WRadio
30 de abril de 2010
Notimex
México.- La presidenta de la Academia Mexicana de la Ciencia y la Tecnología, Rosaura Ruiz Gutiérrez, pidió al gobernador Juan José Sabines Guerrero, vetar la ‘ley antiaborto’ que creó el Congreso estatal.
El 18 de diciembre de 2009, los 40 diputados locales del PRI, PAN, PRD, PT, Convergencia, Verde Ecologista y Nueva Alianza aprobaron por unanimidad la ley que impide la interrupción del embarazo; sin embargo, no ha sido publicada en el Diario Oficial del Gobierno del Estado.
‘Por ello, como representante de la comunidad científica agrupada en la Academia Mexicana de Ciencias, encabezada por sus ex presidentes y presidenta actual, solicitamos que no se aplique, que se revisen y sobre todo, se garantice la defensa de la laicidad’, expuso.
En el marco del ‘Seminario: La Mujer y el Desarrollo Social, roles género en el espacio latinoamericano’, en la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), señaló que las reformas fueron instrumentadas de manera concertada con inspiración expresa de líderes religiosos.
‘La separación estricta del Estado y la Iglesia, de la ciencia y la religión, están amenazadas con este tipo de leyes, por eso, le solicito gobernador que ejerza su derecho de veto y no permita que sea publicada, que se discuta nuevamente’, agregó.
No se pueden afectar, dijo, los derechos de las mujeres de esta manera, además, sería un retroceso de 150 años en este país al permitir que líderes religiosos con base en ideas religiosas y creencias muy respetables, no en conocimiento científico, humanístico y tecnológico.
La investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se pronunció contra las leyes antiaborto aprobadas en 17 entidades federativas, pues ‘son una faceta de la sociedad patriarcal inequitativa en la que vivimos’.
No se puede legislar en los inicios de la segunda década del siglo XXI con base en criterios ajenos a la razón, sustentados en creencias religiosas, con ello se condena a nuestro país a seguir rezagándose respecto al contexto mundial, sostuvo.
Esas leyes atentan, afirmó, contra el derecho de la mujer de decidir sobre su propio cuerpo, su vida y obstaculizan además la investigación científica en temas de probada pertinencia para el avance en los problemas de salud humana, como las células madres embrionarias.
El efecto inmediato e inaceptable de esas reformas consiste en penalizar el aborto, al definir de manera equívoca el concepto de persona a un conjunto de células, al darles derechos humanos, convierte contra toda lógica en delincuentes a las mujeres que toman la decisión de interrumpir un embarazo por razones respetables, estableció.
También atentan contra su legítimo derecho a decidir sobre cuestiones que atañen a cuestiones de su propio ser y a su dignidad personal, por el contrario, hay que empoderarlas, garantizarles las competencias en espacios públicos, igualdad de oportunidades, de educación y salud, abundó.