La Jornada
27 de febrero de 2007
Jesús Aranda
Se suma a los seis ministros que consideran inconstitucional la ley del ISSFAM
Rechaza el pleno la petición de Azuela para realizar nuevas pruebas a los militares infectados
El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, se sumó ayer a la opinión de seis de los 11 integrantes del pleno que han dicho que la Ley del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFAM) es inconstitucional. Precisó que el artículo 226 de la citada legislación viola la Carta Magna al considerar que el padecimiento de una enfermedad o el ser seropositivo es causal de baja en el servicio por »inutilidad».
Al continuar la discusión de los 11 amparos interpuestos por soldados en contra de la ley del ISSFAM que los declaró »inútiles» por estar contagiados de VIH, los ministros dieron un paso adelante en la resolución de los asuntos, al rechazar (por ocho votos a tres) la petición de Mariano Azuela -secundada por Sergio Salvador Aguirre y Genaro Góngora Pimentel- para que el pleno ordenara nuevas pruebas periciales que determinaran si los quejosos eran inútiles para el servicio. De haber prosperado la propuesta, la resolución de los amparos se habría retrasado varios días.
En la sesión hubo también la petición expresa de Góngora Pimentel y de Aguirre Anguiano de sobreseer dos amparos interpuestos por soldados que ya fallecieron de sida; sin embargo, el ministro presidente les dijo que eso se determinará cuando el pleno analice cada demanda de amparo por separado, a partir de hoy.
Al fijar su postura, Ortiz Mayagoitia aseveró que »la única causal constitucional que hemos admitido como justificante de la baja es la inutilidad en el servicio y no el padecimiento de enfermedades». En la sesión del jueves pasado, José Ramón Cossío, Olga Sánchez Cordero, Juan N. Silva Meza, Margarita Beatriz Luna Ramos, Fernando Franco y José de Jesús Gudiño Pelayo se manifestaron abiertamente por conceder el amparo a los quejosos.
Y es que el artículo 226 de la ley del ISSFAM, que contiene las 220 enfermedades que producen inutilidad, sostuvo, viola la Carta Magna al prever que la sola existencia de la enfermedad o ser seropositivo es suficiente para cesar al militar; en cambio, el artículo 172, referente a »enfermedades contraídas» exige un dictamen pericial de dos médicos militares que justifique la relación entre el mal y la inutilidad para que proceda la baja.
De inicio, Góngora convalidó los argumentos de la procuraduría militar de que »las condiciones en que se desarrolla el servicio de las armas es incompatible con el tratamiento adecuado» que debe recibir un soldado para seguir en activo.
Está claro, añadió, que »estamos frente a un impedimento en detrimento del resto del personal que se verá afectado al cubrir el servicio que su compañero infectado no desempeñó, originándose a su vez problemas de animadversión entre ellos, en perjuicio del espíritu de cuerpo en el que se sostiene gran parte del funcionamiento de las fuerzas armadas».
Los argumentos de la Secretaría de la Defensa Nacional se escucharon en voz de Góngora, quien dijo que había medicamentos contra el VIH como el efavirenz y el abacavir, que producen »efectos colaterales», como mareos, diarreas, náuseas, somnolencia, insomnio, fatiga, dolor de cabeza, etcétera. Con esto, el ministro argumentó su »preocupación» por la capacidad física y mental que puede tener un soldado en esas condiciones. Criticó también el informe de la Academia Mexicana de Ciencias, leído el pasado martes por Cossío, en el que se demuestra que una persona seropositiva puede continuar en las fuerzas armadas bajo el tratamiento médico adecuado.
Cossío le reviró y lo criticó por desestimar lo señalado por la academia, y en cambio darle todo el valor probatorio a lo expresado por la autoridad militar.
Casi al término de la sesión, Azuela Gí¼itrón habló durante casi una hora para pedir a sus pares abordar el asunto desde un punto de vista jurídico y constitucional, y no »académico», en clara alusión a Cossío. Asimismo, demandó que la Corte solicite nuevas pruebas periciales antes de que el pleno tome una decisión. Jesús Gudiño Pelayo le recordó que ese tema ya había sido superado.