Academia Mexicana de Ciencias
Boletín AMC/010/18
México, D.F., 15 de enero de 2018

• La revisión y estudio propuestos incluyen los diferentes programas de los gobiernos federal y locales, empezando por los de carácter social, para después tener contacto con instituciones públicas con el objetivo de hacer las modificaciones necesarias a nivel legislación y de regulación, y con ello lograr impactos en beneficio de la sociedad.

Estimar cómo las decisiones de los consumidores, empresas y bancos comerciales se ven afectadas en el corto y largo plazo ante las modificaciones en las políticas fiscal y monetaria es relevante por los efectos que pueden tener en la calidad de vida de la población, señala la investigadora Abigail Rodríguez Nava, de la UAM-Xochimilco.
Imagen: tomada de observatoriopoliticasocial.org.
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Una de las líneas de investigación de Abigail Rodríguez Nava, de la Universidad Autónoma Metropolitana–Unidad Xochimilco, es estudiar los impactos de las políticas fiscal y monetaria en las decisiones de los agentes económicos: consumidores, empresas y bancos comerciales. Para ello, modela en condiciones de riesgo e incertidumbre la elección de cada uno de estos agentes respecto al consumo, la producción, el empleo, la inversión, el ahorro o el crédito.

El análisis para estimar cómo las decisiones de los agentes económicos se ven afectadas en el corto y largo plazo ante las modificaciones en las políticas fiscal y monetaria es relevante por los efectos que pueden tener en la calidad de vida de la población. Por ejemplo, una modificación de la tasa de interés de base por parte de la autoridad monetaria trae consecuencias sobre la oferta de crédito de la banca comercial, pero también sobre la decisión de inversión, producción y generación de empleos de las empresas, así como en la capacidad de ahorro de los hogares.

O bien, un estímulo fiscal puede incentivar la actividad productiva y el incremento del empleo, así como generar mayor recaudación tributaria y en consecuencia será posible mejorar la distribución del ingreso público, explicó Rodríguez Nava, doctora en Ciencias Sociales por la UAM y en Ciencias Financieras por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM).

Para simular cómo deciden los agentes económicos Abigail Rodríguez utiliza diferentes programas de cómputo y se basa en estadísticas oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, del Banco de México o de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, “tomamos algunas variables relevantes de la economía, como tasa de interés, precios, inflación y tipo de cambio para incorporarlas a los modelos matemáticos que empleamos y vemos si los resultados que obtenemos se adaptan a la realidad de la economía mexicana”.

Otra de las líneas de investigación que desarrolla la investigadora, quien obtuvo uno de los Premios de Investigación 2017 de la Academia Mexicana de Ciencias (AMC) en el área de ciencias sociales, es el análisis de las políticas públicas, particularmente de la política económica, en cuanto a si su diseño, implementación y evaluación se construyen bajo el enfoque de derechos humanos.

Rodríguez Nava señaló en entrevista con la AMC que al analizar diferentes programas de desarrollo social del gobierno federal y de los gobiernos locales, en algunos ha detectado que sus reglas de operación no consideran particularidades ni necesidades específicas de la población a la que se dirigen. Tal es el caso del programa del gobierno federal Pensión para Adultos Mayores, que atiende a la población adulta mayor de 65 años en adelante y tiene cobertura a nivel nacional, el cual “no cuenta con una estrategia que permita asegurar el acceso al programa por igual entre hombres y mujeres”.

La científica social subrayó que todos los programas que el gobierno federal y las administraciones locales plantean y llevan a cabo deben tener el enfoque de derechos humanos, en especial porque el 10 de junio de 2011 se reformó al artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que se establece que: «En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece».

Con esta modificación se estableció que toda la administración pública y todos los programas tienen que respetar, proteger, promover y garantizar los derechos humanos. Y si partimos del enfoque de derechos humanos podemos priorizar cuáles son las necesidades básicas de la población y cuál es el contenido mínimo de los derechos que el gobierno debe cumplir.

“En el tema de la salud, por ejemplo, se debería garantizar que todas las personas tengan servicios de salud básicos, que van desde la prevención de enfermedades, la promoción de la salud, garantizar el abastecimiento de los medicamentos y vacunas, o que las instalaciones sean adecuadas para atender a las personas adultas mayores y a las personas con discapacidad”, señaló la especialista en política económica, política monetaria, finanzas públicas, economía financiera, administración de riesgos y evaluación de proyectos.

Así, la investigadora propone que desde la economía se revisen los diferentes programas de los gobiernos federal y locales, empezando por los de carácter social, para después tener contacto con instituciones públicas y se realicen las modificaciones necesarias a nivel legislación y de regulación, y con ello lograr impactos en beneficio de la sociedad.

Noemí Rodríguez González.