La Jornada
20 de abril de 2010
Javier Flores
Con un pronunciamiento que no tiene precedente en su historia reciente, la Academia Nacional de Medicina de México (ANMM) fija claramente su postura frente a un tema actual en la vida pública de nuestro país, el cual ha sido motivo de uno de los debates más intensos entre los mexicanos en lo que va del presente siglo: el derecho de las mujeres a la interrupción del embarazo.
La salud reproductiva y los derechos de la mujer son los conceptos básicos sobre los que se desarrolla este pronunciamiento, lo que muestra la evolución que se ha producido en el seno de la más importante organización médica de México, que es además la más antigua agrupación mexicana de profesionales, nacida en el siglo XIX, mucho antes que cualquier sociedad científica en nuestro país.
La ANMM considera inaceptable el número de muertes maternas en México y destaca entre las causas las que se derivan de: “… la necesidad no satisfecha de anticoncepción, en particular en adolescentes y jóvenes”, y en consecuencia: “… el alto porcentaje de embarazos no planeados y no deseados”. Contrariamente a lo que sostienen algunos sectores en nuestro país, la agrupación médica llama a la instauración de políticas públicas que fortalezcan todas las medidas preventivas, “… incluyendo el acceso a la información y a la más amplia gama posible de métodos anticonceptivos”.
Adicionalmente, la ANMM considera irrefutable: “…el derecho a la libertad que tienen todas las mujeres con respecto a la autodeterminación de su salud, así como a una maternidad libremente elegida”. La Academia se pronuncia explícitamente contra “la criminalización de las mujeres que enfrentan la decisión de interrumpir un embarazo no planeado, no deseado, forzado o que atente contra su vida o su bienestar físico, mental o social”, y añade: “Obligar a las mujeres a tener un hijo no deseado vulnera su derecho a la libre procreación, establecido como garantía individual en nuestro país”.
Un lugar destacado en este pronunciamiento lo ocupa la asociación que se establece entre los problemas de salud y las condiciones socioeconómicas, como la pobreza, la marginación y el insuficiente acceso a los servicios médicos. Por eso en el pronunciamiento se afirma: “La criminalización, lejos de eliminar los abortos, sólo promueve su inseguridad, aumentando de manera desproporcionada las muertes y las complicaciones en las mujeres más pobres y más marginadas”.
Estamos, sin duda alguna, frente a un documento histórico. La mesa directiva de la ANMM, integrada por los doctores Manuel H. Ruiz de Chávez (presidente), David Kershenobich (vicepresidente), Armando Mansilla Olivares (secretario general), Javier Mancilla Ramírez (tesorero) y Pablo A. Kuri Morales (secretario adjunto), asume con gran determinación la responsabilidad que le corresponde en los tiempos que vive México, lo que enaltece a la profesión médica.
En respuesta a la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en agosto de 2008 declaró constitucionales las reformas realizadas en el Distrito Federal mediante las cuales se despenaliza el aborto realizado por decisión de las mujeres antes de las primeras 12 semanas de gestación, 17 entidades federativas modificaron sus constituciones en un tiempo récord, incorporando en ellas la “defensa de la vida” desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, en términos casi idénticos a los planteamientos del Vaticano. En algunos de estos estados de la República las mujeres que abortan son perseguidas y llevadas a prisión. Entre los argumentos esgrimidos en los congresos locales, se ocultaron siempre los de tipo religioso –motor real de las reformas– y se emplearon en su lugar otros, supuestamente de tipo médico y científico.
El pronunciamiento de la ANMM deja en claro cuál es la postura de la más prestigiada organización médica en el país y, en consecuencia, de la medicina mexicana frente al tema del aborto. La Academia de Medicina se suma así a los pronunciamientos que en el mismo sentido han realizado organizaciones como la Academia Mexicana de Ciencias.
Puede concluirse que, con el pronunciamiento de la ANMM, la criminalización del aborto –que se pretende imponer en todo el país– queda completamente al desnudo, pues se demuestra, sin lugar a dudas, que carece de sustento médico y científico, y sólo se apoya en el dogmatismo religioso.