La Jornada
7 de mayo de 2007
Patricia Muñoz Rios
Primero un foro de expertos deberá decidir si es posible el rescate de cuerpos
El titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Javier Lozano aseguró que no se permitirá el cierre unilateral de la mina Pasta de Conchos, en Coahuila, por parte del Grupo Industrial México, hasta que un foro de expertos y científicos determine que ya no es posible continuar con el rescate de cuerpos y se establezcan las causas que provocaron el accidente, para poder deslindar las responsabilidades del mismo.
En tanto, el Sindicato de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (STMMSRM) planteó que es ilegal e inmoral que dicha empresa haya anunciado que retira el apoyo económico a las viudas y familiares de los 65 mineros muertos en la explosión de la mina y que además haya señalado que «ya no tiene ninguna obligación» de continuar dando esta ayuda, ya que fue la que cometió este homicidio industrial que enlutó a diversos hogares.
Para esta organización sindical, «Grupo Industrial México y su presidente, Germán Larrea Mota, no tienen ética ni responsabilidad social y han mostrado absoluto desprecio por la vida de sus trabajadores, y son los responsables directos de la muerte de los mineros y de dejar en el desamparo a 65 familias; además, ahora pretenden abandonar bajo los escombros 63 cuerpos bajo toneladas de carbón, porque realmente no han hecho nada para rescatarlos».
Cuestionado al respecto, el titular de la STPS declaró que aun cuando la empresa afirma que tiene dictámenes de expertos que señalan que ya no es posible continuar con el rescate de los cuerpos, la dependencia señaló que «no bastaba con estos dictamenes y que nosotros haríamos los nuestros», por lo que no se puede, por lo pronto, cerrar la mina.
Javier Lozano reiteró que tiene la instrucción presidencial de «hacer lo humana y técnicamente posible para el rescate de los cuerpos», e hizo ver que ya se firmó un acuerdo con el Foro Consultivo, Científico y Tecnológico AC -integrado por expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, la Academia Nacional de Ciencias, la Academia Mexicana de Ingeniería y otros-, que será el encargado de rendir un dictamen final.
Es decir, la decisión se va a tomar con base en información absolutamente técnica y científica, aseguró el funcionario, y añadió que no se e permitirá que nadie lucre ni política ni económicamente con el caso.
El STMMSRM, por su parte, desmintió que la empresa haya aportado un millón y medio de pesos a cada familia, ya que explicó que la mayoría de ellas ni siquiera han aceptado una indemnización por sus muertos, además de que las becas escolares son una mentira y mucho menos el pago de «miles de horas de tanatólogos y sicólogos» en apoyo a los deudos.
Por el contrario, señaló que Germán Larrea prefirió pagar al abogado Salvador Rocha Díaz 5 millones de dólares de adelanto para continuar una campaña mediática contra el secretario general del sindicato, Napoleón Gómez Urrutia, y «dar a cada viuda migajas, la mísera cantidad de 180 mil pesos por la vida de los trabajadores que fueron asesinados».
Este empresario, además, ha gastado más de 100 millones de dólares en la campaña de desprestigio contra el STMMSRM, utilizando los servicios de dos agencias de publicidad nacionales y una transnacional, pues «no ha entendido que ningún dinero será suficiente para acallar las voces de los trabajadores», por lo que en lugar de estar gastando en esto debería cumplir con la responsabilidad que tiene con las familias de los compañeros muertos en Pasta de Conchos. Al tirar el dinero, este empresario enseña su verdadera cara», señala la organización.
El sindicato también pidió castigo judicial para Larrea; se pronunció por impedir que la empresa se lave las manos y por seguir luchando por que las familias no queden en la indefensión.