Por José Narro Robles

Foto: UNAM

La Universidad Nacional Autónoma de México es una de las instituciones mayores de nuestro país. Su prestigio sobrepasa nuestras fronteras y es ampliamente reconocida por su calidad y por las aportaciones de su comunidad para el desarrollo de la sociedad.

Cuando se habla de las expresiones culturales, científicas, artísticas y tecnológicas, del pasado o el presente, resulta indispensable referirse a ella. Cuando se trata de analizar los grandes problemas del país, sea para reconocer el diagnóstico o para plantear opciones de solución, se vuelve inevitable escuchar a los integrantes de nuestra comunidad. La UNAM es entonces referente obligado de la educación superior y son millones los mexicanos que han pasado por sus aulas y muchos más quienes se han beneficiado con el trabajo de los egresados.

Por otra parte, no se puede negar que México ha transitado los últimos años por un camino lleno de obstáculos. A los problemas históricos se han sumado nuevos desafíos. El cuadro, complejo y doloroso, ha afectado a todos los grupos y sectores de la sociedad. Ninguno de ellos ha estado libre de dificultades, unos más y otros menos, pero todos han sufrido las consecuencias de esa realidad.

Cuando no ha sido la economía, ha sido la inseguridad. En ocasiones los males han venido de fuera y en otros, los causantes de nuestros quebrantos han sido los factores internos. El desempleo y la informalidad incuban los males que las próximas generaciones tendrán que afrontar. Nuestros pueblos originarios siguen en las condiciones de marginación y exclusión que invariablemente les han caracterizado. La transición demográfica se ha desaprovechado y se ha incubado una factura generacional que sufrirán por igual los adultos mayores que los jóvenes que hoy tienen menos de 20 años.

Para estos últimos, los tiempos actuales son complicados. Para muchos de ellos, la mayoría de quienes tienen entre 15 y 29 años de edad, no hay posibilidades de estudio y en ocasiones tampoco de trabajo. Los mensajes que reciben son poco alentadores y el desánimo los invade con facilidad, además de que son presa fácil de salidas inconvenientes: las adicciones y el delito entre otras. El argumento de que el mal no es sólo nuestro, debe ser todavía más preocupante y de ninguna manera la justificación de nuestra conformidad.

En lo personal me he expresado, públicamente, en muchas oportunidades al respecto. Creo entender muchos de sus reclamos y necesidades. Estoy seguro que en el país tenemos que hacer con urgencia cambios para transformar una realidad que les afecta profundamente.

Considero que las reacciones que hemos presenciado recientemente en los hechos que afectan al Colegio de Ciencias y Humanidades de nuestra Universidad pueden explicarse con muy variados argumentos, pero no deben, en modo alguno, justificar la violencia que se ha generado ni el pretendido anonimato que algunos han utilizado.

Es por ello que conviene hacer una recapitulación de los hechos. Hace sólo unos días, el primero de febrero, un grupo de alumnos del plantel Naucalpan del CCH golpearon a varios trabajadores administrativos dentro de la escuela. El director del plantel procedió, con apego a la legislación, a levantar las actas y expulsar a los seis alumnos identificados por los trabajadores como sus agresores, quienes fueron notificados de la medida disciplinaria el cinco de febrero.

Como expresión de su inconformidad y en compañía de otros alumnos originalmente no sancionados, prepararon públicamente algunos objetos incendiarios que hicieron estallar, además de prender fuego a las oficinas de la dirección del plantel y de amenazar, lesionar y poner en peligro la seguridad de los integrantes de la comunidad. De todo esto existen evidencias contundentes. Diez de los agresores fueron puestos a la disposición del Ministerio Público, frente a quien se hizo la denuncia penal correspondiente.

Por otra parte, desde hace más de un año, las autoridades del Colegio decidieron emprender la actualización del plan y los programas de estudio. Se partió de una convicción, respetar los principios educacionales que dieron origen al Colegio y que son vigentes en la actualidad. Conviene recordar que la actualización de los planes de estudio es una práctica regular de la Universidad Nacional, establecida en la legislación vigente, además de que la ocasión más reciente de su revisión en el CCH fue en 1996 por lo que toca al plan de estudios y en 2004 por lo que corresponde a los programas de las asignaturas.

A fines de enero pasado se convocó a una marcha de protesta para recordar los lamentables hechos que afectaron a la UNAM en 1999 y 2000, al igual que para expresar desacuerdos con el proceso de actualización antes referido. A las consignas y demandas derivadas de lo anterior, se sumó la exigencia de retirar las expulsiones y las denuncias formuladas por la institución y los afectados.

Frente a esta posición, la directora general del Colegio ofreció dialogar con integrantes de la marcha de protesta. La respuesta no pudo ser menos universitaria: la toma violenta de las instalaciones de la entidad y de otras dependencias universitarias, con lo que se afectó el trabajo de numerosos universitarios. Como en los otros casos, la UNAM presentó la denuncia de los hechos frente al Ministerio Público.

A pesar de la actitud asumida por los integrantes del grupo, que actuaron embozados y con violencia, las autoridades propusieron reiteradamente el diálogo para explicar y documentar las causas de las expulsiones y las denuncias y aclarar el supuesto problema con la actualización del plan de estudios.

