Academia Mexicana de Ciencias
Boletín AMC/77/08
México, D. F., 7 de agosto de 2008

• En México se ha abierto una puerta para reconocer los derechos indígenas, pero todavía hay mucha retórica: Teresa Sierra
• Viven los pueblos indígenas diversas formas de discriminación y racismo: Olivia Gall

Teresa Sierra, investigadora del Ciesas, señalo que el principal derecho por el que luchan las comunidades indígenas es a la autonomía.
Foto: Cortesía. Teresa Sierra.
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A casi un año de aprobada la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, persisten altos grados de exclusión social, de marginación política, de discriminación y de pobreza, así como bajos índices de desarrollo social y humano en este sector de la población, afirmó Rodolfo Stavenhagen, profesor-investigador emérito del Colegio de México e integrante de la Academia Mexicana de Ciencias (AMC).

El también ex Relator Especial para los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), consideró que si bien tradicionalmente estos grupos han sido ignorados como entidades culturales identificadas, con características propias dentro de los conjuntos nacionales, es un avance el hecho de que ese organismo, después de 20 años de negociaciones y debates, haya adoptado la declaración sobre los derechos humanos de los pueblos indígenas.

“Aunque no sea un tratado vinculante jurídicamente, sí es una declaración vinculante política y moralmente, que obliga a los Estados miembros de la ONU a implementarla y a cumplirla, y esta es la etapa en la que actualmente estamos entrando en el mundo y, por supuesto, en México: cómo hacer que los gobiernos cumplan con estos derechos”, señaló Stavenhagen.

Destacó la importancia de la Declaración, en el sentido de que recoge las demandas y exigencias de los pueblos indígenas y especifica sus derechos a la libre determinación, sobre la tierra y los recursos, a la cultura y la educación y a sus propias formas de justicia y de resolución de conflictos.

Por primera ocasión, dijo, la ONU reconoce que hay dos niveles de derechos para que se respete a los pueblos indígenas: los derechos de los individuos que comparten con todas las demás personas, indígenas o no, y los derechos propios de los pueblos como colectividades a su cultura, a sus territorios, a sus formas de organización, así como a ser consultados y a dar su consentimiento con respecto a cualquier decisión que afecte sus bienes o su territorio.

En el marco de la celebración del Día Mundial de los Pueblos Indígenas, el 9 de agosto, Rodolfo Stavenhagen destacó la necesidad de que los gobiernos que apoyaron la Declaración de la ONU, aprueben legislaciones internas que la reconozcan, sobre todo en sus sistemas de administración de justicia, y así llevar a cabo políticas a favor de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de los pueblos y de los individuos indígenas.

En el caso de México, el ex Relator de la ONU consideró que aún falta mucho para aplicar e implementar la reforma constitucional del 2001. “Una cosa es lograr que haya una buena y efectiva legislación en el papel y otra, que esto se traduzca en prácticas efectivas de respeto a los derechos humanos”, indicó.

En este sentido, María Teresa Sierra Camacho, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social (CIESAS) y también miembro de la AMC, apuntó que hasta hace 20 años no se hablaba de los derechos de los pueblos indígenas.

A partir de entonces, dijo, “se ha abierto el reconocimiento a sus derechos, resultado de las propias demandas de las organizaciones indígenas y por el impulso mismo de la legislación en el ámbito internacional, lo que ha obligado a países con alta población indígena y con una fuerte tradición indigenista, como México, a responder con cambios legales, especialmente después de la coyuntura del V Centenario de la conquista”.

La especialista en antropología jurídica consideró un avance que el Estado mexicano haya reconocido que la nación es multicultural.

“Esto implica reconocer que los pueblos indígenas son parte integrante de la nación, lo que cuestiona la visión anterior en la que se pensaba que el Estado mexicano era mestizo, por lo que había que integrar a los indígenas, lo que significaba negar su existencia como pueblos”, dijo.

