La Jornada
7 de octubre de 2006
Gustavo Leal F.*
El 23 de enero -con el «estilo» legislativo que caracterizó al foxismo- el consejo directivo de la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior (FIMPES) denunció la veloz aprobación senatorial de una iniciativa que, sin consulta ni consenso, «pretende encubrir a los responsables de un grave daño a la educación mexicana».
Para FIMPES «si, como el Senado señala, existen universidades privadas y públicas de muy baja calidad académica, esto se debe única y exclusivamente a que las autoridades educativas, sobre todo a nivel estatal, han incumplido con sus obligaciones en aplicar la ley». Por ello exigió a los diputados «detengan este proyecto demagógico e inconstitucional, y expliquen a las autoridades educativas el cumplimiento escrito de sus obligaciones».
Pero no sólo incumplen las autoridades educativas: también lo hacen consistentemente las de la Secretaría de Salud (Ssa). Baste considerar que en cinco años (2001-2005), el Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas apenas ha aceptado 21 mil 478 médicos para que se especialicen, excluyendo a 83 mil 968, aunque -gracias a Frenk y Soberón- el Consejo Mexicano de Acreditación de la Educación Médica presuma haber dedicado todo un sexenio a «acreditar» la «buena calidad» de 36 programas de estudios (COPAES, Reforma, 28/5/06). Claro que la Ssa aún no se atreve a meter las manos en ningún establecimiento de «muy baja calidad académica», como gusta decir FIMPES.
Aunque hay excepciones, buena parte de esa labor acreditadora se ha realizado con el encandilado «empuje» de las autoridades universitarias respectivas, y frente a la sorpresa, desconocimiento o inconformidad del profesorado a cargo de los programas de estudio.
Hay hasta el caso de «orgullosas» autoridades que ya contabilizan como «su» meta de gestión el número de acreditaciones «ganadas», a pesar de que por la ejecución del principio de la autonomía no hagan mucho. Para ellas todo queda en cumplir los «indicadores de evaluación externa» que impone el «patrón» y «dueño» del presupuesto: la Secretaría de Educación Pública (SEP), con escasa consideración de las necesidades reales del estudiantado y, sobre todo, las de los esperanzados ciudadanos que, vía impuestos, financian esos presupuestos aspirando ver auténticas universidades autónomas y no réplicas a escala de la SEP.
Porque como señala FIMPES, ninguna ley puede fijar un «doble rasero» para la enseñanza superior, pues pública o privada «debe someterse a sistemas profesionales de evaluación y certificación, sin que eso signifique estigmatizarla». Por ello solicitará a la SEP un diagnóstico que esclarezca cómo y quiénes aprobaron la certificación de instituciones que no cumplen con las condiciones de calidad, ya sea por autoridades federales o estatales, responsables de otorgar el Reconocimiento Oficial de Validez de Estudios o la certificación.
Y es que, en materia de educación superior, el saldo del foxismo no puede ser peor. Bajo la «conducción» de Reyes Tamez Guerra, hoy es casi un lujo: sólo 20 de cada 100 jóvenes -de entre 18 y 24 años- están matriculados; dos de cada 100 disponen de un crédito y seis de cada 100 tienen beca. Además, según los expertos, la meta foxista para ampliar la cobertura a 28 por ciento «no se alcanzará»: la matrícula pasó de un millón 900 estudiantes en el año 2000, a 2 millones 300 al iniciar el actual ciclo, 200 mil lugares abajo.
Según la Academia Mexicana de Ciencias, con Vicente Fox el sector privado se ha expandido hasta en 400 por ciento, mientras el público «no crece». Sin embargo, apenas el 10 por ciento de esas instituciones privadas dispone de certificaciones de calidad.
Aun así, el Senado aprobó en abril la creación del Sistema Nacional para la Evaluación de la Educación y del Sistema Educativo (SNEESE), mediante el cual el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación revisará «todos» los niveles de educación, así como la «idoneidad» y formación de los docentes. Ahora toca el turno a los diputados.
El pasado marzo, Ruth Colins-Nakai -presidenta de la Asociación de Médicos Canadienses- observó que «está claro que tanto Canadá como Estados Unidos sufrirán de escasez de médicos en el futuro y, por el contrario, México tiene una sobrepoblación». Toda vez que ambos países ya cuentan con la misma acreditación para sus escuelas de medicina, para lograr el libre tránsito que establece el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, agregó: «Esperamos que el Colegio Médico de México tome la iniciativa de demostrar que el nivel de los médicos mexicanos es equivalente al nuestro: nos preocupa que tengan el mismo nivel de entrenamiento».
Y, ¿cómo podrá «demostrar» este requerimiento el Colegio Médico de México? Además de homologar títulos y certificaciones, la SEP del foxismo cree disponer de una solución muy precisa: el desarrollo de «competencias» en los alumnos para que les incremente sus «actitudes, aptitudes, habilidades, energías y valores». Muy bonito y «avanzado», ¿no?
Frente a los gobiernos «eficientes» y «evaluadores» que desde 1989 abdican de la conducción responsable de una política integrada de educación superior (como puntualizan los pronunciamientos de ANUIES, Reforma, 24/10/04), el nuevo gobierno de 2006 deberá sacudirse inmediatamente un SNEESE que -al igual que la «nueva» Ley de Radio y Televisión- sólo perpetúa intereses transexenales.
Y como en muchos otros casos -a diferencia del soberonismo foxista, que sólo propaló una demagógica «democratización» de la salud- ese nuevo gobierno deberá, también, llenarse de imaginación para proponer la currícula viable del médico que el país necesita.
* Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco