El Financiero en línea
3 de mayo de 2010
Redacción
En cinco años, más de cuatro mil niñas hospitalizadas: Schiavon.
El reto, promover la anticoncepción, señala.
Adolescentes enfrentan más riesgo de muerte materna.
Tras destacar que entre 2000 y 2005, más de cuatro mil niñas de entre diez y 14 años fueron hospitalizadas por abortos en México, la investigadora Rafaela Schiavon Ermani, directora general de la organización International Projects Assistance Services-México, aseguró que las leyes que criminalizan el aborto no eliminan el fenómeno, sino que lo hacen más inseguro.
Al participar en el «Seminario La Mujer y el Desarrollo Social. Roles de Género en el Espacio Latinoamericano», que organizó la Academia Mexicana de las Ciencias, la especialista resaltó que mientras persista la necesidad no satisfecha en anticoncepción, las fallas anticonceptivas, las relaciones sexuales no protegidas y las forzadas, persistirá la necesidad de recurrir al aborto para decidir sobre una maternidad elegida.
Ante este panorama, dijo, el reto está en promover entre los adolescentes la anticoncepción. Y es que en los grupos vulnerables como mujeres casadas, adolescentes, indígenas, con baja escolaridad o que residen en comunidades rurales, entre una de cada tres y una de cada cinco, no conoce, no usa o no tiene acceso real a métodos anticonceptivos, a pesar de no desear un embarazo.
Aunque la especialista reconoció que se ha observado un aumento del uso del condón entre los adolescentes, dijo que «las aspiraciones reproductivas reducidas aún no se alinean con un uso adecuado de los métodos anticonceptivos».
Durante el seminario se evidenció la necesidad de crear políticas públicas, marcos institucionales y jurídicos, que incluyan perspectivas de género y eliminen las desigualdades para aumentar el bienestar de las mujeres.
Al hablar sobre el tema de la mortalidad materna (donde Chiapas ocupa el segundo lugar nacional, especialmente la población adolescente que enfrenta 65 por ciento más riesgo), Isabel Aguilera de Sabines, presidenta del DIF de ese estado, insistió en que antes de proponer políticas públicas es fundamental conocer la realidad de las mujeres en contextos específicos.
En este sentido, planteó el problema de la falta de aceptación de la prueba de Papanicolaou para detectar el cáncer cérvico-uterino, porque es una realidad que un número considerable de mujeres chiapanecas debe solicitar el permiso de sus maridos para realizarse el diagnóstico, petición que constantemente es negada.
Por otra parte, se refirió a los programas dirigidos a lograr el bienestar de los grupos de mujeres más vulnerables, con esta perspectiva local, donde destacó el entrenamiento de parteras chiapanecas, proyecto que ha impactado positivamente en la disminución de la mortalidad materno-infantil en esta entidad.