El primer reconocimiento legal, indicó, ocurrió en 1991 con la reforma al Artículo Cuarto de la Constitución Mexicana y la reforma posterior al artículo segundo en 2001, impulsada por la coyuntura del movimiento zapatista. Sin embargo esta reforma se quedó “corta” ya que enuncia derechos de libre determinación y autonomía a los pueblos indígenas que sin embargo no permite ejercer, debido a que los subordina a los designios de las legislaturas estatales convirtiendo la materia indígena en un asunto local. La reforma no avanza en la construcción de una nueva relación del Estado con los pueblos indígenas ni en la construcción de un Estado plural.

Por otra parte, México también ha firmado el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo así como la reciente Declaración Universal de los Pueblos Indígenas de la ONU, los cuales son referentes fundamentales en la lucha de los pueblos indígenas por sus derechos y contra la exclusión y la discriminación, anotó María Teresa Sierra.

De acuerdo con la integrante de la Academia Mexicana de Ciencias, el estado actual del reconocimiento de los derechos indígenas en México es limitado y tiene todavía mucho camino por recorrer. “Lo que el Estado ha realizado es abrir una puerta para reconocer estos derechos, pero todavía es muy limitada y hay mucha retórica y muchos obstáculos para desarrollar políticas adecuadas y respetuosas de la diversidad; dichas políticas deberían a su vez atacar los graves problemas de la desigualdad que atraviesan a las regiones indígenas ”.

Si comparamos a México con otros países de América Latina, que han vivido un proceso similar, que tienen una historia de colonialismo, de discriminación y exclusión, nuestra nación se ha quedado atrás en materia de reconocimiento y también de implementación de los derechos, aseveró.

El principal derecho por el que luchan los pueblos indígenas, expresó, es a la autonomía, el cual debe ir acompañado de políticas consecuentes que realmente reconozcan a los pueblos indígenas como sujetos de derecho que pueden tomar decisiones con base en su cultura y formas de organización social.

DISCRIMINACIÓN Y RACISMO

Por su parte, Olivia Gall, investigadora titular del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM (CEIICH) e integrante de la AMC, expresó que, en el contexto nacional, “se podría decir que las personas más discriminadas son todavía los indígenas, porque ellos viven diversas formas de discriminación que se engarzan unas con otras”.

Sobre las formas de discriminación que sufren los pueblos indígenas, la especialista mencionó la discriminación social y económica, la discriminación cultural, racial y de los migrantes, a las cuales se suma la discriminación de género, en el caso de las mujeres indígenas.

Indicó que una de las principales formas de discriminación que padecen los pueblos indígenas es la socioeconómica: “la mayor parte de las personas que se consideran indígenas no tienen recursos económicos, están en la franja de población mas pobre en general”, consideró.

Los pueblos indígenas, agregó, enfrentan también una discriminación cultural y explicó que “el Estado mexicano después de la revolución mexicana, decidió que su principal política cultural iba a ser el mestizaje”.

Con ello, señaló Olivia Gall, se estableció que la esencia de la mexicanidad es el mestizaje y que quienes se mantienen en el nicho cultural de los pueblos indígenas “no son mexicanos plenos, no tienen derecho a la plena categoría de ciudadanía”, aseveró.

La experta en temas de discriminación racial y étnica, habló también sobre la discriminación racial que padecen los indígenas, un tema que, de acuerdo con la investigadora, en México es tabú incluso entre académicos.

“El racismo es una manera de diferenciar a otros y ponerlos en un lugar de inferioridad bajo la creencia de que detrás de un fenotipo se esconden biologías y sangres inferiores o superiores, entonces, hoy el tema de lo racial es muy interesante porque la ciencia está demostrando que no tiene ninguna base científica”, dijo.

Añadió que aún cuando la ciencia ha demostrado que el racismo no tiene una base genética, es un hecho que los indígenas padecen discriminación racial, “hay que decir que todavía existe una no poco profunda manera de decir que los indígenas son no sólo cultural, sino biológicamente inferiores”.

Olivia Gall subrayó la importancia de que cada persona se haga consciente de que “todos somos en un cierto grado discriminadores y que en México todos hemos sido históricamente discriminadores contra los pueblos indígenas, y aunque en el discurso eso ha cambiado, en la realidad todavía no: hay 12 millones de personas que están sufriendo por eso”, concluyó.