El Universal
10 de octubre de 2011
Laura Castellanos
politica@eluniversal.com.mx
En una sentencia sin precedente, una juez de Coatzacoalcos determinó que no hay elementos jurídicos para suponer que el detector molecular GT200 constituye una evidencia científica válida para ser considerada como prueba de descargo en un proceso penal. Esta es la historia de Ernesto Cayetano
COATZACOALCOS, Ver.— El infierno del mixe Ernesto Cayetano Aguilar comenzó el 29 de enero de 2011 durante un retén carretero en Jaltipán, Veracruz. El sol del mediodía hacía sudar a los pasajeros de un camión de segunda clase que estaba a media hora de llegar a su destino, Coatzacoalcos, cuando unos militares detuvieron el autobús para inspeccionarlo.
Un perro entrenado entró al camión y detectó en los asientos 32 y 33 lo que podría ser la evidencia de que ahí viajaba un traficante de estupefacientes.
Los soldados hicieron bajar a la veintena de pasajeros y les indicaron que formaran una fila. Un militar que portaba un mango de plástico negro con una pequeña antena móvil en la parte superior paseó con calma frente a los sospechosos, hasta que la antena del aparato comenzó a girar lentamente para detenerse justo en el momento en que apuntaba a Cayetano.
El detector molecular GT200, bautizado por los propios militares como la ouija del diablo, daba su veredicto: el indígena de 52 años, de rasgos recios y cuerpo compacto, sería a partir de entonces presunto traficante de drogas.
Lo raro es que Cayetano viajaba cuatro filas adelante del certero hallazgo canino. A los soldados les tomó cuarenta minutos desmontar con desarmadores el respaldo del asiento donde permanecía escondido un kilo de mariguana. En la inspección manual descubrieron que el mixe no llevaba desarmador ni residuo alguno de drogas. Pero no les importó.
A Cayetano lo aislaron y desnudaron. Le dijeron que el aparato lo inculpaba y sería remitido a las autoridades. Comenzó a angustiarse, se defendió en vano. Un sudor frío emanaba de su rostro. Tenía una idea de lo que podía esperarle porque sus 19 años como policía estatal comisionado en Puerto Escondido, Oaxaca, le habían dado la experiencia suficiente para imaginar lo que un ciudadano puede vivir cuando cae en manos de “la justicia”.
“¿Cómo es que me señala ese aparato? ¿Yo ni fumo y menos soy adicto a la droga!”, les dijo el cristiano devoto que viajaba rumbo a Coatzacoalcos para visitar a su hijo, quien vivía con su ex esposa desde hacía meses. El papá iba emocionado al encuentro con el adolescente porque tras una racha de rebeldía, el muchacho comenzaba a mejorar en sus calificaciones escolares.
No llegó a tiempo a su cita. La pesadilla que duraría ocho meses y cuatro días apenas comenzaba.
Los científicos alzan la voz
A partir de 2008, el gobierno federal hizo compras masivas de detectores moleculares GT200 para reforzar los instrumentos con los que enfrenta la guerra contra las drogas. Según información oficial obtenida a través de mecanismos de transparencia por el científico Andrés Tonini, México ha adquirido al menos 940 aparatos.
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) utiliza 742 de éstos, uno de los cuales señaló a Cayetano.
La Procuraduría General de la República (PGR), la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) también utilizan en operativos y cateos el detector de rastros de droga, armas y explosivos fabricado por la compañía británica Global Technical LTD.
Un sector de la comunidad científica internacional cuestionó la eficacia del aparato desde hace una década. En México, sin embargo, no fue sino hasta hace año y medio cuando desde los cubículos de algunas universidades se alzaron voces que alertaban sobre la ineficacia del mismo.
Los científicos denuncian que el GT200 no funciona con energía ni circuitos de ninguna especie. Dicen que sólo utiliza tarjetas tipo Ladatel que quedan bailando en el interior del mismo sin hacer contacto con ningún circuito eléctrico. Y han demostrado que la antena es susceptible a moverse influida por movimientos apenas perceptibles de quien lo porta.
