Investigación y Desarrollo
31 de julio de 2008
Tras seis años de existencia, pues fue creado de cambios de la ley en la materia, el Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) se ha posicionado como un referente en el acercamiento de las posturas entre actores políticos, académico-científicos y empresariales. Si bien su labor gestora ha logrado resultados importantes, aún no se han logrado alcanzar determinadas metas prioritarias, como la consolidación de una Política de Estado en la materia.
Esa tarea la encabezará en el Foro el doctor Juan Pedro Laclette San Román, quien fue electo coordinador general en sustitución del doctor José Luis Fernández Zayas, que concluyó su periodo.
Con la elección del ex presidente de la Academia Mexicana de Ciencias y exdirector del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM para el periodo 2008-2010 se dio a conocer su Plan de Trabajo, en el que enlista las prioridades a seguir en su gestión.
El impulso a la innovación e incorporarla a manera de elemento primario en la actual Ley de Ciencia y Tecnología y, aún más importante, como parte de la actividad económica nacional es uno de los ejes rectores que se mantendrán en las actividades del Foro, de acuerdo a su propuesta. También se suma la promoción de una “verdadera” Política de Estado en materia de ciencia y tecnología, así como el análisis de los programas gubernamentales referentes al quehacer científico, de innovación y recursos humanos, entre otras actividades.
Sobre el Plan de Trabajo presentado al pleno del FCCyT, Laclette San Román apuntó que se trata de un “planteamiento inicial” a realizar, el cual será puesto a discusión y consenso entre los miembros de la Mesa Directiva a fin de obtener una versión definitiva en los primeros 60 días de su gestión.
En su Plan de Trabajo reconoció el papel que ha desempeñado el Foro en asuntos como el acercamiento con instancias de gobierno para obtener mayor presupuesto en materia de ciencia y tecnología o el “valor estratégico” de la colaboración con instancias igualmente interesadas en estos rubros. Entre ellas cita a la Asociación Mexicana de Directivos de la Investigación Aplicada y Desarrollo Tecnológico (ADIAT), Red Nacional de Consejos Estatales de Ciencia y Tecnología (Rednacecyt), Coordinadora Nacional de las Fundaciones Produce (Cofupro) y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), con las que se han organizado reuniones para propiciar el desarrollo regional en el interior de la República.
Entre los “asuntos prioritarios” que enlistó, figura la iniciativa de reforma a la Ley de Ciencia y Tecnología para convertirla en la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación. Con ello, según estipula en su propuesta, se pretende propiciar una vinculación más robusta entre la comunidad científica y tecnológica con el sector productivo, además de fortalecer los programas en materia de innovación. Igualmente, se hace hincapié en lo infructuoso que resultaría realizar una ley ex profeso para la innovación, como lo proponen otras iniciativas, pues “su desvinculación con la generación de conocimiento produciría un fracaso de esa política pública”.
En lo que toca al gasto federal destinado a la ciencia, tecnología e innovación, el doctor Laclette San Román calificó de plausible la participación que hasta ahora ha mantenido el FCCyT con los actores relacionados al Presupuesto de Egresos, y cuyo mayor resultado se obtuvo el año pasado con la aprobación del aumento de 18 puntos porcentuales al presupuesto federal de 2008 en ciencia y tecnología. Sin embargo, apuntó, ese incremento fue resultado de muchos factores y debe ser considerado como un paso en la búsqueda de una inversión ideal en el rubro, que incluso deberá alcanzar a mediano plazo entre 2 y 3 por ciento del Producto Interno Bruto.
De hecho, en el apartado de Asuntos de Fondo para el FCCyT de su Plan de Trabajo, se manifiesta que para alcanzar esas cifras en el gasto público destinado a la ciencia y tecnología se requiere establecer a la brevedad un programa “realista” de aumentos periódicos, en el que se incluya gradualmente la inversión privada y esté sujeto a un esquema federalista. Para ello, es menester una serie de “acuerdos programáticos mínimos y necesarios” entre los actores involucrados en la competitividad y productividad de la economía, a fin de consolidar una Política de Estado en Ciencia y Tecnología pertinente a la actualidad nacional.
En el rubro de estímulos a la innovación, expuso que si bien se han realizado esfuerzos para promoverlos a través de los programas del Conacyt (Ultima Milla, Emprendedores, Idea, Estancias sabáticas, Redes de Innovación, Fondos de innovación tecnológica, Estímulos Fiscales y Redes y consorcios), lo cierto es que se trata de un tema en el que México aún presenta rezagos, asociados a una desproporción de los recursos destinados a esta actividad, por lo que es precisó “desplegar un mayor esfuerzo” en el análisis de estos programas sin descuidar otro tipo de investigación.
De hecho, propuso al FCCyT como una de las entidades encargadas de proponer e impulsar reformas a las Reglas Generales para la Aplicación del Estímulo Fiscal a los Gastos e Inversiones en Investigación y Desarrollo Tecnológico, a fin de que se requiera a las empresas solicitantes la integración de maestros y doctores o el establecimiento de vínculos con instituciones de investigación. Asimismo, estimó necesario promover el acceso a los estímulos fiscales por parte de las pequeñas y medianas empresas, toda vez que se tratan de las principales proveedoras de empleo en el país.
La propuesta que en materia de recursos humanos maneja el Plan de Trabajo del coordinador general del FCCyT enfatiza el requerimiento de generar maestros y doctores a escala nacional. En ese sentido, refiere que si bien existe un total de 5 mil 168 programas de posgrado en la actualidad, de los cuales mil forman parte del padrón reconocido por el Conacyt, la tendencia señala que para el 2012 se formarán alrededor de 3 mil nuevos doctores, una cifra insuficiente para las necesidades del país.
Bajo ese esquema, documenta que el análisis de la operación y convocatoria del Programa de Fortalecimiento del Posgrado Nacional, realizado por el FCCyT, concluyó que la certificación de los planes de estudio de ese nivel educativo debe dejar de ser exclusivo del Conacyt y la Secretaría de Educación Pública, por lo que Laclette San Román plantea que también se incluyan en esa tarea a organismos como la ANUIES y el Consejo Mexicano de Estudios de Posgrado, con el objetivo de aumentar el ritmo de la “revisión constructiva” de posgrados y se pueda obtener un mayor número de programas de alta calidad y productividad.
Finalmente, en cuanto a la estructura del FCCyT, su nuevo coordinador general considera que a pesar de tener una buena representación por parte de las instituciones de educación superior (ANUIES, UNAM, IPN, Cinvestav), el organismo requiere establecer mejores “vías de comunicación” con el mayor número posible de instituciones de educación superior públicas y privadas, sobre todo del interior del país. Un esfuerzo de acercamiento similar debe suceder con el sector productivo, que a la fecha es el más distante. “La detonación de la investigación, desarrollo e innovación precisa la inclusión de todos sus potenciales actores”, concluye.