Reforma
21 de agosto de 2005
Octavio Paredes López y Rafael Loyola Díaz
El gobierno federal no ha mostrado interés por el desarrollo del conocimiento. Es más, Vicente Fox ha dejado a la comunidad científica del país sin una política viable y sin incentivos, le recriminan
Desde los inicios de la actual administración pública federal mexicana, en reiteradas ocasiones y provenientes de diversos frentes se han escuchado dudas, críticas, protestas y rechazos a la política en curso para la investigación y el desarrollo tecnológico.
Sin ánimo de hacer un recuento pormenorizado recordemos algunos de los señalamientos más frecuentes: a) inexistencia de una concepción y de una estrategia clara para la ciencia y el desarrollo tecnológico; b) visión unívoca y limitada en la materia, consistente en asumir el desarrollo tecnológico y la investigación aplicada como los únicos objetivos a perseguir, y en una manifiesta incomprensión del conocimiento y de la cultura científica que ha estado en el fondo de cotidianos desencuentros entre los responsables del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y la comunidad académica; desdén hacia las ciencias sociales y las humanidades y desarticulación o cancelación de programas que habían sido significativos para un sector que se encontraba en plena expansión y consolidación. Además, se dice que desde el Conacyt se ha fomentado la crítica sobre los científicos consistente en que únicamente se preocupan por sus papers y su currículum, desinteresados de la problemática nacional que requiere de sus servicios y opuestos a la innovación y el desarrollo tecnológico. Esta mirada ha estado en el trasfondo de frecuentes expresiones que se han articulado bajo la idea de que, con la llegada de los ingenieros a la cabeza del Conacyt, se instalaba por fin el reinado de los tecnólogos.
Adicionalmente, en la comunidad académica se han expresado otras críticas como las siguientes: ausencia de una política y falta de interés para el modelo de centros públicos de investigación; la inexistencia de una política para favorecer la formación especializada con niveles internacionales; el desinterés en el fortalecimiento y renovación de las plantas de investigación a la par de acciones limitadas para recuperar a los mexicanos recién doctorados en programas de calidad de México y el extranjero -recordemos la célebre frase de un alto funcionario del consejo de que los jóvenes investigadores expatriados eran algunos de los mejores embajadores de México; y la carencia de políticas de incorporación, fomento y reconocimiento a jóvenes investigadores. Finalmente, se agrega otro cuestionamiento, mismo que en las últimas semanas parece cobrar relevancia, consistente en una aparente desarticulación, desconcierto y falta de profesionalismo en materia de cooperación internacional por parte de los responsables del ramo.
En apego a una exigencia metodológica estamos obligados a confrontar tales cuestionamientos con los resultados alcanzados en el renglón por la cabeza de sector del gobierno mexicano, el Conacyt; no obstante, lo que resalta de inmediato es información incompleta o inexistente y ausencia de datos sobre algunas de las metas comprometidas por el gobierno del presidente Fox en el Programa Especial de Ciencia y Tecnología (PECyT).
Por otra parte, si se consultan algunos informes dados a conocer por el Conacyt y la versión más reciente de su Informe General del Estado de la Ciencia y la Tecnología 2004,1 pareciera que las críticas y reclamos no solamente tienen fundamento sino que, además, el descontento de la comunidad de investigadores se confirma en los resultados de la encuesta que la Academia Mexicana de Ciencias (AMC) recientemente aplicó a los miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI),2 miembros que de alguna manera son privilegiados y representan la élite de la ciencia y tecnología (CyT) y de las humanidades del país.
Como atinadamente señaló la doctora Mari Carmen Serra Puche, coordinadora de humanidades de la UNAM, de poco más de 40 indicadores establecidos en el PECyT solamente se reportan metas cumplidas, o en posibilidades de ser alcanzadas, en no más de 10 puntos, entre los que destacan la adecuación normativa, la proporción de recursos destinados a los estados, el número de convenios de cooperación científica y los incentivos fiscales para las empresas. En el resto de indicadores se reportan avances muy lejanos a las metas propuestas o simplemente la información no se da, como es el caso de los alcances en la integración del presupuesto de ciencia y tecnología (CyT); en el rubro de plazas nuevas para investigadores, en la creación de nuevos centros de investigación, en la captación de recursos de cooperación internacional, en la formación de tecnólogos con posgrado o en la información sobre las empresas que inviertan en I+D sistemáticamente.
