La Jornada
286 de septiembre de 2006
José Galán
Deberá tener presencia reguladora en las actividades que desarrolla la IP, sugieren
Instan a impulsar la creación de más instituciones de educación superior ante la demanda de la población El proyecto deja de lado las disciplinas básicas, sociales y las humanidades
El Foro Consultivo en Ciencia y Tecnología propondrá a Felipe Calderón y sus asesores la constitución de una secretaría de ciencias, tecnología e innovación, que oriente una política de Estado para el sector que, también, deberá ser empujada por el próximo Ejecutivo federal y plasmada en la Constitución.
La idea ya había circulado entre la comunidad científica, particularmente impulsada desde la Subsecretaría de Educación Superior de la SEP, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y el propio foro. Esta secretaría -de acuerdo con el tercer borrador de propuestas, resultado de la discusión al interior de la comunidad científica- deberá integrar en su presupuesto todas aquellas acciones de investigación científica y tecnológica que realiza el sector público, tanto centralizado como paraestatal, tener una presencia más determinante y reguladora sobre las acciones que el sector privado lleva a cabo en la materia y fortalecer la rectoría intergubernamental de esta instancia.
Sin embargo, el documento, como los anteriores, deja de lado la necesidad de sustentar cualquier desarrollo en la ciencia básica, y no hace mención de la investigación en ciencias sociales y humanidades. Titulado Ciencia, Tecnología e Innovación en México: Hacia una Política de Estado. Elementos para el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa de Gobierno 2006-2012, y fechado en septiembre de 2006, este proyecto surge -señala el foro en el prólogo- de diversos documentos, elaborados por fuentes tan disímbolas como el Banco Mundial, la OCDE, la Academia Mexicana de Ciencias, el Centro de Investigación y Docencia Económicas, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), y el propio Conacyt.
El foro subraya que se trata de un documento «de consenso», para establecer una política de Estado hacia la ciencia, la investigación y el desarrollo, y que «es sorprendente el grado de acuerdo alcanzado». Se divide en tres grandes rubros: problemática y retos, principios rectores que orientan la política de ciencia y tecnología y, por último, nueve objetivos estratégicos y líneas de acción «para avanzar hacia la sociedad del conocimiento».
Desde un principio, reconoce que los grandes problemas económicos y sociales de México se asocian con un bienestar social altamente insatisfactorio, debido a la pronunciada inequidad y a los elevados porcentajes de población en situación de pobreza, y con la disminución del ritmo de crecimiento y de la competitividad de la economía, y que la política actual en ciencia y tecnología no ha logrado todavía incidir en los niveles de competitividad nacional. En los años recientes, México ha experimentado una caída en sus niveles de competitividad nacional al pasar del lugar 33 que ocupaba en el año 2000, al 56 en 2005 en la clasificación mundial de competitividad.
Advertencia sobre el empleo
Advierte que, en materia de empleo, en los dos próximos lustros exigirán trabajo más de un millón doscientos mil mexicanos, en promedio, por año. En consecuencia, se estima que la población económicamente activa, que actualmente representa alrededor de 42.2 millones de trabajadores, ascenderá a 55 millones en 2010 y a 64 millones en 2020, y que el país necesita un esfuerzo sustancial para ampliar la cobertura de las instituciones de educación superior (IES) para aumentar el acceso de jóvenes, ya que en la actualidad sólo dos de cada 10 de entre 19 y 24 años alcanzan este nivel. Este problema se incrementará por la demanda creciente de empleo de los jóvenes y por los niveles de eficiencia terminal en la educación media superior.
Luego de un repaso sobre la situación actual, características y perspectivas, así como la enumeración de varias propuestas, incluyendo la creación del Sistema Nacional de Innovación, el documento subraya la necesidad de crear una secretaría coordinadora del sector, «con la capacidad de orientar efectivamente la política, otorgándole las facultades y los recursos que le permitan establecer los marcos de referencia, la regulación estratégica y los incentivos respecto de las acciones de los diferentes agentes participantes».
Deberá integrar en su presupuesto todas aquellas acciones de investigación científica y tecnológica que realiza el sector público tanto centralizado como paraestatal; tener presencia determinante y reguladora sobre las acciones que el sector privado lleva a cabo en la materia, y fortalecer la rectoría intergubernamental de esta instancia.
Pero, además, la dependencia asumiría la responsabilidad de la conducción de la educación superior. Con ello se creará un nuevo sector que agrupe la educación superior con la ciencia y tecnología, robusteciendo el papel de la Secretaría de Educación Pública en la conducción de la educación prescolar, básica y secundaria.