Incluso, para evitar que se justificaran los hechos violentos a partir del ejercicio académico de actualización en curso, la máxima autoridad colegiada del CCH, el Consejo Técnico, acordó ampliar el proceso de consulta hasta el 30 de noviembre próximo, además de comprometer, una vez más, la organización de un proceso incluyente y participativo, y que la propuesta que se elabore sea puesta a la consideración de la comunidad académica del Colegio para su discusión final.

Debe quedar claramente establecido que los estudiantes del CCH tienen el derecho de expresarse con plena libertad en torno a los temas que conciernen a la actualización del plan de estudios. Si esto no se hubiera hecho así, se deberán abrir los canales necesarios para integrarlos al mismo. La participación de maestros y alumnos en la tarea es imprescindible.

La comunidad docente del Colegio ha sido históricamente un sector fundamental para nuestra Universidad, que ha dado muestras repetidas de su compromiso con la institución. Con su postura crítica y propositiva ha contribuido al desarrollo del Colegio y de la propia Universidad.

La rectoría a mi cargo ha dado muestras reiteradas de apoyo al bachillerato, en particular al CCH. Ahí están los datos que sustentan esta afirmación. La infraestructura del Colegio y su planta académica se han fortalecido notablemente en los últimos cinco años.

De esto daremos cuenta puntual en los próximos días. Por eso faltan a la verdad quienes de manera oportunista argumentan un imaginario desinterés de la autoridad universitaria en esta materia o incluso invocan supuestas asechanzas y conjuras de organismos internacionales para debilitar o hasta privatizar a nuestra institución. Con toda convicción les digo que la verdadera defensa de la educación superior pública y de nuestra casa de estudios ha corrido a cargo de la rectoría durante los últimos años.

Con base en la discusión y la organización adecuadas y con una actitud universitaria, la comunidad del Colegio siempre ha podido recrear un proyecto de bachillerato que nos llena de satisfacción. De igual manera, somos conscientes de que, ni nuestra casa de estudios ni el CCH están al margen de dinámicas que dificultan la participación de la comunidad y el debate libre e informado, al igual que el planteamiento de soluciones a los problemas.

Sin embargo, bajo ninguna consideración y en ningún caso, la violencia puede tomar parte en esos procesos. Por ello resulta indispensable distinguir entre la protesta en el terreno académico y político, que es totalmente válida, y la agresión a integrantes de la comunidad, la destrucción de instalaciones, la sustracción de bienes personales e institucionales y la puesta en riesgo de la integridad física de otros universitarios, que debe rechazarse con toda energía y sin consideración alguna.

Frente a escenarios complejos y de enorme riesgo como el que se está enfrentando, las autoridades universitarias no deben reaccionar de manera impulsiva. Por ello se ha tratado de actuar con sensibilidad y con prudencia. Por otra parte, también vale la pena reiterar que los principios universitarios son irrenunciables y nos obligan a todos, que nuestros problemas se tienen que superar a través del debate racional y la construcción de acuerdos y que en el proceso debe imperar el respeto a la universidad y los universitarios.

Nuestra casa de estudios ha sido afectada de nueva cuenta. La imagen que de ella se ha proyectado, existe, desafortunadamente es real, pero de ninguna manera corresponde a la que cotidianamente, con su trabajo, genera la mayoría de nuestros académicos, de nuestros estudiantes, de nuestros trabajadores y de nuestros egresados.

Por supuesto que muchos universitarios nos sentimos agraviados por la actitud asumida por algunos alumnos y en especial por la intervención de personas ajenas a la comunidad.

De igual manera, algunos nos sentimos afectados por la incomprensión de quienes asumen una actitud ligera y superficial, por decir lo menos, cuando expresan que un problema como este se puede resolver fácilmente con la aplicación de la fuerza. Parece que las experiencias previas les han pasado de noche.

A estos grupos les pido que reflexionen y les expreso que la rectoría a mi cargo ha actuado y actuará con firmeza pero con prudencia, con apego a la legalidad pero sin extremismos equivalentes a los realizados por el grupo violento. Queremos resolver un problema que la rectoría no creó y por supuesto que de ninguna manera deseamos agravarlo, replicarlo o multiplicarlo.

Queremos regresar a la normalidad no a las noches oscuras que han afectado a la universidad en otros tiempos. Queremos actuar en contra de la impunidad pero sin actitudes autoritarias. Queremos que la sociedad reconozca que frente a problemas como el que nos afecta, existen respuestas que van más allá del sólo uso de la fuerza, que tienen que ver con la aplicación de la autoridad moral de una comunidad orgullosa de los valores y principios que la caracterizan. Queremos demostrar que frente a los jóvenes, antes que con la fuerza, se debe actuar con la palabra y la razón.

Para la mayoría de nuestra comunidad y de la opinión pública una nota de reconocimiento por su actitud prudente y solidaria. Un grave problema se ha puesto en la vía de solución gracias a esa actitud.

En este momento complejo para nuestra institución, convoco a todos los integrantes de nuestra comunidad a permanecer unidos, a rechazar las provocaciones, a actuar con mesura y sentido universitario y a trabajar con mayor intensidad. De este trance la UNAM saldrá fortalecida. De esto no tengo duda.

El grupo que indebidamente retuvo las instalaciones debe dar muestras de compromiso universitario y comprender lo que ha sucedido. Sólo de esta forma se podrá iniciar una revisión fidedigna de lo ocurrido. Todo se puede analizar, todo se puede debatir, todo se puede resolver, menos la violencia irracional en contra de los universitarios. En esto no vamos a transigir.

¡La violencia no tiene cabida en nuestra institución!