El Financiero en línea
22 de febrero de 2010
Rosalía Servín Magaña
En 18 estados quien decide interrumpir el embarazo se convierte en criminal.
Las penas van de cuatro meses a cinco años de prisión.
En ocho entidades se triplican si la persona tiene «mala fama».
Expertos aseguraron que las reformas aprobadas en 18 estados en relación con el aborto son retrógradas, pues convierten en criminales a las mujeres que por diversas causas deciden interrumpir su embarazo, al imponerles multas y penas que van de los cuatro meses a los cinco años de prisión.
De acuerdo con el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), en México el aborto no se considera delito en ocho circunstancias: si el embarazo es resultado de una violación, si es accidental o imprudencial, si pone en riesgo la vida de la mujer, si el producto tiene malformaciones graves, si es resultado de una inseminación no consentida y sólo en un caso (Yucatán) por cuestiones económicas y en otro (DF) si se hace dentro de las primeras 12 semanas de gestación.
Sin embargo, durante 2009 más de la mitad de los estados de la República legislaron contra el derecho de las mujeres para ejercer una maternidad libre y voluntaria, aprobando leyes que «protegen la vida desde el momento de la fecundación» y criminalizando el aborto.
Baja California, Campeche, Chiapas, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Veracruz y Yucatán son las entidades que han hecho modificaciones recientes, imponiendo castigos a las mujeres que aborten sin razón «legal». A éstas se añade Chihuahua, que lo hizo desde 1994.
De esta forma, las leyes estipulan desde penas de trabajo comunitario o medidas educativas y de salud, como es el caso de Veracruz, hasta la prisión con penas que van de los dos meses o hasta los cinco o seis años, como sucede en Baja California, Morelos y Sonora.
Regreso a la Edad Media
Eso no es todo, pues en Campeche, Jalisco, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Tamaulipas, Yucatán y Zacatecas se castiga a las mujeres con penas más altas si éstas tienen «mala fama», hayan logrado ocultar su embarazo o que éste sea fruto de una «unión ilegítima» o fuera del matrimonio. En estos casos las penas se llegan a duplicar o triplicar.
Jalisco, por ejemplo, impone de cuatro meses a un año de prisión a la madre que voluntariamente se procure el aborto o consienta que alguien se lo practique, pero si incurre en una de las faltas antes señaladas, la pena se duplica y se triplica si el agravio es en dos o más situaciones.
Nayarit, por su parte, impone de cuatro meses a un año de cárcel y una multa de hasta cinco días de salario a quien se practique un aborto, pero si falta a alguna de las circunstancias citadas, se aplica de uno a tres años de prisión y una multa de hasta 20 días de salario.
En el caso de Oaxaca, Puebla y Yucatán la pena se eleva de los seis meses a un año -que se castiga originalmente a la de uno a cinco años-, si se incurre en los argumentos que la ley cataloga como más ofensivos. Ahora toca el turno a Tlaxcala, estado que -aun cuando pensaba aprobar su reforma el jueves- mantiene detenida su iniciativa, pues se consideró necesario escuchar a los grupos que se han manifestado en favor de los derechos de las mujeres.
Para el constitucionalista Diego Valadés, «lo que estamos viviendo en el país es una nueva vertiente sectaria que no trata sobre el aborto, sino sobre convicciones religiosas».
El experto aseguró que estos argumentos, llenos de criterios y prejuicios morales que en su momento utilizó la CNDH para impugnar las reformas en el DF, son los que están siendo reproducidos en las reformas constitucionales estatales.
«Las posiciones conservadoras priorizan la protección a la vida. Dar libertad a cambio de la vida conduce a la esclavitud. Proteger la libertad es proteger la vida, pero proteger la vida no es proteger la libertad», sostuvo.
En ello coincidió Alejandro Madrigal, especialista en transplantes de células madre e inmunología y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, para quien es lamentable que en pleno siglo XXI un grupo de dirigentes religiosos y políticos usen su poder para limitar los derechos de la mujer y su libertad sobre la soberanía de su cuerpo y su planeación familiar.
«Condenar el derecho de las mujeres al control y la planeación de su vida reproductiva es un retroceso, no sólo para la ciencia, sino para la evolución humana», dijo y consideró que esta «retrógrada postura» es similar a las que condenaron a Galileo y su teoría de que la Tierra giraba alrededor del Sol, o a Darwin con su teoría de la evolución.