Academia Mexicana de Ciencias
Boletín AMC/156/16
Ciudad de México, 18 de julio de 2016
En 1981, en Juchitán de Zaragoza, surgió Radio Ayuntamiento Popular, la RAP, la primera radio indígena en Oaxaca. Hoy, entre los valles y las montañas del territorio oaxaqueño existen más de 70 radios comunitarias. Sólo tres de ellas, una en la región Mazateca y dos en los Valles Centrales cuentan con permisos (no concesiones) para operar y, sólo una, en Tlahuitoltepec, en la Sierra Mixe, logró, en julio de 2016, la transición de permisionaria a régimen de concesiones del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
Esta situación, en la que más del 90% de estas radios comunitarias en Oaxaca operan aparentemente en la ilegalidad, es de interés académico para la antropóloga social Elena Nava Morales, quien busca a través de sus investigaciones entender cómo se dan las relaciones entre los pueblos indígenas y el Estado en el contexto de la comunicación indígena, la que construyen las comunidades desde sus propias visiones y proyectos autónomos.
Como parte de trabajo posdoctoral que lleva a cabo en el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que lleva por título “Fuerzas hegemónicas y contrahegemónicas en la comunicación indígena”, Nava Morales explica que esta investigación de alguna forma representa la continuación de las preocupaciones académicas que tuvo en su doctorado, el cual estuvo enfocado a realizar una amplia etnografía de la radio comunitaria indígena zapoteca Radio Totopo, de Juchitán.
“Algo que quedó pendiente entonces y que me interesaba mucho era rastrear la relación de los comunicadores indígenas con el Estado mexicano. Un momento ideal y que fue punto de partida para el trabajo que llevo a cabo ahora fue la promulgación de la Ley Federal de Comunicaciones y Radiodifusión en julio de 2014”.
Dicha ley causó gran inquietud entre los pueblos indígenas de Oaxaca, provocando críticas desde los mismos comunicadores indígenas y las organizaciones no gubernamentales dedicadas a temas de comunicación tanto en Oaxaca como en el Distrito Federal, pues consideran que la ley es discriminatoria y vulnera el Artículo 2 constitucional, que, entre otros, garantiza a los pueblos y comunidades indígenas poder adquirir, operar y administrar medios de comunicación.
La comunicación indígena y comunitaria, dice Elena Nava, son todos aquellos medios de comunicación (radio, video, internet) que los pueblos indígenas se han apropiado para poder comunicar y ejercer su libertad de expresión. Desde 1981 se cuenta con la primera radio indígena de comunicación comunitaria con objetivos de lucha social y campesina, como la RAP de la COCEI, en Juchitán.
Junto con la creación del IFT, dedicado a administrar el espectro radioeléctrico del país, nació una nueva categoría, concesiones sociales o de uso social, que se divide en indígenas y comunitarias. Es la primera vez en la historia legislativa en la materia que se considera a la indígena como una categoría jurídica dentro del ámbito de las comunicaciones. Entonces ¿por qué se dice que es discriminatoria?, porque en opinión de la investigadora el derecho a ejercer el uso de las ondas radioeléctricas está en el discurso, pero en la práctica no existe o existe de manera incipiente.
El hecho de que la categoría de concesión indígena y comunitaria aparezca en la ley es una ganancia histórica de los mismos pueblos, reconoce Nava Morales, “y si aparece en el discurso quiere decir que poco a poco deberá llegar a la práctica”.
Desentendimiento epistemológico
Para entender cómo se dan las relaciones entre los pueblos indígenas y el Estado en el área de la comunicación indígena, se diseñó una metodología que abarca varias radios comunitarias indígenas de Oaxaca; los proyectos de estas radios (alrededor de 70) se asientan en la oralidad que los pueblos reproducen a través no de imágenes, sino a través de la palabra, indica la ganadora de una de las Becas para mujeres en las Humanidades y las Ciencias Sociales que otorga la Academia Mexicana de Ciencias, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y el Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia de la República, correspondiente al 2016.
