La Jornada
04 de febero de 2006
José Galán/Enviado
Consideran que el desajuste policial durante el foxismo sirve al dominio de criminales
Proponen en foro que candidatos aborden la posible despenalización de ciertas drogas
Culiacan, Sin., 3 de febrero. Los narcotraficantes se enfrentan a la tentación de incidir en los procesos electorales en el país, y tendrán facilidades para ello por dos razones: porque tienen dinero a manos llenas, necesitan lavarlo y hacer compromisos a futuro y, en segundo lugar, ante los vacíos de poder que existen en la política y en los tres niveles de gobierno, que reflejan rasgos de descomposición.
En este marco, además, la confrontación entre las diversas fuerzas políticas a lo largo de la administración de Vicente Fox, junto con la desarticulación de instituciones federales de seguridad, aumenta la capacidad de los delincuentes organizados para imponerse en los «nuevos acuerdos» de protección, y cuentan ahora con incentivos especiales para establecerse en los ámbitos locales o arreglarse con funcionarios federales de jerarquía media.
Así lo consideraron investigadores y académicos reunidos en el primer foro Narcotráfico, Ciencia y Sociedad, organizado aquí por la Academia Mexicana de Ciencias (AMC); El Colegio de Sinaloa y la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), quienes propusieron, ante el panorama actual en materia de tráfico de drogas y violencia, iniciar una reflexión nacional sobre la necesidad de despenalizar cierto tipo de drogas como alternativa, y que dicho tema sea incluido por los candidatos presidenciales de los principales partidos políticos, que hasta el momento no han expresado sus respectivas agendas sobre los estupefacientes.
Sin control del IFE
Para Carlos Antonio Flores Pérez, del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quien esta semana recibió el Premio Anual de Investigación sobre Corrupción en México 2005, otorgado por la máxima casa de estudios y la Secretaría de la Función Pública, el problema del financiamiento del narcotráfico a las campañas políticas se remonta a las precampañas que, agregó, «no tienen ningún control real del Instituto Federal Electoral (IFE) que, a su vez, ha perdido fuerza de control en esta nueva administración, y no se puede descartar que los narcotraficantes traten de promover sus intereses dando dinero a partidos o candidatos, no sé si a nivel candidatura presidencial, pero sí a nivel local».
Investigador y miembro del PRD nacional, Gustavo Urías advirtió, por su parte, que el dinero del narco en las elecciones locales y federales «tiene antecedentes», y señaló que en la campaña presidencial de Miguel de la Madrid en 1982 se produjo «la afluencia de recursos del cártel de Sinaloa», y que, posteriormente, «quedó claro el auge de ese grupo». Añadió que, en las posteriores elecciones, «ha sido cada vez más evidente» el ingreso de recursos procedentes del narco.
Sin embargo, Luis Astorga Almazán, del IIS-UNAM, coordinador de la cátedra UNESCO: Transformaciones económicas y sociales relacionadas con el problema internacional de las drogas, y organizador del acto junto con Octavio Paredes López, presidente de la AMC, consideró que, cuando México vivía bajo el sistema de partido de Estado a nadie preocupaba si había dinero del tráfico de drogas en las campañas, porque gracias al control vertical los funcionarios se servían del erario y podían además extorsionar a quien quisieran; nadie les decía nada; «las mismas familias del partido hegemónico se autorregulaban, nadie criticaba que había dinero sucio», dijo.
Expuso: «Â¿Cuándo empieza la preocupación? Al darse la fragmentación del sistema político, a partir de 2000, porque hay mecanismos de vigilancia y fiscalización en las finanzas de los partidos, y esa competencia entre partidos hace que se vigilen entre ellos, lo que dificulta que el dinero (sucio) ingrese en campañas».
Para Flores Pérez, por otra parte, las organizaciones de seguridad del Estado, inmersas en disputas de poder con las fuerzas políticas y arrastrando importantes inercias de incapacidad institucional, se debaten entre la ineficiencia operativa, las dificultades para realizar labores de inteligencia, y la corrupción endémica, «que ha conducido inclusive a la confrontación directa entre las distintas agencias, interesadas en proteger clientelas delictivas contrapuestas».
Así, añadió, el «notable» aumento en la violencia del narcotráfico sería producto de un «esquema atomizado de fuerzas» donde, por el momento, las partes involucradas -el Estado y las bandas delictivas- «se aprecian incapaces de establecer nuevas condiciones hegemónicas que permitan contener la actividad ilícita de acuerdo con lo previsto por la ley.
«O, al menos, articularlas bajo criterios de operación estables, que no repercutieran necesariamente en una percepción social de inseguridad y riesgo, debido a los efectos del continuo derramamiento de sangre, favorecidos por las actuales condiciones de disputa», continuó. «Ello, al menos, mientras el poder hegemónico mundial continúe siendo, paradójicamente al mismo tiempo, el principal consumidor de drogas y el principal promotor internacional de un enfoque policial y coercitivo de las mismas».
El rector de la UAS, Héctor Melesio Cuen Ojeda, subrayó la importancia del compromiso social de las instituciones de educación superior y de investigación en ciencias y humanidades con la aportación de propuestas bajo el diagnóstico científico, el análisis metódico y el estudio de la experiencia histórica, y reconoció que, hasta ahora, en las universidades mexicanas se ha elaborado muy poca investigación científica sobre el narcotráfico, a pesar de lo grave de su impacto en el país.