La Jornada Jalisco
7 de diciembre de 2009
Jaime Arias Amaral
EL correo ilustrado
Señor Director: Con la modificación llevada a cabo por nuestros “representantes populares” al artículo 4 de nuestra Constitución local, donde se reconoce, protege y garantiza el derecho a la vida de todo ser humano desde la fecundación y entra bajo la protección de la ley, no sólo vulnera el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo (lo cual ya es grave), sino que sus alcances son mayores, como lo dice la presidenta de Academia Mexicana de las Ciencias (AMC) Rosaura Ruiz Gutiérrez, al violar el derecho de la investigación científica en el terreno médico, sobre todo en el desarrollo de células madre o troncales, las que ofrecen la posibilidad de diferenciarlas en los tipos celulares que mueren en numerosas enfermedades degenerativas, como la diabetes, el Alzheimer, el Parkinson, la esclerosis lateral amiotrófica, la esclerosis múltiple, el mal de Huntington y muchas otras, con objeto de implantarlas en el órgano dañado para sustituir a las que han degenerado y así curar o mejorar a los enfermos.
La fuente más accesible para la obtención de este tipo de células troncales embrionarias la proporcionan los cigotos que se forman por el procedimiento de reproducción asistida llamado fertilización in vitro. Fuera del cuerpo de la mujer, en un tubo de ensayo y con la nueva ley se convertiría en un delito trabajar en este campo de investigación. En México no podemos retrasarnos más; es hora de apoyar y fortalecer la investigación científica en todos los terrenos. Los beneficios para la calidad de vida de millones de seres humanos están a la vista, pero con esta ley nos estancaríamos irremediablemente. Limitar o prohibir la investigación en esta área atenta contra la libertad de investigación y contra el derecho a la salud plasmado en nuestra Carta Magna.
Esto ya tiene consecuencias según declaraciones del rector de CULagos, Roberto Castelán, quien en entrevista a dos medios locales acepta que en su centro universitario se han suspendido dos proyectos de investigación referentes a enfermedad de Alzheimer y cáncer cerebral, y lo sorprendente es la razón que aduce el funcionario: “para evitar meterse en problemas debido a la nueva ley”. Me pregunto ¿qué clase de directivos universitarios tenemos?, ¿qué nuestra máxima casa de estudios no debe ser la conciencia crítica de la realidad?, ¿qué la misión de nuestra universidad no es generar y difundir conocimiento científico y formar gente con responsabilidad social y no tomar el camino fácil de no meterse en problemas?
Aquí los directivos han faltado a esto, desde antes de la promulgación de la ley debieron fomentar el debate y participación de los cuerpos académicos y pronunciarse al respecto, además de tomar medidas para evitar su aplicación como recurrir al amparo como lo dice la presidenta de la AMC, hacer efectivo el lema de muestra institución “Piensa y trabaja”, pero difícil pedir lo primero, sí trabajan pero sólo para seguir las indicaciones del monarca y conservar sus puestos y privilegios. Esto también viene a cuestionar el tipo de profesionales que forma la universidad. Dónde está el compromiso de cambio de los investigadores de ciencias de la salud que son afectados por esta ley, no han expresado su punto de vista, de la misma forma los colegios médicos han sido omisos al respecto.
Es responsabilidad de todos y todas evitar que las fuerzas oscurantistas que siguen promoviendo estas leyes en nuestro estado sigan avanzado y regresemos a etapas que creíamos superadas, debemos convertir a nuestra universidad en un ente de cambio de la sociedad y no cómplice de los enemigos de la educación laica.