Cambio de Michoacán
30 de noviembre de 2009
Nohemí Vargas Anaya
Hace unos días presenciábamos en algún lugar de la web al pseudo actorcillo Eduardo Verástegui (empleado de Televisa) en una fotografía que lo mostraba cabizbajo y con un rosario en la mano. El pie de foto indicaba que este señor se encontraba en Santiago de Chile orando en contra del aborto, en una especie de evento latino con tal propósito.
Pensando en la cantidad de fans que esta persona acapara (número suficiente si consideramos además los séquitos respectivos que tras de sí llevan otros empleados con imagen pública de las televisoras que se exhiben con tales comportamientos), bien podremos imaginar el efecto de las y los líderes de opinión que pueden ser capaces de influir en las decisiones de millones de mujeres en torno a sus propios cuerpos.
La foto mencionada muy probablemente fue vista por infinidad de personas, hombres y mujeres que refuerzan ideas erróneas en torno al aborto. En contraparte, poco se supo de una declaración esencial sobre el tema que en días pasados hiciera el representante en México de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH), Alberto Brunori, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Este señor, que representa la instancia internacional más importante frente a la cual los estados parte se comprometen (y el compromiso de un Estado parte no es igual que una promesa de campaña) a respetar acuerdos, dijo en aquella ocasión que en el último año se han aprobado en México reformas que pueden constituirse en “violencia estructural contra los derechos de las mujeres”, y que cualquier modificación a la legislación interna debe hacerse en consonancia con los compromisos internacionales adoptados por los estados parte.
Esto no es asunto menor, si consideramos que los congresos locales de la mitad de México no sólo se han desempeñado a espaldas de las mujeres, sino que se han pasado por el arco del triunfo a la mismísima ONU aprobando leyes apegadas a la visión católica de la especie más retrógrada que para desgracia del pueblo aún goza de enorme influencia, tanto social como política.
Bajo este contexto resulta una enorme vergüenza que nuestros gobiernos, en particular los panistas y priístas, se atrevan a evocar la memoria de una persona tan importante en nuestra historia como Benito Juárez, que defendió a capa y espada el Estado laico y acotó los enormes privilegios de la Iglesia hace años.
Si viviera, el héroe nacional caería fulminado del coraje, nada más de leer que el arzobispo de Acapulco, Felipe Aguirre Franco, admitió que la Iglesia Católica y él mismo han cabildeado con todos los partidos políticos para que no se despenalice el aborto, y que bajo la misma postura también se ha pronunciado el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont. Bueno, y a estas dos personas ¿quién les otorgó el derecho sobre el cuerpo de las mujeres?
En fin. Es una realidad que además de ellas, diversos sectores vulnerados como niñas, niños, personas con discapacidad, adultas mayores o con preferencia distinta a la heterosexual no verán un solo resultado en su vida cotidiana.
Lo que es de resaltar, sin embargo, es la postura que sinnúmero de instancias serias han adoptado a raíz de la controversia por el aborto.
“Decir que una célula es una persona resulta una barbaridad; una persona es el resultado de un genoma, pero que se desarrolla en un determinado ambiente. Será un individuo cuando su desarrollo se dé en relación con un ambiente, en una cultura, con una infinidad de factores, por lo que se puede afirmar que un genoma no es una persona”.
Esto fue expresado por la presidenta de la Academia Mexicana de la Ciencia (AMC), Rosaura Ruiz, quien además afirmó que la AMC promoverá acciones de inconstitucionalidad para impedir que se aprueben las leyes contra el aborto en el país, para evitar que sigan propagándose.
Por otro lado, en la Universidad Autónoma de Baja California Sur se abrió el debate y tanto estudiantes como catedráticos e investigadoras de renombre han hecho ver que las mujeres nos hemos convertido en rehenes de los partidos políticos:
“Los partidos tienen miedo de perder sufragios, porque las huestes religiosas les van a exigir a sus feligreses que no voten por tal o cual instituto político, debido a que son proabortistas. Están violentando la dignidad y los derechos humanos de las mujeres”.
A esto se suma que las reformas se aprueban sin considerar que con ello beneficia a las asociaciones médicas y a los hospitales que “han hecho del clandestinaje un gran negocio”, según ha manifestado la doctora en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Lorella Castorena Davis, quien añadió que estas reformas “son violencia institucional, una violencia desde esas instituciones que deberían estar defendiendo los derechos de las mujeres y no al contrario”.
Por lo que corresponde a Michoacán, el Congreso local no determina aún si otorga el “ha lugar” para la iniciativa que criminaliza a las mujeres que decidan abortar, presentada por el panista Francisco Morelos Borja.
¿Cómo es posible ignorar hasta tal punto los derechos de las mujeres reconocidos por nuestro Estado nación y por organismos internacionales? ¿No debería darse un “no ha lugar” inmediato, tajante y automático a tal iniciativa? ¿Es acaso que en Michoacán se encuentra en duda si “ha lugar” para los derechos de las mujeres? Señoras y señores: no es opcional.