Academia Mexicana de Ciencias
Boletín AMC/88/08
México, D. F., 8 de septiembre de 2008

• Incrementar en forma sostenida la inversión pública en ciencia y tecnología es financieramente viable: Rosaura Ruiz
• La propuesta será presentada en breve a la Cámara de Diputados
• La AMC propone incrementar, durante los próximos cuatro años, la inversión pública en este rubro a 63 mil 300 millones de pesos, a partir del ejercicio 2009
• Los países en el nivel más alto grado de desarrollo humano destinan el 2% de su PIB a este rubro; en México, ésta llega apenas al 0.30%
• En conferencia de prensa, el Consejo Directivo de la AMC propuso reorientar la política de desarrollo científico y tecnológico con una visión de Estado

La propuesta de la AMC sostiene que es financieramente viable incrementar en forma sostenida la inversión pública en ciencia y tecnología. En la foto, José Franco, Rosaura Ruiz, Patricia Talamás y Carlos Arámburo, durante la conferencia de prensa.
Foto: AMC
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Es urgente reconocer el carácter estratégico que la educación, la ciencia y la tecnología tienen para el desarrollo nacional. La experiencia mundial muestra, una y otra vez, que el progreso social con equidad y la inserción exitosa de los sectores productivos en la economía global, tienen como condición la construcción de un sistema de educación, ciencia y tecnología articulado y sólido.

En conferencia de prensa para dar a conocer la propuesta de la AMC para que el Estado mexicano cumpla, en el año 2012, con el mandato legal de destinar un presupuesto público para ciencia y tecnología equivalente al 1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), la presidenta de este organismo, Rosaura Ruiz Gutiérrez, aseguró que existen bases legales, técnicas y financieras para avanzar en esa dirección.

Acompañada por Patricia Talamás Rohana y José Franco López, secretarios del Consejo Directivo de la AMC, y por Carlos Arámburo de la Hoz, Coordinador de la Investigación Científica de la UNAM y miembro de la Academia, Ruiz Gutiérrez subrayó que ese objetivo puede lograrse mediante un compromiso del Estado mexicano, en sus tres órdenes de gobierno, y de la sociedad, para conferir la mayor prioridad política al desarrollo de las capacidades científicas y tecnológicas de la nación.

Los datos, apuntó, muestran que las naciones que históricamente han invertido más en educación y en ciencia y tecnología son aquellas que han alcanzado los mayores niveles de desarrollo humano. De manera general, los países considerados en el nivel más alto grado de desarrollo humano invierten en ciencia y tecnología recursos superiores al 2 por ciento de su PIB, indicó.

Rosaura Ruiz dio a conocer que en el caso de México, el Gasto en Investigación y Desarrollo Experimental (GIDE) respecto al PIB estimado para 2008 es de 0.53%, indicador que fue de 0.49% en 2007. Ello muestra una ligera mejoría respecto a 2005, año en que GIDE fue de sólo 0.44%

No obstante, dijo, en 2005, las naciones con mayor inversión en este rubro fueron: Finlandia (3.46%); Japón (3.17%); Suiza (2.93%); Islandia (2.83%); y Estados Unidos (2.58%) y el promedio de inversión en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) fue de 2.26%, es decir, poco más de cuatro veces la de México.

Advirtió que, de acuerdo con datos oficiales, en 2008 el GIDE en México (público y privado) equivale a 0.52% del PIB. Por su parte, el Gasto Federal en Ciencia y Tecnología (GFCyT) representa 0.37% del PIB.

Sin embargo, si se consideran las cifras ajustadas del PIB (INEGI, mayo de 2008), la proporción en ambos casos es aún menor: el GIDE es de sólo 0.43% del PIB y el GFCyT de apenas 0.30% del PIB. Dichos datos demuestran con preocupante claridad, que la ciencia y la tecnología no son una prioridad nacional, añadió la presidenta de la AMC.

