Academia Mexicana de Ciencias
Boletín AMC/324/14
México, D.F., 15 de septiembre de 2014

• En el país la investigación en biotecnología, disciplina donde se desarrollan los cultivos mejorados genéticamente se enfrenta a un sinnúmero de trabas y reglamentaciones que le impiden llegar al mercado

El doctor Luis Herrera Estrella, investigador del Centro de Investigación y de Estudios avanzados y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias.
Foto: Arturo Orta/DGDC-UNAM/AMC.
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En México hay diversos centros de investigación como el Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad (Langebio) del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional donde se mejoran genéticamente semillas y plantas con la finalidad de que sean más eficientes para un cultivo intensivo. Sin embargo, no llegan a comercializarse.

Luis Herrera Estrella, director del Langebio, explicó que en México las leyes en la materia son muy rigurosas y es muy costoso aprobar un organismo genéticamente modificado (OGM) para que se pueda comercializar. De entrada sí se puede experimentar dentro de un laboratorio o un invernadero, pero no se permiten hacer pruebas de campo, “si no se experimenta a cielo abierto no se sabe a qué problemas se enfrenta el desarrollo tecnológico en las condiciones reales donde se cultivará porque puede que no funcione por la luz ultravioleta, la temperatura, la humedad, etc.”, destacó el especialista.

El integrante de la Academia Mexicana de Ciencias añadió “cuando se hace un descubrimiento, éste se patenta, pero se tienen que conseguir los recursos económicos para patentarlo porque las instituciones públicas no tienen dinero. Una vez que se tiene la patente hay que licenciarla para iniciar una empresa. Las autoridades mexicanas para dar el permiso piden una serie de análisis químicos y moleculares muy costosos”.

Por ejemplo, el desarrollo transgénico no debe de contener elementos antinutricionales ni alergénicos y aprobar pruebas de toxicidad. Se tienen que hacer experimentos con diversos animales como ratones, conejos, borregos, etc. Aunado a ello se debe explicar qué le pasará a los insectos, a las bacterias, a la maleza en el terreno bajo diferentes contextos.

“Para poder sacar un producto resistente a las plagas al mercado necesito sacar 100 líneas y probarlas todas. En Estados Unidos y otros países permiten probarlas y cuando funcione una, esa se analiza. En México se pide que se analicen las 100 aunque no sepas si sirven o no. Si me cuesta 3 mil dólares analizar una línea, las 100 me costarían 300 mil dólares”, agregó. No hay institución que pueda financiar esas pruebas, a menos que sea una empresa privada la que lo pague.

Temor infundado

Se ha difundido la idea de que consumir los OGM pueden causar enfermedades como el cáncer; sin embargo, no existen pruebas concluyentes que lo demuestren. Los OGM llevan 30 años en el mercado y en México no es la excepción, pese a que un juez federal en 2013 emitió una medida precautoria que ordena no otorgar permisos a transnacionales como Monsanto, Pioneer, Syngenta y Dow AgroSciences para la siembra de maíz transgénico experimental, piloto y comercial en el país, importamos éste y otros granos.

En el periodo 2013-2014 México importó 13 millones 766 mil toneladas de productos agrícolas transgénicos. De ese total, 56.7% fue maíz; también importamos tres millones 450 mil toneladas de soya, un millón 480 mil toneladas de canola y un millón 36 mil toneladas de algodón, de acuerdo con la declaración que dio para El Economista el 25 de agosto de 2014 Adriana Otero, analista del Departamento de Agricultura de Estados Unidos.

El académico mexicano Luis Herrera considera que el principal temor de la sociedad es que empresas como Monsanto monopolicen la venta de semillas genéticamente modificadas; sin embargo, “Monsanto ya monopolizó la venta de semillas tradicionales desde hace 20 años. El 90% de la semilla certificada que se utiliza en este país la venden dos empresas: Monsanto 80% y Pioneer 20%, se trata de las semillas para sembrar maíz, tomate, chile, brócoli y coliflor. Las empresas semilleras mexicanas no controlan ni el 5% del mercado”, comentó.

Ante este escenario, el investigador quien es pionero en el mundo en ingeniería genética propuso como alternativa a nuestra dependencia alimentaria de otros países que: “apoyemos los programas nacionales para que tengamos nuestras empresas productoras y distribuidoras. Si se asignara el 2% de los 44 mil millones de pesos que se destinaron este año a Proagro (que antes se llamaba Procampo), tendríamos suficiente para hacer investigación, transferencia de tecnología, desarrollar empresas semilleras y hacer programas de mejoramiento”.

Luz Olivia Badillo DGDC-UNAM/AMC