La jornada
28 de marzo de 2011
Carolina Gómez Mena
La ley abre la puerta a la IP para manejar el líquido: académicos
La Ley de Aguas Nacionales (LAN), publicada en 1992 y reformada en 2004, no sólo presenta «muchos huecos y lagunas inaceptables», sino que también es un «problema» para la administración del líquido en el país, particularmente por ser una normativa de difícil comprensión, que abre paso a la «discrecionalidad y corrupción», además de que no existe un reglamento que refleje las modificaciones realizadas.
Lo anterior fue planteado durante la presentación del libro El agua en México: cauces y encauces, una investigación en la que participaron 75 autores de 27 instituciones educativas por convocatoria de la Academia Mexicana de Ciencias (AMC).
Rodrigo Gutiérrez Rivas, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), detalló que en el último capítulo de la obra se hace un análisis del régimen jurídico del agua y se plantea que es muy complejo, pues existe “una maraña de normas e instituciones” por lo cual incluso para un experto en la materia es difícil saber cuáles son las instituciones facultadas para regular el agua en el país.
Durante su intervención indicó que la LAN tiene “lagunas inaceptables” y que “no es posible que nuestra ley no tenga reglamento; los abogados no entendemos cómo está funcionando el régimen jurídico del agua”. La- mentó que en dicha ley “no esté incorporado el tema del derecho fundamental al agua”, al menos no de manera explícita, y agregó: “estamos incurriendo en responsabilidad internacional al no armonizar nuestra ley en relación con los pactos que el Estado mexicano ha celebrado”.
Criticó también la existencia de una “falsa descentralización”, así como los tímidos espacios que la ley otorga a la participación ciudadana en la gestión del agua. Especificó que en el capítulo que coescribió con María Silvia Emanuelli Panico, responsable de asuntos jurídicos de la Coalición Internacional para el Hábitat, de la oficina regional para América Latina, se establece que la referida ley es “muy limitada en relación con la democratización de la gestión del agua”, y en cambio presenta una “descarada apertura a la iniciativa privada para la gestión del recurso”.
Felipe Arreguín Cortés, subdirector general técnico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) –dependencia que coeditó el libro–, también criticó la LAN: “es un problema en el país, pues tiene muchos espacios y huecos que dificultan la administración del líquido… Incluida la corrupción, un problema que está latente aquí”.
En el capítulo tres, denominado Retos del agua, en el cual Arreguín Cortés es uno de los seis autores, se concluye que “se debe elaborar una nueva Ley de Aguas Nacionales”, sobre los principios de que “el agua es un bien vulnerable y finito, con valor social, económico y ambiental; es un elemento estratégico para el desarrollo por lo que su conservación, preservación, protección y restauración en cantidad y calidad, y es asunto de seguridad nacional”.
Además, se deben “incrementar los recursos presupuestales y financieros para el sector, fortalecer la capacidad institucional de la Conagua, impulsar el proceso de descentralización, reforzar a las asociaciones de usuarios del agua e incrementar la participación del sector en el concierto internacional”.
En el libro, presentado en el Instituto de Ecología de la UNAM, se precisa que la LAN se publicó en el Diario Oficial de la Federación el primero de diciembre de 1992, y en 2004 se reformaron 114 de sus artículos, se adicionaron 66 y se transformaron varios de sus títulos y capítulos. Se indica que “se trata de una norma cuya técnica legislativa es cuestionable y que relaciona de forma entreverada a las distintas entidades que gestionan el agua así como los distintos usos de la misma. Esto hace que la principal ley en la materia sea de muy difícil comprensión”.