El Universal
3 de febrero de 2012
José Sarukhán
José Sarukhán
Licenciatura en Biología por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en 1964. En 1968 obtuvo la maestría en Botáni…
Entre los países con una larga historia de colonización y una corta tradición científica como el nuestro, México ha experimentado en el último cuarto de siglo un desarrollo de su capital humano e institucional en el área ambiental, en especial el referente a sus recursos naturales. Muy pocos países han avanzado en ese tiempo como México en sus instrumentos legales y programáticos en relación con problemas que afectan el cambio ambiental global: la pérdida de los ecosistemas -;y los servicios ambientales que nos proveen-; y el cambio climático.
Por ello es importante mencionar que nuestra Cámara Alta remitió a la de Diputados la iniciativa de una Ley General de Cambio Climático para su revisión y eventual aprobación. Que se haya estructurado esta iniciativa en el Senado con la concurrencia de diversas propuestas de los diferentes grupos parlamentarios constituye un hecho importante en la historia de las iniciativas de ley en nuestro país, pues toca un tema en especial importante y decisivo del futuro del país y, desde luego, del mundo.
Con esta iniciativa de ley se contaría con un marco legal que coordina y sistematiza, de manera congruente, las políticas públicas, los planes, programas y acciones requeridas para disminuir la contribución mexicana al cambio climático y enfrentar de mejor manera las consecuencias del mismo. Quedaría constituida así una política de Estado al respecto y pondría algunas bases sólidas para encaminar a la nación hacia un desarrollo sustentable.
Un notable atributo de la propuesta de ley es que no restringe su enfoque solamente al cambio climático, sino que cubre el espectro del cambio ambiental global, tomando en consideración las afectaciones a los ecosistemas del país y las interacciones entre éstos y la emisión de gases con efecto de invernadero. Esto es afortunado y resulta sin duda de la sensibilización de un grupo de legisladores a la gran cantidad de información científica disponible a escala global y para nuestro propio país.
Hay en la legislación un claro establecimiento de competencias de los tres niveles de gobierno, lo que constituye un importante avance en la asignación de responsabilidades de las instancias gubernamentales, aunque hubiese sido bueno evitar la sectorización que aún permanece en la forma que deben atenderse diversos asuntos que requieren una atención integrada. Se establecen legalmente instrumentos de planeación como son la Estrategia y el Programa Especial sobre Cambio Climático, los cuales se requiere que sean elaborados de forma transversal entre los sectores cuyos programas deberán alinearse a estos instrumentos. La propuesta de ley establece un fondo de apoyo económico con el objeto de captar y canalizar recursos financieros públicos y privados para apoyar la implementación de acciones para enfrentar el cambio climático. Finalmente, se definen diversos criterios para evaluar los resultados de la aplicación de las políticas en la materia.
No hay duda de que esta propuesta de ley debe ser considerada por la Cámara de Diputados en toda su importancia y debe recibir una atención que asegure que podrá ser aprobada en este último periodo de sesiones de la actual Legislatura.
Sin embargo, lo que no se ha evitado en esta muy importante propuesta de ley es la omnipresente “válvula de escape” de muchas de nuestras leyes. Al parecer, de último momento ocurrió alguna negociación que permitió la introducción de una adición al artículo 29, la fracción XIV, que permite “acotar” lo establecido en la ley por “razones de protección de la competitividad económica del país” ¿Quién juzgará lo razonable y justificable de esas “razones” de manera que intereses de particulares o de grupo no hagan nugatoria esta importante ley? ¿O tendremos otra ley que nace con letra muerta?
Investigador emérito de la UNAM y coordinador nacional de la Conabio