Academia Mexicana de Ciencias
Boletín AMC/196/11
México, D.F., 4 de octubre de 2011
- Hay que generar una cultura de la denuncia
- Crear elementos para que los migrantes no sean víctimas de bandas organizadas
- Manuel Ángel Castillo, integrante de la Academia Mexicana de Ciencias (AMC).
Foto: AMC
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Al asegurar que los migrantes no ponen en riesgo la seguridad del Estado, el investigador Manuel Ángel Castillo, afirma que las autoridades mexicanas tienen retos importantes que resolver, como es la generación de una cultura de la denuncia y encontrar la fórmula que resuelva el tema de los riesgos de la migración.
El integrante de la Academia Mexicana de Ciencias sostiene que la comisión de abusos y de violaciones a los derechos humanos es algo que afecta al país en su conjunto al igual que a nacionales como a extranjeros por lo que se tiene que garantizar el respeto y vigencia de los derechos de las personas.
En el caso de los migrantes, aseguró, el tema es de desventajas muy marcadas y significativas porque las prácticas constantes reflejan que no se respeta el derecho a la denuncia y en más de las ocasiones cuando estas personas se atreven a denunciar son objeto de represalias, no se reconoce la justicia y menos aún la reparación del daño.
Entrevistado en El Colegio de México donde se desempeña como Profesor-Investigador, Manuel Ángel Castillo asegura que en el tema migratorio se han propuesto algunas iniciativas que tendrían el objeto de, al menos, proveer a los migrantes de algunos elementos que ayuden a prevenir que sean víctimas de las acciones de delincuentes y sobre todo de las bandas organizadas.
Sin embargo, reconoció que aún no se han encontrado los mecanismos que permitirían conciliar, entre otras cosas, los principios de ley, las obligaciones del Estado y la regulación apropiada del ingreso de personas a territorio nacional y, al mismo tiempo, asegurar que éstas estén debidamente protegidas.
En ese aspecto, afirmó que otro problema es la confusión de algunas dimensiones como el hecho de seguir pensando que la migración es sólo un tema de seguridad y agregó que en todo caso, la seguridad tiene que ver más con la de los propios migrantes.
Y en ese renglón sostuvo que los migrantes no ponen en riesgo la seguridad de la nación como se ha dicho, incluso en la Ley; los migrantes –dijo–, no ponen en riesgo la seguridad del Estado y tampoco ellos son un problema de seguridad pública; son, en todo caso, víctimas de la problemática de seguridad y su vulnerabilidad se ha incrementado en la medida en que las políticas son cada vez más restrictivas.
Esas políticas de endurecimiento lo que han hecho es convocar a actores que les ofrecen protección y medios para lograr su objetivo, pero bajo condiciones cada vez más riesgosas, de vulnerabilidad y entonces la violencia ha escalado; de ahí que las prácticas de los secuestros y las masacres sean producto indirecto de políticas restrictivas, aseguró.
Los migrantes son víctimas porque se tolera no sólo la actuación de bandas criminales sino de autoridades que se coluden con esos grupos delictivos, no hay sanción, ni prácticas punitivas de acuerdo con la Ley para los verdaderos actores responsables de las prácticas criminales, lo que genera caldo de cultivo para la impunidad, dijo.
Manuel Ángel Castillo agregó que la impunidad subsiste, se incrementa y en la actualidad, es una invitación para que se sigan cometiendo actos criminales, abusos, violaciones porque se ha demostrado que a los responsables no les pasa nada.
Resaltó que las autoridades no saben qué hacer al respecto, pues no encuentran como conciliar las obligaciones de Ley, las responsabilidades del Estado en su conjunto y las garantías de los derechos de las personas.
Se refirió a la masacre de San Fernando, Tamaulipas y sostuvo que en ese asunto toda la crítica se volcó sobre el Instituto Nacional de Migración al que se le reclamó por que no había sido capaz de prevenir y controlar ese tipo de fenómenos.
Sin embargo, añadió que la función de ese organismo es la de controlar y verificar la situación de los extranjeros en territorio nacional, pero la vigilancia de operación de badas criminales, bandas organizadas, delincuencia en todos los temas no es una función del INM, sino de las instituciones de seguridad.
Bajo esas circunstancias señaló que no es la Secretaría de Gobernación la instancia articuladora en el tema de los migrantes que plantea, además de aspectos de seguridad, otros que tienen que ver con la salud, la educación, el desarrollo social, el trabajo, entre otros, y propuso volver a las instancias colegiadas, la creación de un mecanismo intersecretarial que como mínimo pueda tomar o decidir políticas integrales coordinadas, es decir políticas de Estado en materia migratoria.
Resaltó que se tiene que volver a la institucionalidad del Estado, en tanto garante de la seguridad de las personas que se encuentran en su territorio, y en ese caso, los migrantes constituyen una población sumamente vulnerable, que se han convertido en cotos de caza de delincuentes y de cualquiera que ostente algún tipo de autoridad (que porte un gafete, “una charola”), pues hasta hace unos años los únicos autorizados para pedir documentos a los extranjeros eran los agentes migratorios y más recientemente la Ley también facultó a hacerlo a la Policía Federal; pero en la práctica, cualquier agente se siente con el poder y la autoridad para detener migrantes.