La encuesta aplicada por la Academia Mexicana de Ciencias (AMC) a los miembros del SNI se planteó el objetivo de pulsar su sentir sobre el rumbo, operación y resultados de los actuales programas de gobierno destinados a la CyT. Para el mejor cumplimiento de este propósito se establecieron varios imperativos que debían ser observados, a saber: que el cuestionario fuera equilibrado y con el profesionalismo necesario para que se detectara con la mayor objetividad el sentir de uno de los segmentos más significativos de la comunidad científica y tecnológica; que se aplicara de forma tal que garantizara imparcialidad de los resultados; que se asegurara el mayor número posible de encuestados y se afirmara el anonimato de los mismos. Este último punto preocupó particularmente, puesto que era la primera ocasión en la que se aplicaba en México una encuesta en línea.
Para cumplir los objetivos propuestos se integró un comité académico de alto nivel, pluridisciplinario e interinstitucional, para la formulación de las preguntas base; se invitó a participar a una empresa privada reconocida en el medio por su autoridad en consultas de opinión, BGC Beltrán y Asociados, para afinar y precisar las preguntas, organizarlas en un cuestionario y realizar una primera interpretación de resultados; además, se incorporó a la Dirección General de Servicios de Cómputo Académico para la programación del cuestionario y la aplicación en su servidor, y a la coordinación de humanidades de la UNAM para la dirección del proyecto.
En el entendido de que la riqueza de la encuesta y la amplia base de datos que se almacenó dará lugar a una serie de reflexiones, discusiones, análisis y a la formulación de interrogantes no contempladas inicialmente, por el momento interesa hacer hincapié en algunos puntos.
En primer lugar, llama la atención la enorme cantidad de respuestas recibidas y la composición de las mismas. De 10 mil 990 miembros del SNI que en ese momento se contabilizaban, respondieron 4 mil 262 que representan el 39 por ciento; este dato es por sí mismo un logro, puesto que las mejores estimaciones iniciales no rebasaban una respuesta de más del 10 por ciento, además de que por mucho sobrepasaban una muestra que hubiera requerido de mil 500 cuestionarios contestados; llevando las cosas un poco al extremo, se podría decir que, por la cantidad de respuestas, más que encuesta pareciera que se aplicó un censo a los miembros del SNI.
Asimismo, la composición de las respuestas coincide, con variaciones menores, con la del universo de los miembros del SNI; el 70 por ciento son hombres y en la encuesta respondió el 69 por ciento; 16 por ciento tienen nivel de candidato, 57 por ciento son nivel I, el 19 por ciento nivel II y el 8 por ciento nivel III, en tanto que los porcentajes de la encuesta son 18, 57, 18 y 7 por ciento, respectivamente; del Distrito Federal son 49 por ciento y del resto del país 32 por ciento, en tanto que en la encuesta respondieron el 43 y 38 por ciento, respectivamente; lo mismo se observa en la clasificación por área del conocimiento. Todavía más, ante la posibilidad de que no se tuviera una respuesta significativa se había seleccionado una muestra de mil 500, misma que fue contestada por cerca de 800 investigadores, observándose una composición similar en la respuesta.
Por tales razones se puede afirmar que los resultados son altamente confiables.
En segundo lugar el consenso de las respuestas coincide con los cuestionamientos que se han hecho al Conacyt en distintos momentos y desde distintos actores y organismos sociales, y con los magros resultados en el cumplimiento de metas del mismo consejo. En esta circunstancia, destaca la abrumadora coincidencia en términos de la falta de una estrategia pública pertinente para el sector y en la decisión inadecuada para la distribución de los fondos (ver cuadro); por lo mismo, es de destacar que los investigadores ponen en primer lugar la falta de recursos económicos, pero también piensan que el problema no solamente reside ahí sino en una distribución inadecuada de los mismos, situación que resulta paradójica ante la práctica triplicación del presupuesto del Conacyt en los últimos años -en el 2000 el presupuesto fue de 2 mil 572 millones de pesos y para el ejercicio del año 2005 el asignado es de más de 8 mil 200 millones de pesos.
De manera parecida, solamente el 9 por ciento de los encuestados considera que la actual política no ha roto la relación entre conocimiento y su aplicación, mientras que un aplastante 83 por ciento estima que esa relación está desdibujada por los actuales responsables de la política científica (ver gráfico).
