Investigación y Desarrollo
30 de enero de 2009
Antimio Cruz
Si bien el país ya cuenta con un sistema científico y tecnológico maduro, así como con una ley federal en esta materia y programas especiales para investigación y desarrollo, todavía no es posible afirmar que existe una Política de Estado en ciencia, tecnología e innovación porque ninguno de los esfuerzos en esta área ha sobrevivido los cambios sexenales de gobierno, sostiene el Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCT).
El doctor Juan Pedro Laclette San Román, coordinador general del FCCT, sostuvo que el contexto mundial de crisis económica puede ser la gran oportunidad para que México por fin entienda que la innovación es la herramienta para volver a escalar posiciones en competitividad.
“Nunca las crisis toman a los países totalmente bien preparados, pero en este momento en México estamos en mejor forma. No debemos subestimar la profundidad de estos problemas, pero hay que mantener una mentalidad abierta hacia eventuales oportunidades de reposicionamiento que se presentan”, indicó el biólogo, quien fue director del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM y presidente de la Academia Mexicana de Ciencias.
“Desde mi punto de vista, la mejor manera de enfrentar este contexto es mantener una mente flexible. Hay que tratar de aprovechar la crisis para impulsar nuestra capacidad innovadora, que es uno de los temas centrales en la economía de todo el mundo durante 2009. Parece que el gobierno ha entendido el papel central que tiene que aprovechar el nuevo conocimiento. Si uno analiza la estructura presupuestal del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para 2009, el rubro de mayor oportunidad financiera es el de innovación”, indicó.
– Ya se tiene la Ley Federal para Ciencia y Tecnología, se han consolidado ramos presupuestales específicos y se presentó el Programa Especial para Ciencia, Tecnología e Innovación (Peciti). ¿Tenemos entonces ya una Política de Estado en la materia?, se preguntó al científico.
– Aún no. La Ley Federal la teníamos desde 2002 y aunque se mantiene vigente, no se ha cumplido el objetivo central de destinar el uno por ciento del Producto Interno Bruto a investigación y desarrollo. Por otra parte, los programas especiales también han existido con cada gobierno y unos han sustituido a otros. Pienso que podremos considerar que tenemos una Política de Estado en Ciencia y Tecnología cuando transitemos de un sexenio a otro y se mantengan los objetivos. Cuando el avance tenga alcance transexenal.
Falta gobernanza en la investigación mexicana
Interrogado sobre lo que se puede mejorar en este momento para construir la señalada Política de Estado en CTI, subrayó que hay que trabajar más en el problema de la gobernanza del sistema científico y tecnológico nacional.
A pesar de que la Ley considera algunos mecanismos para inducir esta coordinación, no se ha dado en la profundidad requerida. Por ejemplo, en el caso de los Fondos Sectoriales, donde las secretarías de Estado definen los objetivos y aportan la mitad del dinero, aunque los mecanismos están establecidos en la ley, en la práctica no ha habido coordinación suficiente y llega a ocurrir que de un año al siguiente cambien los objetivos, observó en entrevista.
“Un ejemplo ha sido el Sector Salud. En la convocatoria de hace cuatro años mencionaba una lista de seis objetivos sectoriales, entre los que estaba la prevención y control de la diabetes. Al año siguiente se aumentaron los objetivos sectoriales a una lista de nueve y al año siguiente otra vez cambió a seis. Creo que a muchos les ha costado distinguir entre objetivos de corto, mediano y largo plazo. Este es un ejemplo evidente de los problemas de continuidad.
– ¿Han fallado los criterios de evaluación del trabajo?
– No se pueden establecer los mismos indicadores de evaluación para todos. De cada objetivo se desprende un objetivo de evaluación diferente. Hay algunas áreas donde nuestro sistema tiene mejores mecanismos de evaluación, por ejemplo en la ciencia básica, donde están muy claros los parámetros de medición en base al número de artículos publicados en revistas especializadas y la cantidad de recursos humanos formados. El nuevo reto es generar otros indicadores para áreas como la de la innovación, donde ya se tienen que considerar temas como la propiedad intelectual, el número de patentes y los ingresos que esas mismas generen para las instituciones o los investigadores que las desarrollaron.
Otro de los temas donde Laclette expuso un reto pendiente es en el de la descentralización, pues indicó que aunque hoy prácticamente las 32 entidades cuentan con leyes o consejos estatales de ciencia, este discurso aún no se refleja en apoyo presupuestal.
En el tema de la descentralización hay derechos y deberes. Los estados han entendido bien el derecho que tienen para definir los objetivos en el tema de investigación y desarrollo, pero no han entendido del mismo modo la obligación que tienen para respaldar presupuestalmente los esfuerzos de innovación. Si la proporción de captación de impuestos es 70 por ciento federal y el resto estatal, se debería ver la misma proporción en inversión en CTI, pero hoy los estados invierten apenas el 5 por ciento.
– ¿Ha sido mayor el interés de la iniciativa privada?
– Yo creo que estamos en el camino. Se tienen estos tres fondos de apoyo directo a la innovación anunciados en enero por Conacyt. La pregunta es si estos van a ser realmente aprovechados para mejorar la productividad o como paliativos para sobrevivir a la crisis. Existe el riesgo de que no se usen adecuadamente para innovar, por eso se ha insistido en el otorgamiento de estos recursos únicamente cuando haya vinculación con los centros de investigación. Frecuentemente se habla de la triple hélice. Ahora tendremos que mostrarla en acción.