Por ello, dijo resulta fundamental reorientar la política de desarrollo científico y tecnológico, con una visión de Estado, que trascienda la coyunturas sexenales, atendiendo las prioridades nacionales. Para darle sustento, propuso a nombre de la Academia Mexicana de Ciencias desarrollar una estrategia compuesta por cinco ejes, la cual será presentada en breve a la Cámara de Diputados.

El Primer Eje, apuntó, consiste en impulsar una política de ciencia, tecnología e innovación con visión de Estado, sustentada en seis principios básicos: Federalista, Participativa, Colaborativa, Corresponsable, Respetuosa de la legalidad; comprometida con la transparencia y la rendición de cuentas.

Como Segundo Eje, Ruiz Gutiérrez planteó la necesidad de consolidar los esfuerzos, es decir, los programas y acciones, realizados por las entidades y dependencias del sector público federal en ciencia y tecnología, incorporando mecanismos que aseguren la mayor racionalidad y eficiencia de las inversiones nacionales (públicas y privadas) en esta materia.

En este sentido, consideró necesario incrementar los recursos correspondientes al Ramo 38 Ciencia y Tecnología, con el fin de ampliar la cobertura de los siguientes programas que actualmente administra el CONACYT: 1) Becas de posgrado en instituciones de educación superior (IES) nacionales y extranjeras; 2) Sistema Nacional de Investigadores; 3) Fondos para investigación en ciencia básica; 4) Fondos sectoriales; 5) Fondos mixtos; 6) Programa “Última Milla”; 7) Programa “Emprendedores CONACYT-NAFIN”; 8 ) Fondo de Garantías CONACYT-NAFIN; y 9) Incorporación de científicos y tecnólogos al sector productivo.

En el Ramo 38, la AMC propuso crear tres nuevos programas: el Programa de incorporación de jóvenes investigadores a las instituciones de educación superior, centros de investigación y sector productivo; un Fondo destinado a la infraestructura necesaria para el óptimo desarrollo de las actividades científicas y los avances tecnológicos que se están realizando en instituciones de educación superior y centros de investigación, así como un Fondo para impulsar el desarrollo de parques científico-tecnológicos en todo el país.

Asimismo, subrayó la importancia de incrementar los recursos asignados a los Centros Públicos de Investigación, etiquetándolos en programas de mejoramiento de la calidad, creación de nuevos centros y nuevas sedes en zonas de alta prioridad para el desarrollo nacional, con el propósito de dar un renovado impulso a la descentralización de las actividades científicas y tecnológicas.

Por lo que toca al Programa de Estímulos Fiscales, planteó modificar las reglas de operación del programa, a fin de incentivar el desarrollo científico y tecnológico que realiza el sector privado en actividades económicas de alto impacto para la productividad y la competitividad sectorial y regional; para dar prioridad al desarrollo tecnológico y la innovación de las pequeñas y medianas empresas; para estimular la vinculación entre el sector productivo y los institutos y centros públicos de investigación; y para apoyar la formación e incorporación de posgraduados en los sectores productivos del país.

Igualmente, añadió, es necesario evaluar el impacto del programa de estímulos fiscales con base en indicadores de impacto, tales como el número de patentes solicitadas y registradas y la incorporación de posgraduados egresados de las IES nacionales, entre otros.

A su vez, el Tercer Eje, señaló la presidenta de la AMC, tiene como propósito fortalecer la investigación científica, la formación de recursos humanos de alto nivel, el desarrollo tecnológico y la innovación en temas de alta prioridad nacional. Para tal efecto, propuso incrementar el presupuesto federal para ciencia y tecnología, de manera prioritaria, en cuatro ramos: 38 Ciencia y Tecnología; 11 Educación; 12 Salud, y 18 Energía.

