Campus Milenio
04 de mayo de 2006
Alejandro Canales Sánchez
La semana anterior tomó posesión un nuevo consejo directivo en la Academia Mexicana de Ciencias (AMC) y estará en funciones durante los próximos dos años. La Academia es una de las organizaciones nacionales más importante en el área, con más de cuatro décadas de existencia (fundada en 1959, aunque en sus orígenes tenía otro nombre y otra composición), con una activa presencia y una creciente responsabilidad en la definición de las políticas científicas.
Actualmente, según las cifras de la propia AMC, sus integrantes suman casi dos millares. Una cantidad que puede parecer relativamente pequeña, sobre todo si se considera que son poco más de 30 mil las personas con nivel de posgrado desempeñándose en actividades científicas en instituciones públicas y privadas en el país, o bien, si se tiene en cuenta que son más de 11 mil los integrantes del Sistema Nacional de Investigadores. No obstante, la AMC agrupa al mayor número de científicos. Pero tal vez el volumen no es lo más relevante.
La Academia agrupa a científicos de casi todas las especialidades, pero son mayoría los de ciencias exactas y naturales. De hecho, la apertura y el reconocimiento a las ciencias sociales y a las humanidades han sido muy recientes. El cambio de nombre de Academia de la Investigación Científica, por el de Academia Mexicana de Ciencias, apenas fue hace una década, y ocurrió básicamente para darle cabida a las ciencias sociales y humanidades como campos de conocimiento e investigación científica. De cualquier forma, del total de integrantes de la AMC, casi la mitad pertenece a las ciencias exactas, otra tercera parte a las ciencias naturales y la parte restante, minoritaria, a las ciencias sociales y humanidades.
La AMC ha sido una organización destacada en la definición de las políticas científicas. A ella se debe una de las iniciativas de mayor duración e importancia de la política científica: la puesta en marcha del Sistema Nacional de Investigadores. Un sistema vigente desde1984 y que ha modificado, para bien o para mal, la práctica científica y el desempeño de los investigadores.
Al mismo tiempo, con sus altibajos, la Academia también ha sido uno de los interlocutores principales en la elaboración de los programas sectoriales. Esto es algo comprensible, no solamente porque constitucionalmente se indica que se deben recoger las aspiraciones y demandas de la sociedad en los programas de desarrollo (artículo 26), sino también porque es la asociación más numerosa y la que concentra a los científicos de mayor influencia política y académica.
Sin embargo, al igual que ocurre con otros actores y otras organizaciones académicas, a la AMC ahora le toca un nuevo papel en el diseño de las políticas científicas y también una mayor responsabilidad. En un marco donde el predominio el gobierno federal está cada vez más desdibujado y donde el legislativo ha emergido como poder independiente, pero caótico y dividido, el peso y la capacidad de los interlocutores involucrados en las políticas en cuestión se ha incrementado. Esta situación implica la posibilidad de que organizaciones, como la AMC, puedan diversificar sus intercambios, establecer nuevos acuerdos e impulsar sus propuestas con mayor fortuna. Una posibilidad en la que caben propuestas de largo plazo, técnicamente viables y basadas en un diagnóstico correcto de los problemas. Esa sería la parte de responsabilidad que les corresponde.
Al nuevo consejo directivo de la AMC le tocará el cambio de administración gubernamental, un nuevo Congreso y, sea cual sea el resultado de las elecciones federales de julio próximo, impulsar las propuestas de la organización. Ya lo está haciendo. Por un lado, el presidente saliente de la Academia, Octavio Paredes, difundió un documento dirigido a los actuales candidatos presidenciales, todavía en versión preliminar y firmado individualmente pero que, según se indica, son las propuestas de la organización. Posteriormente nos ocuparemos de examinarlo en este espacio, pero por ahora cabe suponer que la AMC ya tiene una visión definida y las ideas que podrían orientar el desarrollo del sistema científico y tecnológico. Por otro lado, los estatutos de la Academia establecen que el vicepresidente en turno ocupará el cargo de presidente en el siguiente periodo (artículo 26), de forma que se garantiza con anticipación quien será el titular en el siguiente bienio y se establece cierta continuidad en el comité directivo. (El actual presidente es Juan Pedro Laclette y la vicepresidenta es Rosaura Ruiz; en el 2008 esta última ocupará la titularidad)
En los próximos meses, con los resultados de las elecciones y las propuestas que permanezcan, veremos qué lugar se le reserva a la política científica y cuál fue y será el papel de sus organizaciones más representativas.