El trabajo de campo, ya concluido, reunió una muestra de entrevistas con responsables de 15 radios de cinco regiones de Oaxaca, que tienen una línea de trabajo de servicio con su comunidad, que mantienen los principios de la comunalidad, el tequio, la reciprocidad, el respeto a los usos y costumbres, la reproducción de las fiestas, rituales. Estos proyectos resultaron ser muy variados, heterogéneos, con diferentes concepciones y capacidades económicas, de locución, producción y contenidos. Las entrevistas también se llevaron a cabo con funcionarios del IFT, con diversas ONG y algunas organizaciones civiles.
Estos tres son los actores involucrados en la comunicación indígena: los pueblos con sus proyectos radiofónicos, las instancias mediadoras que han apoyado no con recursos económicos, sino con sus conocimientos para ayudar a los pueblos indígenas con trámites burocráticos, y los agentes de gobierno, que piden a las radios comunitarias llenar una serie de formularios poco o nada comprensibles, incluso para abogados especializados, señala la investigadora.
“Sin duda existe un desentendimiento epistémico, porque los agentes de Estado y los agentes de los proyectos radiofónicos no logran comunicarse, las políticas no son claras, sensibles y acordes a las realidades del país, hay un desencuentro de entendimiento e interpretación, un desencuentro sobre cómo se concibe el mundo.”
“Y aun cuando el Estado se ha flexibilizado en algunos puntos como es la nueva categoría en la ley (concesiones sociales) y también en el aspecto lingüístico, sigue habiendo poco entendimiento. Entonces poblaciones indígenas, con otras lenguas, con otras concepciones de mundo, con otras cosmologías, ¿cómo van a poder tener acceso a esos recursos estatales?”.
Etapas del trabajo y primeros resultados
La Beca otorgada por la AMC servirá a la doctora Elena Nava para avanzar en las dos últimas etapas de su investigación, la sistematización de las entrevistas, su clasificación y la escritura del artículo. Los recursos servirán para efectuar un par de viajes con los que cerrará el trabajo de campo y para la compra de un software para el manejo de una gran cantidad de información. Por lo pronto, la antropóloga social adelantó que uno de los aspectos que más apareció en las entrevistas con las personas que dirigen y operan las radios fue la relación de estos medios con sus propias comunidades, que es lo que les da base y fuerza, el sustento para hacer radio comunitaria y no el hecho de obtener una concesión.
“Entrevisté a dos mujeres que trabajan en una radio de la Sierra Norte de Oaxaca. Ellas me aseguraron que su medio de comunicación depende de la autoridad local, si esta autoridad dice que se busque la concesión para estar respaldados, protegidos y evitar decomisos del Estado, se busca, pero si la autoridad dice no, es no, y esto se decide en asambleas comunitarias. Entonces hablamos que son sociedades indígenas regidas por usos y costumbres, hoy llamados sistemas normativos internos. Es así que deciden cuál es el rumbo que tendrá el proyecto radiofónico, esto es un ejemplo”.
La investigación tiene hasta ahora como principales resultados y que hacen referencia a la confirmación de las dos tesis planteadas en su trabajo postdoctoral: 1) que las relaciones que se tejen entre comunicadores indígenas y prácticas y discursos de Estado son claramente asimétricas, son escasos espacios de negociación donde prevalece la verticalidad del Estado y su nulo entendimiento de las realidades locales, lo cual conduce a un permanente malentendido entre las partes; y 2) la puesta en marcha de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión fomentó la efervescencia de la discusión sobre medios comunitarios en el estado de Oaxaca, propiciando una mayor cohesión en la red de comunicadores indígenas.
“Tomando como marco la teoría gramsciana de hegemonía y contrahegemonía –expone Elena Nava–, la primera correspondería al Estado, con su verticalidad e imposición, y la segunda serían las comunidades como sujetos contrahegemónicos que se posicionan desde sus propias comunidades, las cuales les dan el poder para sustentarse como proyectos contrahegemónicos, esto es una categorización desde lo teórico, pero vemos que en la práctica las relaciones de estas dos fuerzas se entretejen y eso es lo que me interesa investigar”.
Fabiola Trelles Ramírez.
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