Toda vez que este presupuesto es ejercido por las universidades públicas y los institutos y centros públicos de investigación, consideró, es a estas instituciones a las que deben destinarse los recursos adicionales, etiquetándolos en proyectos de investigación interdisciplinarios e interinstitucionales de alta prioridad nacional, concertados entre el Gobierno Federal, los sectores sociales y productivos, las instituciones de educación superior y la comunidad científica del país.

Por lo que toca al Cuarto eje, explicó que éste consiste en impulsar la descentralización de las actividades científicas y tecnológicas, así como la federalización gradual del Gasto Público en ciencia y tecnología.

Recordó que actualmente el Gobierno Federal aporta 97.5% del gasto público en ciencia y tecnología; en tanto que los Gobiernos Estatales solamente el 2.5%.

Este eje toma como base las propuestas y acuerdos celebrados entre el Gobierno Federal y los Gobiernos estatales para renovar el marco institucional estatal en materia de ciencia, tecnología e innovación, así como la urgencia de ampliar la participación de los sectores público, privado y social a través de los Sistemas Estatales de Ciencia y Tecnología.

Finalmente, el Quinto Eje consiste en el compromiso político del Estado mexicano, en sus tres órdenes de gobierno, de conferir la mayor prioridad presupuestaria al incremento sostenido del gasto en ciencia y tecnología, aseveró Ruiz Gutiérrez.

Dicho compromiso, agregó, resulta fundamental, en tanto expresa la voluntad política de cumplir con la obligación legal de destinar, hacia el año 2012, un presupuesto para ciencia y tecnología, al menos, equivalente a 1% del PIB.

Cumplir con la ley implica incrementar durante los próximos cuatro años la inversión pública (federal y estatal) en ciencia y tecnología, en un monto del orden de 63 mil 300 millones de pesos, que significa un incremento de poco más de 15 mil 800 millones de pesos anuales (a precios constantes), a partir del ejercicio 2009.

Rosaura Ruiz enfatizó que el incremento sostenido del gasto público en ciencia y tecnología es autofinanciable. Si bien es cierto que se requiere un impulso inicial, el desarrollo de las capacidades científico-tecnológicas tiene efectos multiplicadores, casi inmediatos, que se expresan en incrementos de la productividad, la competitividad, la producción, el empleo y los ingresos, aseguró.

Finalmente, subrayó que para la Academia Mexicana de Ciencias el fortalecimiento de nuestra nación exige abrir la discusión y definición de políticas de Estado en materia científica, tecnológica y de innovación que beneficien el crecimiento y desarrollo de nuestro país.

A este respecto, José Franco destacó que mientras no se vea a la inversión en ciencia y tecnología como el motor de crecimiento de este país y no se involucre al sector productivo en el desarrollo de patentes y de infraestructura tecnológica, nuestro país no podrá superar los rezagos en estos rubros.

Destacó que los países desarrollados, como Estados Unidos y otros países europeos han invertido alrededor del tres por ciento de su Producto Interno Bruto en forma sostenida durante décadas e, incluso, algunos países africanos como Ruanda, están invirtiendo el 1.6 del PIB, cinco veces más de lo que está invirtiendo México.

Por su parte, Carlos Arámburo de la Hoz, ratificó la importancia de que todos los actores involucrados en la elaboración del presupuesto para el próximo año, tomen en cuenta la solicitud que presentó la asociación científica.

“Es muy importante que se destine una mayor inversión a los conceptos de desarrollo científico, desarrollo tecnológico e innovación, para que pueda haber una mejor vinculación y un impacto sobre el desarrollo social y económico”, afirmó.

En su intervención, Patricia Talamás Rohana, lamentó que dentro del Sistema Nacional de Investigadores apenas se supere la cantidad de 12 mil científicos, cifra que contrasta con los 105 millones de habitantes que tiene México.

Al respecto, señaló que se requiere un trabajo fuerte para incorporar nuevos investigadores a las instituciones, donde el promedio de edad está superando los 50 años o más, por lo que calificó de urgente tomar medidas para resarcir el congelamiento de nuevas plazas y nuevas contrataciones.