El físico Luis Mochán, especialista en propiedades electromagnéticas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), encabeza la cruzada divulgativa contra el GT200. Él asegura en entrevista que “de acuerdo a las leyes de la electrodinámica, y de las propiedades conocidas de los materiales, el GT200 no puede funcionar como dicen sus fichas técnicas”.
El investigador y otros de sus colegas han estudiado el aparato desde hace un año. “Es una vacilada”. Y niega que pueda detectar milésimas de millonésimas de gramos de droga, armas y explosivos, a una distancia remota de hasta 5 mil metros de distancia, como presume la compañía inglesa fabricante.
A principios de 2010, el gobierno de Gran Bretaña alertó al gobierno mexicano sobre la ineficacia del aparato, explicando que ordenaron una investigación policiaca contra la empresa bajo el cargo de fraude y que ellos lo dejaron de usar en la guerra de Irak.
Mochán dice que la misma empresa vendió ese aparato en los noventa a la patrulla fronteriza de Estados Unidos para que localizara migrantes indocumentados. La comunidad científica de ese país también demostró que el detector molecular no servía.
La evidencia salvadora
El frío seco se cuela a las celdas del penal de máxima seguridad de Villa Aldama, cerca de las faldas del cerro de Perote, el más alto de Veracruz, y llega a los huesos de los prisioneros. Hay veces que la niebla se mete voluntariamente a la cárcel, creando un ambiente fantasmal. Ahí purga su condena Martín Omar Estrada, El Kilo, antiguo líder del cártel de Los Zetas en San Fernando, Tamaulipas, y presunto autor intelectual de más de 183 asesinatos.
Ahí está Margarito Méndez González, oriundo del poblado veracruzano de Juan Rodríguez Clara. Al electricista de 56 años también lo detuvieron en un retén de Jaltipán. La ouija del diablo lo señaló igual que a Cayetano. Por eso se conocieron en prisión.
La diferencia entre uno y otro es que a Margarito lo sentenciaron a 10 años de prisión por traficar un kilo de mariguana y a Cayetano le tocó una juez que reunió evidencia científica sobre la ineficacia del GT200.
Karla Macías Lovera fue nombrada Juez Decimocuarto de Distrito en Veracruz hace apenas tres meses. Es una mujer joven y espigada, de trato afectuoso, que estudió Derecho en la Universidad Panamericana de la Ciudad de México. A ella le tocó juzgar el caso de Cayetano.
Macías Lovera recurrió a las facultades que tienen los jueces para “allegarse” de información que valide las pruebas presentadas tanto por la parte acusadora como por los presuntos culpables. Se interesó especialmente en conocer los dictámenes científicos que validaran la confiabilidad del GT200, para ver si podía usarse como “prueba de cargo”.
La joven juez recurrió a la sentencia del caso Daubert vs Merrell Dow Pharmaceuticals, Inc., dictada en 1993 en la Corte Suprema de Estados Unidos, que estableció lineamientos para admitir o rechazar “medios de pruebas científicas” como evidencias en juicios. El juzgador estadounidense resolvió en aquel entonces que las pruebas de esta naturaleza sólo debían utilizarse como evidencia incriminatoria cuando eran avaladas por un amplio sector de la comunidad científica. No era el caso del GT200.
Fue entonces que Macías Lovera contactó a Mochán, quien accedió a realizar un análisis de la ficha documental de operación del GT200. El presidente de la Academia Mexicana de Ciencias, Arturo Menchaca, avaló el dictamen de Mochán, mismo que se entregó a través de notario a la juez.
El lunes 3 de octubre de 2011, Macías Lovera dictó finalmente sentencia en el caso de Ernesto Cayetano Aguilar. Lo absolvió del delito de tráfico de drogas y exigió su “inmediata libertad”. La juez argumentó en su veredicto que “no existe prueba alguna que permita a la suscrita afirmar que el aparato conocido como ‘detector molecular GT- 200’ es una prueba científica válida para ser considerada como prueba de cargo en el proceso penal”.
Macías Lovera emitió un dictamen sin precedente al establecer que el detector molecular GT200 no puede ser prueba para sentenciar a presuntos implicados en tráfico de drogas.
