Angélica Enciso L.
La Jornada
Martes 15 de febrero de 2005.- Sin discusión, con vacíos, deficiencias y contradicciones, la iniciativa de la Ley de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados (OGM), se prevé, este martes será aprobada en el Senado de la República. Esto sucederá pese al rechazo de alrededor de 100 científicos, investigadores y organizaciones, los cuales, argumentan que se pone en riesgo la diversidad biológica del país, se favorece a las empresas trasnacionales productoras de transgénicos y se deja a los campesinos a merced del mercado. Los legisladores, en desconocimiento de las implicaciones y con poco interés por el tema, avalaron en comisiones un dictamen que fue elaborado por la Academia Mexicana de Ciencias (AMC), organismo que se habría aliado a las empresas trasnacionales, y que no fue discutido, según señaló Greenpeace.
El dictamen contradice el Protocolo de Cartagena porque adopta un nivel de protección inferior al establecido en ese acuerdo en cuanto al movimiento transfronterizo de OGM, indica la carta firmada por especialistas, entre los cuales están Ignacio Chapela -quien descubrió la presencia de transgénicos en los cultivos de Oaxaca-, de la Universidad de Berkeley; Elena Alvarez Buylla, del Instituto de Ecología de la UNAM; Rafael Ortega, de la Universidad de Chapingo; Antonio Serratos, del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, y Alejandro Nadal, de El Colegio de México.
El documento sostiene que el capítulo sobre centros de origen es insuficiente porque no establece un régimen de protección para esas regiones y no incorpora la conservación en el sitio como elemento clave para definir los centros de diversidad. En lugar de fijar el procedimiento para demarcar zonas en las que sí se pueda liberar los OGM, procede al revés y limita las zonas que quedarían libres de esos productos. En lo que sería el tema central de la Ley de Bioseguridad, que es la responsabilidad y reparación de daños, la iniciativa establece un mecanismo débil porque considera que sólo hay responsabilidad cuando se comete un ilícito. Así, cualquiera que manipule los productos y cause daños se podrá liberar de responsabilidad con sólo demostrar que «no hizo un uso indebido de los OGM».
Además, el régimen de protección especial para los cultivos que tienen a México como centro de origen, como en el caso del maíz, no queda definido y su determinación se deja a una reglamentación secundaria, señala la carta.
En tanto, el escritor Carlos Montemayor consideró que esta iniciativa no fomenta la investigación en bioseguridad ni protege al país, sino que entrega la nación entera a la manipulación económica y social de las trasnacionales de transgénicos.
También Aldo González, de la sierra Norte de Oaxaca, sostuvo que los legisladores mexicanos entregarán el territorio nacional a las trasnacionales para que lo invadan con semillas transgénicas, dejando a los pueblos indígenas y campesinos de autosubsistencia como pequeñas islas denominadas «centros de origen».