Academia Mexicana de Ciencias
Boletín AMC/093/09
México, D. F., 8 de julio de 2009.
- Así lo señaló Emilio Ribes Iñesta, investigador de la Universidad de Guadalajara, en la Revista Ciencia de la AMC
- En la universidad mexicana la investigación no sólo está separada de las funciones de docencia, sino que se le contempla como una actividad complementaria, indicó
- Los requisitos para ingresar a programas de estímulo y apoyo selectivos del personal académico han propiciado la proliferación de doctores y doctorados de dudosa sabiduría y calidad
- En la universidad mexicana la investigación no sólo está separada de las funciones de docencia, sino que se le contempla como una actividad complementaria.
Foto: AMC
Es lamentable que en las universidades mexicanas la investigación no sólo esté separada de las funciones de docencia, sino que se le contempla como una actividad complementaria, a la que se destinan los recursos sobrantes después de apoyar las pequeñas “factorías certificadoras” en que se han convertido las licenciaturas, afirmó Emilio Ribes Iñesta, investigador del Centro de Estudios e Investigaciones en Comportamiento de la Universidad de Guadalajara.
El académico señaló que a pesar de que en las legislaciones universitarias se contempla la obligatoriedad de la investigación para todo el personal académico de carrera, en ninguna universidad mexicana se establecen las condiciones y circunstancias en las que puede realizarse.
Tampoco sorprende, dijo, que los apoyos financieros destinados a la investigación nunca sobrepasen el 20 por ciento del presupuesto global y que, en muchas instituciones, ni siquiera se prevean formalmente.
En su artículo La Investigación en la Universidad Pública, presentado en la Revista Ciencia, órgano de difusión de la Academia Mexicana de Ciencias, el académico subrayó que la universidad, como institución inteligente, sólo puede enseñar en la medida en que investigue y reflexione sobre el conocimiento producido en ella y por otros.
No obstante, con el establecimiento de las políticas federales de control de evaluación, desde 1988, el profesor y el investigador son considerados fuerza de trabajo, cuyo resultado se mide con el número de egresados, la llamada “eficiencia terminal”, y el número de patentes, publicaciones o presentaciones en eventos de carácter científico, precisó Ribes Iñesta.
La asignación de presupuestos institucionales y remuneraciones individuales, indicó, se basa en criterios de “calidad” evaluados bajo el rubro engañoso de “productividad académica”, lo que promueve que se invierta más en las instituciones e individuos más rentables, limitando o retirando los recursos a aquellos considerados “improductivos”, lo que ha fomentado la simulación, la corrupción y el derroche de recursos.
Los requisitos para ingresar a programas de estímulo y apoyo selectivos del personal académico ha propiciado la proliferación de doctores y doctorados de dudosa sabiduría y calidad, a la vez que ha promovido la asistencia indiscriminada a cursos, talleres y congresos, así como la realización de investigaciones de cuestionable pertinencia y rigor, y la consiguiente compulsión por publicar incluso lo impublicable, bajo el lema de “publish or perish” (publicar o morir), explicó el psicólogo experimental y doctor en filosofía.
Para Emilio Ribes, la llamada “cultura de la evaluación”, institucionalizada ya en la forma de centros y organismos nacionales con funciones normativas, ha consolidado la hiper-regulación de las instituciones de enseñanza superior y ha fomentado una nociva política de certificación al interior de las universidades.
Detalló que el desarrollo de la electrónica y la informática ha detonado una revolución tecnológica en el almacenamiento, reproducción y distribución del conocimiento, lo que ha creado un espejismo de que es fácilmente asequible para todos.
Sin embargo, añadió, la realidad es que la proporción de países y de personas que pueden acceder a las condiciones genuinas para crear, apropiarse de y utilizar el conocimiento, es cada vez menor y los centros de conocimiento están vinculados, regulados y dirigidos por los grandes círculos de poder político y financiero.
El sistema educativo se ha beneficiado marginalmente de los avances tecnológicos del mundo de la información, puntualizó Ribes Iñesta, debido a que la simple incorporación de nuevas tecnologías ha sido insuficiente para mejorar la calidad de la educación y, por el contrario, aumentó la brecha entre los que tienen y los que no tienen acceso a ellas.
En opinión del investigador, actualmente la educación es contemplada como una inversión, en el contexto general del desarrollo económico, y en los niveles medio-superior y superior se pretende subordinar las funciones y propósitos a las necesidades de los sectores productivos y financieros, considerados prioritarios por el sistema económico-político dominante.
A pesar de las circunstancias adversas que limitan el desarrollo de la universidad pública mexicana, precisó, ésta no sólo atiende a un alto porcentaje de la población estudiantil, sino que también es responsable de la mayor parte de la investigación científica que se realiza en México, por lo que es imperioso reflexionar sobre el papel decisivo que debe asumir la investigación como eje vertebrador de la función de la universidad como espacio de conocimiento.
Por ello, el especialista recomendó que para consolidar la investigación como una práctica sustantiva, es necesario revisar y modificar a fondo la vinculación de ésta con la enseñanza y los criterios de evaluación, además de la relación de la investigación científica con la sociedad.
“Debemos reconocer la responsabilidad que tenemos en la transformación de las políticas que han impuesto a la universidad pública, y el resultado que ello puede tener en la vida general del país”, concluyó Ribes Iñesta.