Para el caso, también convendría hacer una evaluación del uso de los fondos públicos y de los estímulos fiscales otorgados por el Conacyt a las empresas, puesto que existe la suspicacia de que no se han dirigido a la investigación ni a la innovación, hechos de que da cuenta, en su artículo del pasado 1o. de julio, el investigador Ricardo Tapia, en el periódico Crónica, cuando da a conocer que para el responsable de desarrollo tecnológico del propio consejo, servicios como los de resolver la humedad en el azúcar de las donas es un loable descubrimiento científico, o cuando nos enteramos de que un empresario recibe apoyos para popularizar el uso de la tarjeta de débito; sobre el particular es preciso señalar, como se hizo patente en el Segundo Seminario Regional Sobre Desarrollo de la Competitividad con Base en el Conocimiento, organizado por el Foro Consultivo Científico y Tecnológico,3 que también los empresarios distan de estar satisfechos con este tipo de política.
A esto se agregan, como bien muestra la encuesta, las percepciones mayoritarias, en algunos casos ampliamente dominantes en lo relativo a la falta de apoyos y de programas destinados a los jóvenes investigadores -el 59 por ciento piensa que se apoyan poco y el 11 por ciento piensa que nada-, la discutible pertinencia de las convocatorias de los fondos sectoriales tanto para incidir en el desarrollo del conocimiento como en la atención de problemas de interés regional o nacional, el desinterés en una agenda de investigación dirigida a atender dilemas de importancia nacional y, para concluir, el sentir respecto a la falta de transparencia en la operación de los diversos fondos del Conacyt y predominio de la discrecionalidad en la selección.
Los resultados de la encuesta también arrojan información interesante sobre la mentalidad de un segmento significativo de la comunidad de investigadores y tecnólogos, lo cual permite contrastar con las falsas nociones que les ha adjudicado el Conacyt; mencionemos algunos datos: la mitad de los encuestados estima que la responsabilidad de una política en CyT se debe compartir a partes iguales por el Estado, la comunidad científica y los empresarios; en dirección similar, el 60 por ciento considera que el financiamiento de la investigación le corresponde tanto al sector privado como al Estado; en relación a la atención que se debe dar a los rubros de CyT, los consultados establecieron una suerte de equilibrio entre la atención a la ciencia con una moderada ventaja de 37 por ciento, mientras que a la investigación aplicada le otorgan 35 y al desarrollo tecnológico el 28, situación que muestra de manera patente que los científicos no se oponen a lo que desafortunadamente se clasifica como investigación aplicada ni a la innovación, dato que se ratifica cuando se les pregunta cómo distribuirían el presupuesto del consejo (37.4 por ciento a la básica, 34.9 a la aplicada y 27.7 al desarrollo tecnológico); finalmente, esta visión se redondea con el 81 por ciento de opiniones que coinciden en la necesidad de que se apoyen por igual la ciencia básica y la aplicada.
Se hacen necesarias algunas reflexiones: 1) los resultados de la encuesta son altamente confiables y corresponden a uno de los sectores que han sido beneficiados con becas y apoyos para la investigación; o sea, de uno de los «usuarios» que mejor deberían ser atendidos por el Conacyt; 2) si la cabeza de sector del gobierno federal cuya responsabilidad es el fomento de la CyT, parece no entender la ciencia ni ha mostrado interés por el desarrollo del conocimiento, habría que preguntarse si sus responsables no están en el lugar equivocado o si el gobierno no ha podido, o no ha querido, precisar en qué dependencia se atiende esa función; y, 3) la comunidad científica no solamente ha experimentado un cambio significativo en su mentalidad, mismo que en nada coincide con el estereotipo que de ella han dado los responsables del sector, sino que además se encuentra en una situación favorable para ser partícipe de una política ambiciosa, creativa y pertinente tanto para el desarrollo disciplinario como para contribuir a la atención de los grandes retos nacionales.
En esta circunstancia, esperamos que los responsables del ramo tomen en consideración, con prudencia, tolerancia y buena fe, los resultados de la encuesta y apliquen los correctivos que se hacen urgentes para evitar mayores desgastes y rezagos; dicho de otra manera, como solía ocurrir en las guerras tribales, es de esperar una atención a las críticas y cuestionamientos en lugar de dar muerte al mensajero.
Finalmente, somos de la idea de que iniciativas como la tomada recientemente por la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados, el pasado 11 de junio, contenida en la Declaración de Cozumel, con los ajustes y enriquecimientos que todavía amerita, consistente en promover un Acuerdo Nacional por la Ciencia y la Tecnología, en coincidencia con propuestas previas de la AMC, al igual que la etiquetación de recursos en el presupuesto federal del 2006, son uno de los caminos para reencauzar la ciencia y la tecnología hacia mejores derroteros.