IP y los estados participen más activamente. Asimismo, se planteó por las partes la conveniencia de sumar esfuerzos para alcanzar más presupuesto para CTI, y un cambio notable de política en los términos planteados al Consejo.
El director del Conacyt seleccionó una serie de puntos que ordenan la problemática abordada: capital humano (becarios, montos, incremento selectivo de las internacionales e internacionalización del posgrado nacional); plazas, movilidad de investigadores y jubilación; el dilema de que la empresa no acaba de incorporar la investigación ni el desarrollo tecnológico; los temas sociales y humanísticos; el impulso a la ciencia y el impacto social de la política en tecnología e innovación. A estos temas se añadieron el de financiamiento y su destino, el de género y los CPI.
Finalmente, Romero Hicks sugirió que las partes recapitularan lo tratado para tener próximamente otra reunión.
Sin duda, debemos tomar con optimismo moderado la actitud del Conacyt de abrir un espacio de diálogo y la voluntad mostrada para encontrar soluciones antes de llegar a una confrontación sin rumbo, como ha ocurrido con los gobiernos del PAN. El camino está identificado, pero habrá que desmontar una política que ha generado clientelas ávidas de los recursos públicos con el pretexto de la tecnología y la innovación, junto con el reto de removilizar una comunidad científica que ha sido menospreciada en los últimos nueve años, además de que los canales institucionales para el debate han sido copados por el propio Consejo. ¿Se tendrá la voluntad política para el cambio de rumbo en CTI cuando el actual gobierno sólo confía en sus amigos y devotos?
Cuando estábamos terminando este artículo, nos enteramos de la disminución del monto de las becas para los programas del Padrón Nacional de Posgrado de Calidad respecto del monto de 2008. Por ejemplo, en el caso del doctorado en la categoría de “desarrollo”, se redujo 27 por ciento y en la de “reciente creación”, 37 por ciento; se registran disminuciones similares para maestría y especialidad. Los programas en la categoría de “consolidados” quedaron igual, seis salarios mínimos, y los de “competencia internacional” subieron 22 por ciento. El argumento es que se quiere promover la calidad; sin embargo, es evidente que la calidad nunca se mejorará a partir de la reducción de recursos a los estudiantes, quienes se verán obligados a trabajar para compensar la pérdida, cuestión que ya sucede con los de algunos en el extranjero por la insuficiencia del monto.
Lo paradójico es que, en la reunión antes mencionada, se señaló que “el posgrado en lo general va bien, pues se está tomando en cuenta a las instituciones que tienen los programas y uno de los problemas son los montos y número de las becas que deberían ser aumentados”. Por supuesto, esta disminución no fue consultada con ninguna institución y es claro que no la avalarán. Esto es muy decepcionante, confiábamos en que se respetaría el compromiso del presidente Felipe Calderón (el 29 de mayo en presencia de la presidenta de la AMC) de que no habría recortes a las áreas de educación y ciencia.
Así pues, nos seguimos preguntando: ¿el diálogo que se ha abierto se reflejará en cambio de políticas? La decisión tomada en el rubro de becas no abriga buenos presagios.
* Presidenta de la AMC.
** Ex presidente de la AMC.
*** Investigador de la UNAM.