El Universal
1 de diciembre de 2009
Enrique Davis Mazlum
Sólo entendiendo al Estado laico podemos entender las razones por las que hay que dejar las creencias y la vida personal de los gobernados fuera del ámbito de influencia de las políticas públicas. Se ha estado escribiendo y comentando sobre el bicentenario de la Independencia y el centenario de la Revolución, pero poco sobre los 150 años de las Leyes de Reforma expedidas por el presidente Juárez.
El 4 de diciembre de 2010 se cumplirán 150 años de que se estableció la libertad de culto, lo que puede resumirse en una frase: “Separación de Iglesia y Estado”. Esta visión permitió durante años que se respetaran las creencias de cada persona sin un Estado que impusiera un culto religioso. A partir de esa fecha México ha sido un Estado laico.
Uno de los grandes problemas en el siglo XXI es que el Estado laico se ha visto vulnerado, dado que se ha permitido que posturas de una determinada religión dicten iniciativas de ley, como ha sido la penalización a las mujeres que deciden no continuar con el embarazo después de ser violadas o por malformación del producto o incluso cuando está en riesgo su propia vida.
Manuel Jiménez Guzmán dice que “el laicismo no es antirreligiosidad; al contrario, es la salvaguarda, la garantía, para que todos podamos convivir sin ser perseguidos por las ideas que profesamos”. Ha habido argumentos que intentan ser justificativos al decir que la mayoría de los mexicanos son católicos, practicantes o no, y que por esta razón se deben imponer las ideas del catolicismo en las leyes nacionales.
Es esta visión la que se queda corta, ya que debemos entender que un gobernante, un funcionario o un líder deben gobernar para todos y no sólo para las mayorías. Las creencias de los grupos indígenas, católicos, judíos, musulmanes, cristianos, agnósticos, sikhs, ateos, entre otras tantas creencias, tendrán puntos de vista en los que convergen y otros en los que no comulgan, pero debemos ser tolerantes, respetar a cada uno de ellos. Es bajo este punto de vista donde se da la oportunidad para decidir qué hacer, no imponer.
Permitir que las personas tomen decisiones como decidir quién los va a gobernar o si van o no a la iglesia es un concepto inamovible dentro de un Estado democrático. Cuando se imponen creencias a las personas y se tiene una religión que directa o indirectamente dicta reglas para que las siga un gobierno en turno, deja de ser una democracia: “La democracia es laica o no es democracia”.
En más de 17 estados del país se ha legislado para prohibirle a la mujer decidir si interrumpe un embarazo e incluso sancionarla penalmente. Los representantes deben legislar para las mayorías, pero defender a las minorías, ya que deben gobernar para todos. De acuerdo con la Academia Mexicana de Ciencias, se advierte que las medidas referentes a no aprobar la despenalización del aborto antes de la semana 12 van en retroceso y nos acercan a un Estado autoritario.
En 1999, en Baja California, Paulina, de 13 años, fue violada, se le negó la opción de abortar y no se le dio apoyo económico, sólo consejos. ¿Quién pagó los pañales o se hizo responsable de los alimentos o de la educación? Antes de tomar una postura me gustaría que se razonara sobre las siguientes preguntas: ¿si violan a tu hija o tu esposa, la obligas a tener a ese producto? ¿Si tu esposa o tu hija está entre la vida y la muerte y lo que la salvaría sería la interrupción del embarazo, la dejas morir? La decisión debe ser personal y no del Estado.
No retrocedamos como país, mejor enfoquémonos en temas trascendentales como la situación económica, el empleo, la educación, la competitividad, la salud, la cultura y la investigación.
Los gobernantes deberían enfocarse en la asignación de mayores recursos económicos para programas preventivos de salud, como los métodos anticonceptivos, la educación sobre el uso del condón, la información y prevención de VIH-sida y la píldora del día después. Y dejar las creencias y la vida personal de los gobernados fuera de su ámbito de influencia y así recobrar la esencia de un Estado laico y progresista.
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Programa de Liderazgos Progresistas de la Fundación Friedrich Ebert en México