Academia Mexicana de Ciencias
Boletín AMC/100/13
México, D.F., 18 de marzo de 2013

• Indispensable un nuevo modelo de protección social integral que permita al gobierno actuar eficaz y democráticamente para abatir la pobreza y la desigualdad que existen en las ciudades mexicanas
• Muchos de los programas actuales operan de manera ineficaz, dijo en entrevista la doctora Alicia Ziccardi

Es necesario realizar un análisis sistemático y crítico de los resultados obtenidos en los programas sociales a nivel federal, estatal y municipal, dijo la doctora Alicia Ziccardi, integrante de la Academia Mexicana de Ciencias.
Foto: Archivo AMC.
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En México existen varios programas sociales que buscan reducir la pobreza. A nivel nacional existen más de dos mil, y para el Distrito Federal (la tercera entidad con mayor número de estos planes) hay 190 programas. Para Alicia Ziccardi, directora del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad de la Universidad Nacional Autónoma de México, el inmenso número de estas iniciativas revela una gran ineficacia en su operación, además de que algunos se superponen y, en general, presentan poca relación entre los objetivos que se persiguen, el apoyo financiero que reciben y los resultados que obtienen.

La pobreza es el más grave problema que enfrenta nuestro país, y a pesar de los múltiples esfuerzos realizados para que millones de mexicanos mejoren su calidad de vida, esta cede terreno muy lentamente, aseguró la integrante de la Academia Mexicana de Ciencias durante su ponencia en el Congreso Pobreza y Desigualdad Social, celebrado en el Palacio de Minería el pasado 15 de marzo.

“Por lo tanto, considero que todos los programas sociales debieran ser profunda, sistemática y críticamente evaluados, tanto desde la perspectiva de la concepción social de la pobreza que subyace en cada uno, como desde una perspectiva operativa, con la finalidad de construir las bases de un nuevo modelo de protección social integral que permita que las instituciones gubernamentales actúen eficaz y democráticamente para abatir los elevados niveles de pobreza y desigualdad que existen en las ciudades mexicanas”.

Las fallas

Ziccardi. quién se ha dedicado a estudiar la pobreza en el ámbito urbano y ha analizado los programas sociales que de alguna manera inciden en ésta, mencionó, por ejemplo, el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, el cual tiene como objetivos la creación de capacidades y el acceso a bienes y servicios básicos.

Años atrás este programa solo operaba en el medio rural, pero cada vez más incide en las ciudades, por lo que también ha sido parte de su estudio. Su cobertura de atención por tamaño de asentamiento es de 62% en localidades rurales, 17% en localidades semiurbanas y 21% en localidades urbanas.

También habló del Programa Hábitat, el principal a nivel federal que privilegia la dimensión urbana, está destinado a la creación de infraestructura social para mejorar la situación de quienes viven en condiciones precarias, así como reconstruir el tejido social para abatir los altos niveles de inseguridad.

En el Distrito Federal, uno de los programas más relevantes es el Programa Comunitario de Mejoramiento Barrial, cuyo principal objetivo es el mejoramiento de barrios, pueblos y colonias mediante el rescate de espacios públicos degradados o la construcción donde no los haya.

Uno de los problemas que ha detectado la especialista en sus estudios, es que mientras el Programa Oportunidades casi duplicó sus recursos en el último sexenio (de 37 mil millones de pesos en 2007 a 66 mil millones en 2011), y no logró disminuir o frenar la pobreza; el programa Hábitat ha dispuesto de recursos mínimos para atender a las 360 ciudades del sistema nacional urbano (de 2 mil millones de pesos en 2007 y al máximo registrado de 3 mil 600 millones de pesos en 2011).

Más aún, “los recursos provenientes del gobierno federal deberían de ser complementados con los de los gobiernos locales, lo cual es prácticamente inexistente”, aseguró Ziccardi.

En cuanto al Programa de Mejoramiento Barrial, éste apoyó 49 proyectos en 2007 y fue en aumento cada año hasta llegar a los 213 proyectos aprobados en 2011. “A pesar del éxito que ha tenido el programa respecto a la convivencia y la vida en general de la gente, éste no ha tenido los recursos suficientes, y por el contrario, ha habido años donde los recursos han disminuido hasta la mitad”.

Lo anterior deja ver que el apoyo recibido en cada programa, no corresponde con su eficacia o con los resultados sociales que tenga, aseguró la especialista, sino con las decisiones políticas tomadas en el ámbito de representación política y ciudadana.

“No debería importar cuál es el color político del gobierno que lleva a cabo las acciones (los programas), sino que realmente sean efectivas para los objetivos que persiguen. En este sentido, creo que se debiera hacer una labor para garantizar que estén blindados a las dinámicas políticas que existen en los ámbitos de decisión de los recursos públicos”.

Pobrezas diferentes

Otro de los problemas que ha detectado la doctora en Economía es que la modalidad de pobreza con la que trabajan algunos de estos programas no es la más adecuada. Hay dos modalidades: la pobreza absoluta, que considera la carencia o precariedad de alimentación, agua, vestido o vivienda, y la pobreza relativa, la cual alude a un estándar de vida en una determinada sociedad y en un tiempo dado.

En las ciudades es más difícil que prevalezcan condiciones generalizadas de pobreza absoluta pues la metrópoli actúa como un mecanismo de integración social que, en general, asegura cierto nivel mínimo de vida ofreciendo un conjunto de bienes y servicios, de alguna manera accesibles a la mayoría de la ciudadanía, explicó Ziccardi.

Así, por ejemplo, “Oportunidades es un programa que es muy importante para el medio rural, sin embargo, el diseño del programa no responde a las necesidades que existen en las ciudades, a las condiciones de privación que viven las grandes mayorías; y cuando se traslada al medio urbano, los resultados no son tan buenos” afirmó.

Es, por lo tanto, necesario llevar a cabo un análisis sistemático y profundo de los resultados obtenidos en los programas sociales tanto a nivel federal, estatal y municipal, y desde una posición crítica y propositiva reformular los diseños y formas de implementación de las políticas y de los programas sociales del país, concluyó.

Alejandra Monsiváis Molina