Academia Mexicana de Ciencias
Boletín AMC/339/13
México, D.F., 28 de septiembre de 2013

• Se requiere de la sistematización de responsabilidades y tareas de toda la sociedad para alcanzar un compromiso individual y colectivo con la reducción del riesgo, sostuvo Irasema Alcántara

Hay acciones que se podrían emprender para evitar desastres como los asociados con la reciente tormenta tropical Manuel y el huracán Ingrid.
Foto: Hollie Riebeek NASA/GSFC.
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En México, solo el 0.1% de la asignación presupuestaria nacional se emplea para la prevención o reducción del riesgo de desastre, en contraste con el 3.1% destinado a la atención, respuesta y reconstrucción. Lo anterior de acuerdo con el Informe Nacional del Progreso en la Implementación del Marco de Acción de Hyogo 2011-2013, que en nuestro país está a cargo del Sistema Nacional de Protección Civil, indicó Irasema Alcántara Ayala, investigadora del Instituto de Geografía de la UNAM.

La especialista en riesgos, vulnerabilidad y desastres habló sobre la necesidad de emprender un proceso que permita organizar y gestionar las directrices administrativas y científicas, a fin de contar con políticas que permitan mejorar las capacidades para afrontar y reducir la vulnerabilidad de la población; acciones que se podrían tomar para invertir los porcentajes señalados arriba y evitar desastres como los asociados con la reciente tormenta tropical Manuel y el huracán Ingrid.

La experta en geomorfología quien es además integrante de la Academia Mexicana de Ciencias, precisó que dicho proceso “consistiría en la concientización y sensibilización del riesgo de desastres, y la sistematización de tareas-responsabilidades de toda la sociedad para comprometernos individual y colectivamente con la reducción del riesgo”.

Entre las asignaciones que tendrían las instancias de gobierno –abundó- estarían incluir la protección civil y el manejo ambiental como una prioridad en el Plan Nacional de Desarrollo; contar con una planeación adecuada de la ubicación de los asentamientos humanos y de calidad de las viviendas; apoyo financiero para el desarrollo de los sistemas de monitoreo y vigilancia de todas las amenazas existentes y potenciales; así como medidas de tipo estructural como la construcción, mantenimiento y revisión de presas y diques para efectos de mitigación.

La academia, la ciencia y sociedad en general, por su parte, tendrían que desarrollar sistemas de monitoreo y vigilancia de todas las amenazas existentes y potenciales; crear e implementar estrategias de comunicación y sensibilización; así como desarrollar y utilizar extensiva y permanente instrumentos de divulgación y capacitación para la gestión del riesgo, agregó.

Estas acciones colectivas tendrían que considerar una planificación del uso del territorio y de sus recursos naturales, la práctica de su ordenamiento (regular los tipos de uso que se le darían) y el desarrollo de las comunidades acorde con su potencial socio-territorial particular, y no a intereses extrínsecos.

Asimismo, es necesario desarrollar las capacidades locales para que se pueda enfrentar y responder ante las amenazas naturales con efectividad. Sobre este punto, subrayó Alcántara, es importante iniciar con el análisis de fortalezas, debilidades, realidades y requerimientos de las comunidades en relación al riesgo y de sus componentes, es decir, identificar qué amenazas naturales pueden producir daño en el espacio físico y social de la población y cuál es su vulnerabilidad -en sus diferentes dimensiones: social, económica, política, cultural e institucional.

“El desarrollo de dichas capacidades implicaría, por ejemplo, contar con personal local que tuviera la capacidad de manejar y hacer funcionar sustentablemente su territorio para el desarrollo de su comunidad; así como identificar, establecer y liderar iniciativas, estrategias y programas socio-económicos con el apoyo de universidades e instituciones de educación y grupos científicos, que permitan (a la comunidad) reducir los elementos de vulnerabilidad particulares de su espacio social, así como gestionar y minimizar el riesgo presente y futuro”.

La articulación de dichas acciones y visiones con las agendas de desarrollo a nivel local, basadas en los potenciales socio-territoriales, sostuvo Alcántara, necesariamente deberá favorecer la reducción de la pobreza y garantizar un mejor entorno social.

¿Hay países en los que este proceso integral de gestión de riesgo de desastre se realice exitosamente y qué podríamos aprender de ellos?, se le preguntó a la investigadora.

“Claro que hay países donde la gestión integral de riesgo de desastres es exitosa, aunque perfectible: Cuba, Colombia, Japón son algunos ejemplos. Sería fundamental aprender y aprehender conceptos clave como organización, integración, práctica transversal, participación, articulación, desarrollo científico y tecnológico, corresponsabilidad, cultura, compromiso, autocrítica, continuidad y el de mayor trascendencia e impacto, ética”.

Alejandra Monsiváis Molina