El Universal
28 de septiembre de 2011
Natalia Gómez
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En el DF hubo protestas a favor del aborto
La Academia Mexicana de las Ciencias (AMC) se manifestó ayer contra las reformas constitucionales de Baja California y San Luis Potosí, en las que se protege el derecho a la vida desde la concepción, y llamó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a «reflexionar sobre las graves consecuencias de declarar la validez de estas normas».
En un desplegado, la Academia sostiene que tales leyes significan “una violación de los principios del Estado laico y una amenaza contra la racionalidad del sistema jurídico nacional”.
Agrega que en lo científico representan una “incompatibilidad flagrante entre el concepto moderno, multifacético y complejo de lo que es un ser humano y la simplista, arbitraria y poco informada definición de la vida humana”.
De acuerdo con la AMC, en lo práctico es una “maniobra insidiosa para penalizar de modo tajante y obtuso a las mujeres de México y a los médicos involucrados”.
Posiciones divergentes
En contraste, más de 35 organizaciones de la sociedad civil demandaron a la SCJN apoyar la decisión ciudadana de plasmar en su Constitución el respeto a la vida desde la fecundación.
En el marco del foro Querétaro por el Derecho a la Vida que realizaron para celebrar el segundo aniversario de la reforma constitucional que protege el derecho a la vida, cuestionaron el porqué, pese a que existe una reforma a la Constitución en materia de derechos humanos, algunos poderes niegan la protección al derecho a la vida.
El especialista José Antonio Sánchez Barroso dijo que “es falso que los artículos impugnados pretendan restringir los derechos de las mujeres. El espíritu de los textos constitucionales es totalmente acorde a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos humanos”.
Explicó que el constituyente no establece como condición para el ejercicio del derecho a la vida limitación alguna a los derechos de las mujeres.
Sostuvo que a partir de las recientes reformas en materia de derechos humanos los tres niveles de gobierno están comprometidos a realizar esas acciones de acuerdo con sus competencias.
El derecho a la vida, agregó, es un bien máximo reconocido por la Constitución, por lo que la Corte deberá hacer un exhaustivo análisis jurídico sobre el tema.