La juez se negó a conceder entrevista, pero su posicionamiento quedó asentado en la Sentencia Causa Penal 05/2011-IV. En dicho documento explica: “El Ministerio Público no aportó un solo dato que permita dilucidar los fundamentos científicos del resultado de la prueba, según el cual Ernesto Cayetano Aguilar tenía restos de mariguana al momento de su detención”.
EL UNIVERSAL solicitó al Instituto Federal de Defensoría Pública información sobre la cantidad de ciudadanos que están en la cárcel luego de haber sido señalados por el GT200. La respuesta del organismo fue que se necesitarían meses para que ellos o cualquier otra dependencia procesara esa información. Pero por lo pronto hay indicios de que decenas de mexicanos podrían estar corriendo la suerte de Cayetano, o la de Margarito.
En sólo tres meses, la juez Macías recibió cinco casos de personas detenidas en retenes donde se implementó el GT200: el de Margarito lo recibió de su antecesor (fue sentenciado a 10 años de prisión), el de Cayetano (absuelto por ella misma) y tres más que están en proceso.
Mochán dice que en Toluca, en Cuernavaca y en Ciudad Juárez hay otros casos que aún no reciben sentencia.
¿Y ahora qué?
La madrugada del lunes 3 de octubre Cayetano tuvo un sueño: un oficial le decía que había quedado en libertad. Un sueño que tuvo en varias ocasiones. Sus compañeros de celda se reían cuando se los contaba.
En algún momento de la mañana de ese lunes los custodios lo llamaron y le dieron la noticia de su liberación. Pero incluso ese día feliz fue accidentado. Tres veces le dijeron que fue un error: le pedían que se quitara el uniforme de recluso, que se lo pusiera de nuevo. Lo tuvieron esperando nueve horas de pie, con las manos en alto sobre una pared, sin poder cambiar de posición. Lo soltaron hasta la madrugada del martes.
Sus hermanos Isaías y Alfredo, y su tío Francisco Pineda, sin tener confirmada su liberación, hicieron caso a una corazonada y viajaron más de 10 horas desde San Juan Guichicovi, Oaxaca, para recibirlo.
De regreso a su casa, Cayetano iba con un cúmulo de sentimientos. Primero tuvo que viajar a Coatzacoalcos para encontrarse brevemente con sus abogados, luego pasó a saludar a su hija en el mismo puerto, para después partir a Ramos Millán, donde su familia, su hijo y otras amistades lo esperaban con un caldo de gallina, tortillas hechas a mano y atole blanco.
“Hasta que yo pise la casa de mi familia sentiré que estoy libre”, decía, y sus rasgos recios se convirtieron en una sonrisa nerviosa. Cayetano llegó a la casa de sus padres pasadas las 23:00 horas del martes 4 de octubre.
Al descender del vehículo que lo transportó, entró a una construcción de madera con piso de tierra y varias hamacas, que hacen de camas, colgando por aquí y por allá. Su madre, una diminuta anciana vestida con una blusa bordada, le brincó a los brazos; otras mujeres se fundieron con él en un abrazo colectivo entre llanto y alegría.
“¡Gracias a Dios terminó la pesadilla!”, exclamó Cayetano y soltó el llanto. “Dios sabe que tú no tienes la culpa”, le respondió la madre.
Sin embargo la pesadilla aún no termina. La familia se endeudó considerablemente y está a punto de perder su modesto patrimonio. Cayetano aún no sabe si recuperará la plaza de policía que le dejaba 5 mil 400 pesos al mes. Además, esta semana su sentencia será turnada a un Tribunal Unitario de Villahermosa, Tabasco, en donde será ratificada o revocada. El proceso durará meses.
“Me tuvieron en la cárcel injustamente por algo que no cometí. Me lastimaron emocionalmente, espiritualmente, psicológicamente”, dice.
El paso por Villa Aldama le dejó otro tipo de pesadilla. La noche de su liberación no quiso dormir en el camión que lo transportaba. Tampoco quería conciliar el sueño la noche del encuentro familiar. “Ni quiero cerrar los ojos, me da miedo despertar allá”, dijo entre lágrimas, arropado por un rehilete de brazos femeninos.