A Ciencia cierta
18 de octubre de 2005
Juan Carlos Miranda Arroyo*
En el Encuentro Nacional de Redes Ciudadanas por un Proyecto Alternativo de Nación, celebrado en la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador dio a conocer los 50 compromisos para recuperar el orgullo nacional. Me detengo a analizar específicamente el Compromiso 12, que aborda la cuestión de las políticas públicas en materia de investigación científica.
A ese respecto, me pregunto: ¿En qué medida participarán los investigadores mexicanos que radican tanto en México como en el extranjero en la confección del Plan Nacional propuesto por AMLO? ¿Se ha considerado en la ruta crítica de la planeación nacional en este rubro, la participación de los ¡jóvenes! investigadores (menores de 40 años) o solamente serán convocados, como siempre, los grupos que ocupan las posiciones de privilegio en los comités de evaluación, juntas de gobierno, comisiones ¡de alto nivel! o cuerpos consultivos? ¿Cómo será abordada la agenda de la ¡descentralización! de las instituciones de investigación? -por cierto, cada vez más urgente- ¿Cómo será detenido el proceso de ¡burocratización! en que ha estado sometida la ciencia a través de un ¡aparato! (Conacyt) que, a lo largo de su historia, no ha entendido lo que significa en la práctica una verdadera ¡federalización! de las actividades de investigación.
En esta línea habrá de revisarse el nuevo rol que jugarán los Consejos de Ciencia que existen en las entidades de la República, y determinar qué medidas serán adoptadas para lograr una profunda reforma del Conacyt en ese sentido.
Es de suma importancia definir con toda claridad el tipo de intercambios que el eventual gobierno federal propiciará, como para hablar de un cambio de políticas de investigación y desarrollo. Porque resultaría contradictorio tomar medidas para incorporar a México en la sociedad del conocimiento y al mismo tiempo aislarse del mundo con el prejuicio de la ¡dependencia! científica y tecnológica.
Por otra parte, la propuesta del PRD y de su precandidato necesitan resolver y hacer pública su posición sobre el dilema financiero que han enfrentado durante las últimas tres décadas las políticas de ciencia en México: ¿En qué medida apoyar al sector sin descuidar otras áreas estratégicas de la industria, la salud, el campo, las comunicaciones, etc.? ¿Cómo incentivar al sector de la investigación científica (¿con qué recursos, tomados de dónde, por cuánto tiempo?), y de qué manera legislar la participación (necesaria y obligatoria) de las paraestatales y la iniciativa privada con el propósito de invertir en programas específicos de ciencia, humanidades y tecnología?, no sólo como un recurso más para hacer deducible de impuestos a la investigación, sino como parte de un plan integrador de desarrollo local, regional y nacional.
Dos preguntas finales para el precandidato y a su equipo: 1) ¿Cómo piensan lograr la vinculación entre las universidades (públicas y privadas) y las instituciones científicas adscritas al sector gobierno en la perspectiva de los objetivos, estrategias y metas trazados en el Compromiso 12? y 2) ¿Qué lugar tendrá en ese contexto la Divulgación de la Ciencia en todos sus ámbitos y niveles?
Esto lo señalo porque a veces queda la percepción de que las políticas públicas de la ciencia están concebidas por los gobernantes como un conjunto de intenciones y medidas ligadas a la producción de bienes o servicios, o a la solución de los ¡grandes! problemas nacionales, sin pensar o imaginar que dichas políticas, además de lo anterior, también son un instrumento, una plataforma segura, para alcanzar un mejor desarrollo cultural de la sociedad y que su adecuada difusión representa un virtual escaparate para las aportaciones del país hacia el mundo.
*Profesor titular de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Querétaro.
En este espacio de la Academia Mexicana de Ciencias escriben integrantes de la comunidad científica.